Bajo este pretexto, son muchos los crímenes y actos de corrupción que se han cometido en nuestro país como si la ejecución, aun bajo órdenes, de una acción reñida con la ley, liberara de responsabilidad a quien la ejecute.
Con frecuencia, muchos delincuentes insertados en la milicia, en la administración pública y en la justicia, cometen fechorías dando a entender que actúan bajo el mandato de sus superiores, procurando así el silencio e impunidad de sus actos.
Esa práctica no es nueva, pero igual, sigue dando resultados con la agravante de que la delincuencia se ha cubierto con el manto impune de la politiquería de manera que cuando alguien es perseguido por sus crímenes, alega motivaciones políticas. Y como esta clase tiene patente de corso para delinquir, generalmente los delincuentes enganchados en la política, se salen con la suya. El caso del convicto falsificador de medicamentos José del Carmen Cruz, y otros recientes, ilustran esta aseveración.
En el ámbito penal, inmobiliario y hasta administrativo, muchos jueces y fiscales corruptos se aprovechan, para lucrarse, del desorden prevaleciente en el sistema de justicia, y cuando son cuestionados, amenazan con hacer revelaciones comprometedoras.
Estas denuncias, evidentemente implicarían a sus superiores y como pocos están libres de pecados, todo se resuelve con el sacrificio de uno o dos peones del sistema, para proteger a las cabezas de las mafias judiciales que, en ocasiones, operan desde oficinas privadas.
El caso de la suspendida juez Awilda Reyes Beltré, pone a la justicia y a sus principales estamentos en una delicada situación de la que pueden derivarse el fortalecimiento de la misma, o su descrédito total.
¡La sociedad espera atenta el desenlace!
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