Algún cínico argumentará, sin que le falte razón, que ese es el precio de la democracia, pero cuando se ponen sobre el papel los números redondos –RD$9,331,826,791 millones han recibido los partidos entre el 1998 y el 2015– es que se cae en la cuenta de lo mucho que nos cuesta. Y como nos sale tan cara, la pregunta resulta inevitable. ¿Vale la pena gastar tanto dinero? José Angel Aquino, juez titular de la JCE, opina que no, y da sus razones: no se ha logrado una mayor equidad en la competencia electoral, ni se ha evitado, como se pretendía, la influencia de grupos económicos poderosos, o del narcotráfico y el crimen organizado, sobre los procesos electorales y sus resultados. Para colmo, tampoco se sabe en qué se gastaron esos recursos, pues los partidos nunca han rendido cuentas sobre la forma en que han manejado esos fondos, pero tampoco no hay nada que los obligue, una ley por ejemplo. Es por eso que el juez titular de la JCE, quien participó en el panel “Financiamiento público a los partidos políticos”, no vacila en calificarlo de rotundo fracaso. Desde luego, no opinan igual los políticos, sobre todo los que este año electoral recibirán RD$1,400 millones, que además están conscientes, y así actúan, de que tienen la sartén por el mango. Porque fueron ellos los que decidieron, a mediados de los años 90, que una parte del Presupuesto Nacional se destinara a financiar sus actividades, y si hoy, en el 2015, no hay una ley que los obligue a transparentar el uso de esos recursos, a rendir cuentas, es porque prefieren mantener las cosas como están para poder seguir llenándose los bolsillos sin que les pase absolutamente nada. Y claro que ha sido un fracaso, doctor Aquino. Pero para los ciudadanos, que solo podemos lamentarnos de que a nuestro dinero se le de tan mal uso y nadie pague las consecuencias. En cambio para los políticos, esos que se pasean por ahí exhibiendo sus obscenas fortunas, el financiamiento ha sido un éxito total.
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