Bernardo Vega.
Nos solidarizamos con los historiadores, miembros y no miembros de la Academia Dominicana de la Historia, que han experimentado el sufrimiento de ver suprimido los premios nacionales de historia del 2016, por parte del nuevo ministro de Cultura Pedro Vergés.
La decisión del funcionario se tomó unilateralmente, sin consultar con la entidad que agrupa oficialmente a los historiadores de la República Dominicana. Sin consultas, sin reflexión sobre la pertinencia de una revisión, sin hablar siquiera con el director del Archivo General de la Nación, Roberto Cassá, el señor Vergés hizo uso de una autoridad superior para suprimir los derechos adquiridos por los estudiosos e investigadores de la historia dominicana.
La excusa que posteriormente se ha dado no resulta creíble: Que la suspensión del premio fue para cambiar las bases y mejorarlo, endosando una parte del mismo a la Academia Dominicana de la Historia.
Tampoco hubo diálogo previo con la Academia Dominicana de la Historia. Su presidenta, la doctora Mu Kien Sang Ben, reaccionó inmediatamente poniendo al ministerio de Cultura al tanto de la indignación que la sorpresiva anulación había provocado.
Si en realidad se quería cambiar las bases del premio no había que suspenderlo. Solo tenían que anunciar el cambio de las bases. Eso no afecta las historias que se han publicado, ni invisibiliza los libros que han sido editados y publicados en el 2016. Cada investigación histórica se vale por sí misma, y no requiere de las bases del concurso del Ministerio de Cultura para justificase o validarse.
La indignación de los historiadores se justifica. Y sabemos que tanto los historiadores que no están adscritos al gobierno como los que sí lo están, ya sea a través del propio Ministerio de Cultura, los del Archivo General de la Nación o los de la Comisión Nacional de Efemérides Patrias, concuerdan con la indignación, aunque alguno haya expresado su queja de que el tema alcanzara dimensión pública a través de Acento.
No reclamamos paternidad de nada, ni siquiera de la primicia informativa, porque ese concepto está sepultado por las redes sociales, como elementos esenciales de la modernidad, instantaneidad y de la transparencia.
Querer mantener entre las sábanas de los historiadores, en la intimidad, un conflicto nacional, por una decisión absurda del Ministerio de Cultura, es acuñar con legitimidad la oscuridad y la falta de transparencia. Nada de alumnos de Julian Assange, ni de hackeo ruso de las páginas de la Academia Dominicana de la Historia. Lo correcto es que la información fluya, y que esas decisiones autoritarias, salidas de los resabios trujillistas de algunos intelectuales, sean erradicadas de las instituciones públicas dominicanas.
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