Cuatro de los 19 postulantes a la presidencia en Perú comparecieron el lunes por la mañana en un foro público sobre corrupción, en el que las candidatas Keiko Fujimori y Verónika Mendoza coincidieron en proponer la reestructuración de la Contraloría General de la República y del consejo de defensa jurídica del Estado, para que no estén sujetos a presiones políticas. Sin embargo, hubo silencio acerca de los numerosos candidatos que están en campaña pese a tener juicios en curso, investigaciones fiscales, e incluso, una solicitud de retiro de inmunidad parlamentaria.
“Con el perdón de la señora, pero debería eximirse de participar en política”, comenta un taxista, al escuchar en la radio las propuestas anticorrupción de la hija del expresidente Alberto Fujimori de llegar al poder con su partido, Fuerza Popular. El fundador del fujimorismo cumple una condena de 25 años de prisión por varios delitos, entre ellos robo de las arcas públicas y asociación ilícita para delinquir.
Sin embargo, la candidata en el primer lugar en las encuestas dijo que nunca se ha negado a las investigaciones (enfrentó pesquisas por el supuesto pago de su educación universitaria en Estados Unidos con fondos públicos). “Yo he sufrido y he cargado una mochila muy grande por errores de terceros, y jamás permitiré que mis hijas carguen la mochila que yo he cargado tantos años”, aseguró.
Retirada de inmunidad
La lista de candidatos al Parlamento de Fuerza Popular incluye a Joaquín Ramírez, secretario general y financista del partido, y congresista investigado por lavado de activos. El jueves, un juzgado provincial resolvió pedir al Congreso el retiro de su inmunidad parlamentaria para abrirle un juicio oral por la apropiación de un terreno.
Por otro lado, el candidato en segundo lugar en los sondeos, César Acuña, dueño de un consorcio privado de universidades en territorio peruano, tiene —según el diario Perú.21— 80 juicios en la región La Libertad, donde fue alcalde y presidente regional.
Un portavoz de su partido reclama que la información está desactualizada y solo tiene dos procesos judiciales y dos investigaciones fiscales. La prensa ha revelado que Acuña, en dichos cargos, usó los recursos públicos con fines “clientelistas”, entregaba subvenciones sin control, y direccionaba las contrataciones públicas a personas de su entorno.
Uno de los principales candidatos al Congreso de Alianza para el Progreso, el partido de Acuña, Edwin Donayre, un excomandante general del Ejército, está enjuiciado por apropiación indebida, debido a la venta ilegal de gasolina de la institución militar. Otros dos postulantes al Congreso por la misma formación tienen sentencias a raíz de actos ilícitos cometidos cuando fueron alcaldes.
Sector público
Además, el candidato presidencial del partido en el poder (Partido Nacionalista), Daniel Urresti, intercala sus actividades de campaña con su presencia semanal en la Sala Penal Nacional en Lima, donde se le enjuicia por el homicidio de un periodista en Ayacucho, en 1988. Urresti, un general retirado del Ejército, trabajó como oficial de inteligencia durante la lucha contra la subversión de Sendero Luminoso en la zona más afectada por la violencia: Ayacucho.
Es tan evidente cuán afectado está Perú por la corrupción en el sector público, motivo por el cual tres de los cuatro candidatos que intervinieron en el foro (Fujimori, Mendoza y Alfredo Barnechea) propusieron incrementar la transparencia de las contrataciones y compras estatales, y que las medidas se apliquen también para los gastos y pagos del sector público, dando más información en tiempo real en Internet. Mendoza y Barnechea criticaron la “puerta giratoria” y propusieron una prohibición para que los funcionarios de las entidades reguladoras no pasen rápidamente a trabajar en las empresas que supervisaron.
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