El pasado año los escándalos de corrupción y tráfico de influencias en el ámbito judicial estuvieron a la orden del día.
El contexto social de hoy es similar al de hace dos décadas.
El contexto social de hoy es similar al de hace dos décadas.
En la década de los noventas se planteó la necesidad de reforma del Poder Judicial con miras a garantizar su independencia y fortaleza. Se produjeron cambios normativos y hubo avances. Pero llegaron el cansancio, la corrupción y la dependencia.
¿Cómo puede garantizarse la imparcialidad de los jueces con una justicia dependiente del poder político y económico? El mejoramiento en los procesos de administración y auditoria y la implementación de recursos tecnológicos son condiciones necesarias para contar con una justicia eficaz y transparente, pero no son suficientes. Sin independencia no habrá imparcialidad en los jueces y por tanto justicia.
La corrupción, las zonas de impunidad y el tráfico de influencias forman parte de los desafíos del Poder Judicial y del Ministerio Público. Para afrontar estos problemas estructurales debe haber una alianza estratégica con la sociedad civil.
La justicia tiene un rol de mantenimiento de la paz social y de asumir la resolución de las controversias de las cuales es apoderada. Un sistema judicial con problemas de credibilidad no puede cumplir con sus funciones constitucionales, pues afecta la estabilidad del Estado de derecho. Y es que la opinión de los usuarios es importante, pues determina la legitimidad del sistema.
La insatisfacción ciudadana y de gran parte de la comunidad jurídica se debe, en gran medida, a situaciones de debilidad del Poder Judicial y del Ministerio Público frente a intereses políticos y económicos. La justicia, si bien es un servicio público, no se reduce solo a eso, sino que es un poder que forma parte del Estado y por lo tanto debe cumplir su rol y se le debe exigir como tal.
Para instaurar un modelo de justicia que responda a los mandatos legales y constitucionales debemos arribar a un acuerdo y una voluntad sincera de cambio entre la sociedad, los administradores de la justicia y el poder político. El Estado democrático de derecho se fundamenta en acuerdos y en las aspiraciones legítimas de aquellos que creemos que las cosas siempre pueden hacerse mejor. Ha llegado nuevamente la hora.
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