De esos hechos sabemos que el Procurador General de la República ha dicho que investigará y, sabemos que las investigaciones que hace el Ministerio Pública concluyen en No ha lugar a favor de los imputados, quienes forman parte de la elite política o del empresariado nacional.
¿Cuáles funcionarios, del pasado o del presente Gobierno, fueron sobornados por Odebrecht? ¿Cuáles medidas van a tomar las autoridades para que actos tan bochornosos, como esos, no se repitan? La investigación del Procurador debe empezar respondiendo esas otras interrogantes.
El soborno a funcionarios e intermediarios de este y del pasado gobierno -por el orden de los 92 millones de dólares- no puede ser pura rutina, ni mucho menos un fragmento de un cuento de Gabriel García Márquez o de Miguel Otero Silva, sino el resultado del nivel de tolerancia que tenemos para el robo de los bienes y recursos del Estado y por la ausencia de un régimen de consecuencias que ponga frenos a los depredadores del erario.
Los dominicanos debemos de dejar de aceptar la anormalidad como normalidad; el soborno, la corrupción -pública y privada- y el chantaje de los políticos como hechos de la vida cotidiana. De refugiarnos en la impotencia, en el conformismo, en el cinismo y en la sumisión para no actuar.
Si queremos construir una sociedad de oportunidades para todos desarrollar nuestras potencialidades, debemos, entonces, articular políticas públicas donde el soborno no sea la regla ni la transparencia ni la rendición de cuentas la
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