El día en que Pinochet atentó en Washington

Silvia Ayuso

Washington 21 SEP 2016 - 11:46 CEST

Orlando Letelier fue asesinado el 21 de septiembre de 1976 en Washington, hoy hace 40 años. Una bomba adosada al coche del excanciller del Gobierno de Salvador Allende e incansable activista por el retorno de la democracia a Chile estalló en el corazón del barrio diplomático de la capital estadounidense, segando su vida y la de Ronni Moffit, una joven colaboradora norteamericana. El entorno de Letelier señaló de inmediato al dictador Augusto Pinochet, pero las autoridades estadounidenses tardarían años en reconocer la autoría del primer acto terrorista patrocinado por un Gobierno extranjero en Washington.

Letelier tenía prisa esa mañana. El régimen de Pinochet, que acababa de cumplir tres años en el poder tras el sangriento golpe de Estado, le había quitado la nacionalidad chilena y le urgía llegar al Institute for Policy Studies (IPS) en Washington. Ese centro de estudios le había servido como plataforma en el exilio para denunciar la dictadura pinochetista y hacia allí se dirigía para corregir un artículo que quería publicar en The New York Times en el que respondía a los que le acusaban de ser un traidor.

Letelier tenía fama de ser un mal conductor. Así que cuando su asistente Juan Gabriel Valdés recibió una llamada sobre un incidente con su coche, este último, hoy embajador chileno en Washington, pensó que había sufrido un accidente. La verdad —un comando enviado desde Chile había puesto una bomba en su coche, que estalló en pleno centro de Washington, matando a Letelier y a Moffit— resultaba casi inconcebible. El propio excanciller, pese a que en los últimos tiempos había recibido cada vez más amenazas, pensaba que Pinochet jamás se atrevería a atacarlo en la ciudad de uno de los mayores apoyos del dictador, el secretario de Estado Henry Kissinger.

Con el tiempo, el asesinato de Letelier y Moffit pasó a ser para EE UU “la evidencia de la criminalidad del régimen chileno y de los regímenes similares instalados en la región”, señala Valdés. La investigación que inició el FBI también “abrió el espacio para investigaciones sobre derechos humanos en Argentina y otros países”, añade. El Gobierno del demócrata Jimmy Carter marcó distancias con Chile y las demás dictaduras de la región, pero la ruptura total con Pinochet tardaría aún una década —y otros muchos casos de graves violaciones de derechos humanos— en producirse.

Ese 21 de septiembre, Francisco Pancho Letelier tenía 17 años y estaba en clase cuando le dijeron que algo malo le había pasado a su padre. En la vivienda en el barrio de Bethesda donde vivía con su madre, Isabel, y sus tres hermanos, entre ellos el actualmente senador socialista chileno Juan Pablo Letelier, los esperaba el FBI. “Todos, uno por uno, les dijimos que claramente [el autor del crimen] era Augusto Pinochet”, recuerda Francisco, hoy un artista afincado en California, cuatro décadas después.

Las primeras pruebas que demuestran que Pinochet ordenó el asesinato y que EE UU lo sabía no se hicieron públicas hasta hace un año. En octubre de 2015, el secretario de Estado, John Kerry, entregó a la presidenta chilena, Michelle Bachelet, una serie de documentos desclasificados sobre el atentado. Uno de los papeles clave es un memorando secreto que en 1987 redactó el entonces secretario de Estado, George Shultz, para el presidente Ronald Reagan. El texto aseguraba que la CIA consideraba que existían “pruebas convincentes” de que Pinochet “ordenó personalmente a su jefe de inteligencia [Manuel Contreras]preparar el asesinato”.

Ese documento de la CIA no ha sido desclasificado aún. Se cree que forma parte de la remesa que EE UU tiene todavía que revelar. Para Peter Kornbluh, un periodista que lleva casi cuatro décadas luchando para que salgan a la luz los informes secretos sobre Chile, ese texto es “el Santo Grial en la historia de este primer acto de terrorismo internacional en la capital de EE UU”. Y su desclasificación resulta importante “no solo para las familias de las víctimas, sino para comprender cómo un Gobierno extranjero pudo cometer un acto terrorista en la capital y no pagar por ello”, añade.

El asesinato “forma parte de la historia del terrorismo que tenemos que comprender para estar mejor preparados para frenar otros atentados en el futuro”, sostiene Kornbluh. Cuarenta años después, el recuerdo del crimen sigue vivo.

Actos de homenaje

El embajador Valdés confía en que el Gobierno de Barack Obama desclasifique pronto los documentos que restan, unos 60. La respuesta a la petición chilena ha sido “muy alentadora”, asegura. Opina que lo ideal sería que lo hiciese para los actos conmemorativos del atentado, que se celebran mañana y el viernes en Washington, a los que asistirá Bachelet. Entre otros actos, la presidente chilena visitará el mural que ha creado ahora en la ciudad Francisco Letelier, al que incorpora como parte de la obra artística algunos de los informes ya desclasificados.

El muralista dice que se ha pasado toda la vida intentando cumplir lo que le pidió su madre ese día: que el crimen no les enseñase a odiar. “La última cosa que quiero ser es una persona que simplemente piensa en la venganza, porque eso sería la gran victoria de la dictadura”, afirma. Aun así, considera fundamental que EE UU entregue los documentos aún secretos para esclarecer de forma definitiva el caso, sobre todo porque ve una cuenta todavía pendiente: “No hemos deshecho el mito de Henry Kissinger, que todavía se pone como el pedestal de astucia en política exterior”. Y remata: “Como chileno y como latinoamericano que se suma a millones de personas en Asia, en Camboya, en Vietnam, pienso que es un criminal que debe ser enjuiciado. Es un mito que merece y debe ser investigado”.