EL AUTOR es mayor general retirado de la Policía y periodista. Reside en Santo Domingo.
Mientras exista la irresponsabilidad en los principales actores que están al frente de las diferentes instituciones de nuestro sistema de justicia, se abre el mayor estímulo y promoción a la corrupción y la impunidad, lo que pone en riesgo cada vez más nuestra débil institucionalidad democrática. Sin justicia no hay lugar para la democracia ni es posible garantizar nuestra condición constitucional de “Estado social y democrático de derecho”. Tampoco existe espacio para el respeto y protección de los derechos humanos y por ende para la calidad de vida para todos en igualdad de condiciones.
Los Estados definidos avanzados cuentan con la garantía de necesidades básicas satisfechas de la mayoría de sus habitantes; si revisamos sus historias casi en su totalidad vivieron etapas de desorden y grandes desigualdades, enormes brechas entre ricos y pobres; lo superaron en un principio, en un corto y mediano plazo, imponiendo “el imperio de la ley” y luego, a largo plazo, sustentado en la educación hasta formar parte de su cultura.
Al reflexionar sobre la naturaleza de las personas podemos darnos cuenta de que los seres humanos son iguales y libres, o sea, por ley natural la igualdad y la libertad son propia de todos; en esto coinciden tanto filósofos como juristas, de la antigüedad como del presente, la actualidad, y de acuerdo a estos estudiosos del ser humano, las personas, por lo único que cambian o ceden la igualdad y la libertad es por la seguridad. Por consiguiente, en busca de esa garantía de seguridad se justifica o surgen los Estados.
De acuerdo a Thomas Hobbes, no hay paz sin sujeción, pues los seres humanos no podrían vivir en el estado de su naturaleza a causa de la inseguridad. Y es aquí que coinciden todos en la teoría clásica del Estado, que presupone el surgimiento del mismo para garantizar la seguridad. Esto le da poder al Estado.
John Locke expresa que “el objetivo principal y más importante de las personas para unirse en sociedad y constituir el Estado, es el de vivir los unos entre los otros de manera cómoda, segura, pacífica y disfrutando de sus propiedades”.
Por su parte, Jean-Jacques Rousseau plantea: “lo que pierde el hombre a través del contrato social es su libertad e igualdad natural, trayendo consigo la libertad civil y de sus propiedades”.
El constitucionalista español Francisco Javier Pérez Royo, concluye que es coincidencia general “la seguridad es lo que justifica el Estado. Es lo único que puede explicar que los hombres abandonen el estado de naturaleza (de libertad e igualdad) y decidan constituirse políticamente. El sentido del Estado no puede ser otro que el de garantía de seguridad personal”.
Charles Louis de Secondat, Señor de la Brède y Barón de Montesquieu defiende que “la libertad política se justifica por la tranquilidad de espíritu que proviene de la opinión que cada uno tiene de su propia seguridad”.
Pérez Royo define a la Constitución como la garantía de la garantía, o sea, que la constitución es la garantía para que los Estados cumplan con garantizar la seguridad en general de las personas y sus propiedades. “Así es como nace o se afirma la constitución.”
Las constituciones son el contrato social que dan nacimiento a un Estado y es de ahí donde se desprende el estado de derecho de toda sociedad organizada; es lo que da nacimiento al ordenamiento jurídico, lo que presupone el orden y la organización social por la que debe regirse la sociedad de todo Estado o país.
Nuestro Estado y sus instituciones están en crisis, y el poder judicial garante de la Constitución y las leyes, el cual debe ser el principal soporte del equilibrio con los demás poderes, no funciona, y lo peor todo, la justicia, se ha politizado y empeñado al partido de gobierno.
Los actores que conforman este sistema son: Jueces, Fiscales y Policías; destacamos que este último, “La policía” es el brazo fuerte de la justicia, por consiguiente no podemos permitir que se siga debilitando nuestra institución policial o destruirla como muchos conspiran, sino por el contrario apoyarla y fortalecerla.
Se hace imperativo hacer un llamado a nuestro Presidente Danilo Medina, pues independientemente de mostrar preocupación y auto designarse presidente de la comisión de seguimiento al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana para que se amplíen las políticas de seguridad públicas; además se mejoren los salarios y la calidad de vida de los policías, El Presidente sigue retrasado o descuidado en sus promesas en relación al tema policial.
Por todo lo analizado concluimos que la única vía para conquistar la paz social, la seguridad de las personas y sus propiedades, lo es “el imperio de la ley”, este objetivo solo lo podemos lograr con un sistema de justicia responsable, fuerte y eficiente.
Sin un cuerpo de policía saneado, bien pagado y modernizado con las herramientas necesarias, como responsables de cumplir y hacer cumplir las leyes, en su condición de brazo fuerte de la justicia, será difícil resguardar el estado de derecho, especialmente las decisiones judiciales, haciendo régimen de consecuencias a los violadores de ley.
Dios les bendiga hoy y siempre.
JPM
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