José Antonio Torres
El incremento de la delincuencia en los últimos años pone en evidencia la incapacidad de las autoridades para detener este mal. No hay espacio seguro en ningún lugar del país, los asaltos están a la orden del día en calles, restaurantes, viviendas, vehículos.
Tampoco existen sectores ni nivel social intocable para los delincuentes, ya que ricos y pobres pueden ser víctimas de los antisociales, quienes matan por un teléfono celular con la misma vehemencia con la que lo hacen por una cartera o una caja fuerte.
De modo que comprobada la ineficiencia de las autoridades no queda más que diseñar una estrategia anti delincuencia en la que se logre involucrar a todos los sectores de la sociedad. Nunca un plan de seguridad ciudadana será exitoso si en su diseño y ejecución no participan las comunidades.
El problema es complejo y la solución difícil, sin embargo me atrevo a proponer dos medidas que podrían ayudar a prevenir, aunque sea mínimamente actos delictivos.
Obligar al comercio a instalar cámaras de seguridad puede ser una opción
Una de las medidas podría que ser un decreto presidencial que obligue a los dueños de colmados y farmacias colocar al menos dos cámaras de seguridad en el exterior de sus negocios. Esto serviría como muro de contención para los ladronzuelos y en caso contrario ayudaría a la Policía a identificar a los que se arriesguen a ser capturados en flagrante delito.
Solamente la capital tiene más de 400 mil negocios de este tipo y si cada uno instala al menos dos cámaras, tendríamos con las de las plazas comerciales más de un millón de estos aparatos, lo que ayudaría a la seguridad pública.
Otra medida, que parece insignificante, pero que no deja de tener valor es prohibir a los motociclistas usar cascos protectores que le cubra el rostro, o sea la parte frontal de la cara, de modo que cuando se acerquen a alguien su rostro pueda ser fácilmente identificado.
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