ALERTA SOBRE CAOS INCONTROLABLE SI EL PAÍS NO DESPIERTA
La Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo (AEIH) teme que en el país se produzca un caos incontrolable si no se corrigen las debilidades institucionales que impiden la aplicación de las leyes y el funcionamiento de un sistema de consecuencias.
La organización empresarial, que preside Antonio Taveras Guzmán, hizo el planteamiento al señalar que la crisis institucional es la raíz de todos los males que afectan a República Dominicana y que le impiden despegar hacia el desarrollo como nación.
Desde su óptica, los problemas del país están debidamente diagnosticados y existen leyes para todos los temas, pero las debilidades de las instituciones constituyen una represa al flujo de soluciones prácticas que pueden ser aplicadas para elevar los niveles de desarrollo y la calidad de vida de la gente.
“Cuando nos ponemos a analizar cada uno de los problemas que agobian a este país –y que se manifiestan en cualquier encuesta- como la seguridad pública, la justicia, el sector eléctrico, salud, desempleo, educación y pobreza- tienen un eje transversal, que es la falta de institucionalidad”, refirió Taveras Guzmán en un comunicado enviado a los medios de comunicación.
En ese sentido, el dirigente empresarial manifestó que el gran reto de los dominicanos a partir de 2016 debe ser romper las barreras que impiden el funcionamiento de las instituciones, que se encuentran atrapadas por el populismo y el clientelismo.
“Contamos con planes bellísimos: una Estrategia Nacional de Desarrollo, un Plan de Competitividad, reglas importantes para la transparencia pública y el mejor bloque de leyes anticorrupción, pero la debilidad de las instituciones impide aplicarlos a cabalidad”, subrayó.
La AEIH indicó que, como el caldo de cultivo de la falta de institucionalidad son el clientelismo y el populismo, las fuerzas sociales del país deben ponerse de acuerdo para desarraigar esos dos fenómenos que tanto daño han hecho a la nación.
Asimismo, hizo un llamado a poner fin a la permisividad, que impide la aplicación de un sistema de consecuencias cuando los ciudadanos violan las leyes y las normas.
“Tenemos un sistema de justicia podrido que se deriva de las debilidades institucionales y la falta de consecuencias, que son atribuibles también a todas las instituciones, sin obviar al mismo sector privado y a todo el tejido social y político”, subrayó.
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