Wendy Pinto / La Paz
La Asociación de Familias Desaparecidas en Dictadura (Asofamd) y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) advirtieron ayer que si el dictador Luis García Meza se beneficia con la libertad condicional, será un "nefasto” precedente para la justicia.
"Están creando una figura jurídica aberrante. Lo que indigna es que quieren crear un sentido de impunidad y que la justicia ha retrocedido en Bolivia al punto que ahora dictadores se van a liberar, como García Meza”, criticó Olga Flores, hermana del dirigente desaparecido Carlos Flores.
El dictador García Meza ingresó al penal de máxima seguridad de Chonchocoro el 15 de marzo 1995, luego de haber sido procesado en un juicio de responsabilidades, que comenzó en 1993, en la Corte Suprema de Justicia, en el que fue sentenciado por 30 años de cárcel sin derecho a indulto por haber cometido delitos de lesa humanidad.
El gobierno de facto de García Meza, que comenzó el 17 de julio de 1980 y expiró el 4 de agosto de 1981, hizo desaparecer a muchas personas y asesinó al diputado socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, quien impulsaba un juicio de responsabilidades contra el dictador Hugo Banzer Suárez. Además, fue responsable de la masacre de la calle Harrington.
La semana pasada, la defensa del dictador explicó que se acogieron a la Ley 2298 de Ejecución Penal y Supervisión y que tramitan una acción de libertad a su favor, debido a su deteriorado estado de salud y que si cumplen esos papeleos García Meza se beneficiará con la medida en la Corporación del Seguro Social Militar.
La presidenta de Asofamd, Ruth Llanos, rechazó dicha acción y dijo que la sentencia no puede ni debe ser vulnerada y que es imposible que un tribunal de rango menor desconozca la sentencia del máximo tribunal de justicia del país.
"Condenamos el hecho de que se intente dejar en libertad a un reo rematado. Él debe cumplir su sentencia en Chonchocoro y no en Cossmil; además, no cumple con los requisitos para acceder a la libertad condicional, no puede beneficiarse de ninguna medida de gracia”, insistió.
"No puede haber ninguna concesión, debe decirnos la verdad y después ningún perdón”, reclamó la presidenta de APDHB, Amparo Carvajal, quien recordó que García Meza y el exministro del Interior, Luis Arce Gómez, son los únicos archivos vivientes de la dictadura que pueden revelar mucha información sobre el paradero de los restos de Quiroga Santa Cruz y de Flores.
Olga Flores calificó de "paradójico y ridículo” que se presente una acción de libertad para el caso de un "reo rematado”.
Las entrevistadas dijeron que García Meza fue juzgado por el alto tribunal de justicia por los máximos delitos contra la CPE, delitos de lesa humanidad y de lesa patria, por lo que la solicitud es un terrible error.
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