Hace 200 años, cuando el general Simón Bolívar creó el Consejo de Estado, lo hizo para que el presidente de la época tuviera en su gabinete a los mejores juristas para que lo aconsejaran en sus decisiones. Se trataba de un modelo que ya había impuesto Napoleón Bonaparte en Francia en 1799 y que se ha perpetuado en Colombia durante dos décadas, no sin dos cierres: uno en 1843 y otro en 1905.
Durante los primeros 100 años de existencia, la tarea del alto tribunal se enfocó únicamente en servirle al presidente con sus consejos. Sin embargo, en 1964 su historia tomó un rumbo crucial para el país. El entonces presidente, Guillermo León Valencia, firmó un decreto extraordinario en el que dispuso que la justicia administrativa del país iba a tener sus propios jueces y éstos serían los de la entidad creada por Bolívar en Angostura en 1817: el Consejo de Estado.
Desde ese momento todas las acciones del Estado colombiano han llegado a revisión del alto tribunal. Y, como las decisiones del poder responden siempre al contexto político y social de su país, lo que ha pasado por los despachos del Consejo de Estado es la historia de un país en guerra. Precisamente esa historia fue la que recopiló el alto tribunal en un libro de 525 páginas, cuyos relatos van desde un fallo de reparación en la época de la Guerra de los Mil Días, hasta la orden a las Farc para que ofrecieran disculpas por la toma de Miraflores (Guaviare) ocurrida en 1998.
Se trata de una selección de 484 sentencias de la Sección Tercera del alto tribunal, desde 1916 hasta 2016, que dan cuenta de las violaciones a los derechos humanos que ha perpetrado el Estado colombiano y los castigos que ha tenido que pagar por extralimitarse en sus funciones o por, simplemente, no proteger a la población de un país en el que la guerra pasó a ser parte de su vida diaria. Hay fallos por homicidios, por accidentes durante el enfrentamiento entre el Ejército y grupos armados, por el exceso de fuerza durante movilizaciones estudiantiles o por tomas guerrilleras.
“El texto da cuenta de un siglo sangriento desde la Guerra de los Mil Días, pasando por la violencia partidista, la dictadura de Rojas Pinilla, la masacre del Estadio Alfonso López, el robo de armas del Cantón Norte, la toma de la embajada de la República Dominicana y del Palacio de Justicia hasta la violencia actual, con episodios tan lamentables como la bomba del edificio del DAS, el operativo fallido de rescate de Diana Turbay, los asesinatos dey “Chucho” Bejarano y Jaime Garzón”, explican los magistrados Ramiro Pazos y Guillermo Sánchez.
Con la publicación de “Graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario”, el nombre de este libro, se convierte en una herramienta académica para entender los sucesos de la historia de guerra, pero también en un punto de partida para entender el pasado de un país que, con sus esfuerzos de consolidar la paz, no quiere repetirlo.
En la Guerra de los Mil Días (1901)
El 12 de marzo de 1901, cinco balsas de la compañía alemana Wurttembergische Transport Versicherungs Geselleschaft, cargadas con café y cueros que navegaban por el río Magdalena, fueron interceptadas por fuerzas armadas de la revolución. Las retuvieron y durante los dos días siguientes bajaron toda la mercancía. En otras dos ocasiones, la compañía perdió su material de comercio y sus tripulantes fueron tomados como prisioneros.
En 1916, la justicia colombiana reconoció que en uno de esos casos las fuerzas del Gobierno participaron. Por ende, la nación fue condenada y tuvo que reparar a la compañía alemana por un valor de $160 de la época.
La caída de Rojas Pinilla (1957)
La caída del general Gustavo Rojas Pinilla ocurrió el 10 de mayo de 1957. Los colombianos salieron a las calles y las protestas y los desmanes no demoraron en aparecer. En Cali, la cantina y bar de los esposos Salazar Camargo quedó casi destrozado. Los propietarios del establecimiento demandaron al Estado porque las autoridades, explicó la pareja, no hicieron nada para proteger sus bienes. El alto tribunal consideró que el hecho de que los cuerpos militares no estuvieran acuartelados era una falta grave de sus deberes y que, justamente ese día, era necesaria su presencia en la ciudad. El Consejo de Estado ordenó en 1967 el pago de los perjuicios materiales, que en ese entonces se tasaron en más de $80.000.
Pelea en el Congreso (julio 20 de 1970)
José Ignacio Arboleda resultó herido por la Policía cuando intervino para mitigar una pelea entre representantes de la Cámara el día en que se instalaban las sesiones del Congreso de la República, el 20 de julio de 1970. La Sección Tercera del Consejo de Estado determinó que los agentes tomaron parte en la agresión en la que resultaron heridos varios congresistas. Después de escuchar las declaraciones de los congresistas que estuvieron involucrados en la pelea, el alto tribunal llegó a la conclusión de que, por la posición que tomaron los agentes del Estado, Arboleda resultó herido. En sentencia del 4 de noviembre de 1975, el Consejo de Estado declaró a la nación responsable y ordenó indemnizar a José Ignacio Arboleda.
Giraldo Agudelo
Durante el operativo de rescate de la periodista Diana Turbay en enero de 1991, la Policía detalló que habían muerto tres de los secuestrados. Entre ellos estaba Germán Giraldo Agudelo. Su familia peleó hasta el final para probar que a su ser querido se lo había llevado la Policía de su casa en Medellín y que días después había aparecido muerto en el lugar en donde se había hecho la operación de rescate. El alto tribunal revisó el caso en 2009 y encontró que se trataba de una arbitrariedad por parte de los agentes del Estado. “La muerte de Giraldo Agudelo no fue causada como reacción ante su ataque armado, sino como una ejecución extrajudicial, lo que implicó el uso ilegítimo de la fuerza”, dice la sentencia. El Consejo de Estado culpó al Estado por los hechos, reconoció los perjuicios morales sufridos por la familia y le ordenó al Ministerio de Defensa a indemnizar de por vida a la familia.
La masacre paramilitar de El Aro (Antioquia)
El 22 de octubre de 1997, soldados del Ejército fueron a la finca de Fabio Zuleta y Ómar Ortiz, ubicada en el corregimiento de El Aro (Ituango, Antioquia) y los acusó ser colaboradores de la guerrilla. Momentos antes del arribo de los soldados, la Fuerza Pública se enfrentó con las Farc. Tras una breve conversación, los uniformados mataron a los dos campesinos y amenazaron a quienes se encontraban en la finca. Luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenara a la nación por este doble asesinato por parte de miembros de la Fuerza Pública, la justicia colombiana también lo hizo en 2007. El Consejo de Estado en ese año ordenó a pagarle la suma de $30 millones a Joaquín Guillermo Zuleta Zabala, quien fue el único de los familiares de las 17 víctimas de la masacre paramilitar que no acudió a la CIDH. El alto tribunal, así lo dictó luego de revocar la sentencia de primera instancia que negó la reparación.
Poveda Gauta
El 17 de febrero de 1999, Julio Poveda Gauta, líder de la Unión Patriótica (UP), fue interceptado por dos sicarios en el sur de Bogotá. Los sicarios dispararon y murió de inmediato. Los dirigentes de la UP, que fueron objeto de persecuciones sistemáticas en la década de los noventa, solicitaron protección especial del Estado ante la oleada de muertes y desapariciones de varios de sus miembros. Al revisar este caso, el Consejo de Estado condenó a la Nación a indemnizar a la esposa y el hijo de Poveda, y reconoció que los integrantes de la UP fueron fueron objeto de delitos como persecución, desaparición y homicidio. El alto tribunal también pidió remitir una copia de la sentencia a la Cancillería, a la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado y al Centro de Memoria Histórica para que sea parte del material documental sobre la persecución sufrida a los miembros de la UP.
Julio Alberto Márquez (2000)
Julio Alberto Márquez solía dormir en las calles del municipio de Carmen de Atrato (Chocó). En la madrugada del 21 de octubre de 2000, un miembro activo de la Policía lo asesinó mientras dormía. Su familia, que sabía que Márquez consumía drogas y era un indigente, demandó al Estado, pues sabía que el crimen se había perpetrado por el odio que el policía le tenía a Julio Alberto Márquez. El Consejo de Estado explicó que los detalles de cómo ocurrió el asesinato, la hora y la indefensión de la víctima, permitieron demostrar que se trató “de un típico asunto de las mal llamadas limpiezas sociales”. El alto tribunal condenó al Estado y le ordenó indemnizar económicamente a la familia de Márquez.
Comunidad de paz de Apartadó (2007)
Debido a la situación de desconfianza hacia la Fuerza Pública, un grupo de campesinos creó en 1997 la Comunidad de paz de San José de Apartadó (Antioquia). La CIDH, a raíz de los asesinatos, masacres y torturas que sufrieron, le otorgó medidas cautelares a la comunidad. Sin embargo, el 23 de diciembre de 2007 miembros del Ejército asesinaron a María Giraldo Úsuga y amenazaron a la familia. Su cuerpo fue hallado en un avanzado estado de descomposición. Por estos hechos el Estado fue condenado y se le pidió reparar material y moralmente a la familia de la campesina.
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