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martes, 27 de septiembre de 2016

Trujillo, Galíndez y Letelier





Tony Raful
Los exilados Jesús de Galíndez, español vasco, y Orlando Letelier, chileno, fueron, secuestrado el primero, y asesinado el segundo, violentado las leyes federales de Estados Unidos, por dos grupos terroristas, dominicano y chileno, el 12 de marzo de 1956 y el 21 de septiembre de 1976. Galíndez fue raptado en plena ciudad de New York y luego enviado a República Dominicana, de manera ilegal, en un vuelo aéreo clandestino. En octubre del 2015, el secretario de Estado, John Kerry, entregó a la presidenta, Michelle Bachelet, una serie de documentos desclasificados sobre el atentado que le costó la vida a Letelier en Washington. Hay un memorando secreto que en 1987 redactó el secretario de Estado, George Schultz, para el presidente Ronald Reagan, donde aseguraba que la CIA consideraba que existían pruebas convincentes, de que Pinochet ordenó personalmente a su jefe de inteligencia, Manuel Contreras preparar el asesinato. Para el periodista Peter Kornbluh, el asesinato de Letelier se trató del primer acto de terrorismo internacional en la capital de Estados Unidos. El secuestro de Galíndez, fue un típico acto de terrorismo internacional ejecutado en New York, desafiando el ordenamiento legal y político de seguridad de Estados Unidos. A Letelier lo mandó a matar el dictador Augusto Pinochet en 1976. A Galíndez lo secuestró, lo sacó de Estados Unidos, vía New York-Miami-Montecristi, el dictador Rafael Trujillo. Galíndez fue parte de la decisión de Trujillo de acoger a refugiados de la guerra civil española (1936-39). En esa emigración llegó una cantidad de exilados, cuya contribución al arte, la cultura y la academia, fue notable. Cuando los vascos dieron instrucciones para que sus nacionales ingresaran a los organismos de seguridad norteamericanos, ya Galíndez lo había hecho por su cuenta desde Ciudad Trujillo.
Ni el presidente Eisenhower de Estados Unidos en 1956, ni el presidente Reagan en 1976, autorizaron, ni fueron consultados, ni dieron su aprobación al comando terrorista que asesinó a Letelier, cuya labor diplomática en Washington denunciando los crímenes de Pinochet, había logrado debilitar su influencia en territorio norteamericano. Todo esto a pesar de que el secretario de Estado, Henry Kissinger, había sido determinante en el golpe de Estado al presidente Allende en 1973.  En 1956, Trujillo contrató a varios exagentes del FBI y de la CIA, orquestando un equipo encabezado por John Joseph Frank, quien ya venía trabajando para él, desde hacía tres años, quien contó con reconocidos agentes trujillistas para la coordinación del plan de secuestrar a Galíndez.
Los Estados Unidos habían reprobado cualquier acercamiento con el dictador Franco, por su proximidad con el eje nazi fascista en la Segunda Guerra Mundial, pero las animosidades cesaron cuando en 1953, Estados Unidos obtuvo de parte de Franco, una parte del territorio español para la instalación de bases militares norteamericanas. Los vascos y los republicanos españoles perdieron la conexión y el apoyo, que hasta ese momento ofrecía el gobierno de Estados Unidos a los exilados antifranquistas. Pero Galíndez siguió colaborando con el FBI. Galíndez era profundamente anticomunista, y su papel en la guerra civil española, no lo asimila a las corrientes comunistas participantes en la misma, aunque combatía a Franco y defendía la República, que era una especie de coalición de fuerzas disímiles ideológicamente.
A la hora del secuestro de Galíndez, éste continuaba siendo informante del FBI, incluso su trabajo específico no fue interrumpido por la cercanía de Estados Unidos y Franco en 1953-54, se incrementó entre los exilados hispanos, incluso dominicanos en New York. Galíndez estuvo vinculado estrechamente a dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano de su seccional de New York. Es más, la primera denuncia formal de su desaparición, después de Stanley Ross, lo fue, la del gran luchador antitrujillista, don Nicolás Silfa. Sólo una semana antes de su secuestro, Galíndez había viajado a Washington a recibir instrucciones del Departamento de Estado. El director del FBI, John Edgar Hoover, llegó a declarar públicamente, a raíz de la desaparición de Galíndez, la probable conexión de Trujillo en el crimen, incluso envió a Ciudad Trujillo una misión de investigadores, quienes regresaron frustrados a Washington D.C. después de haber tratado infructuosamente de lograr la colaboración con el gobierno dominicano. Quienes no conocen las interioridades del poder norteamericano, ni las contradicciones que se reflejan en su seno, no pueden comprender que la desaparición de Galíndez no fue un acto o una acción aprobada por el presidente Eisenhower; no entienden cómo Galíndez, a pesar del acercamiento de Estados Unidos y España, siguió como informante del FBI. Bastaba una orientación a Galíndez de parte del FBI para atenuar sus actividades contra Franco. La tesis de que su desaparición fue el resultado de un acuerdo con Franco, no tiene registro comprobatorio. Nunca la relación norteamericana con Franco llegó a esos extremos y menos para complacer a Trujillo, y eliminar a un agente tan eficaz en los círculos de emigrantes hispanos, ni Franco se hubiese arriesgado a cooperar con esa operación al margen de una autorización del presidente Eisenhower. Trujillo burló todos los operativos de seguridad de Estados Unidos, transgredió sus fronteras. De ahí la reacción de Hoover, sostenida y persistente contra Trujillo.
Lo que sí fue cierto, es que algunos de los señalados en el secuestro fueron requeridos por las autoridades judiciales y otros sospechosos no pudieron entrar jamás a territorio norteamericano. Las causas enunciadas de su secuestro, guardan una relación impresionante con el carácter vengativo, egocéntrico del dictador dominicano a través de la eliminación de sus opositores.
Trujillo no pidió permiso para asesinar a varios dominicanos opositores en Estados Unidos, ni para matar al presidente Castillo A

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