2 de diciembre de 2015 - 12:05 am -
El descredito se ha abatido sobre todo el Poder Judicial, afectando injustamente a una mayoría de jueces serios, que están consagrados a su labor con vocación y espíritu de servicio, viendo como se devalúa su título de juez.
El Poder Judicial siempre ha sido, en República Dominicana y otros países, una manzana apetecida por los partidos políticos, para utilizarla como instrumento de poder, además de para asegurar impunidad, pero muchos olvidan que después de corromper la justicia para asegurar los intereses político-partidarios, solo existe un paso, y bastante corto, a la corrupción ordinaria de vender sentencias por dinero.
Podríamos escribirlo de forma más dramática: después que usted le pide a un ser humano que asesine para asegurar un fin político, ese mismo ser humano estará mucho más cerca de asesinar por dinero.
Por eso insisto en que la actual crisis del Poder Judicial tiene su origen en los esfuerzos de los partidos políticos y sus líderes de recuperar el control de la justicia que comenzaron a perder a raíz de la designación de una nueva Suprema Corte de Justicia en 1997, y la reforma constitucional de 1994 que consagró la carrera judicial y la inamovilidad absoluta de los jueces.
En un artículo anterior señalaba que los avances en la justicia fueron detenidos y además comenzó el retroceso con la sentencia de la Sun Land, que dividió la Suprema Corte, pero una buena amiga me recordaba que el germen es anterior y puede situarse en la elección de tres miembros del más alto tribunal en el año 2001, cuando Jorge Subero Isa abandonó su posición de que solo se nombraran en la SCJ jueces de carrera y llegó a un acuerdo con Hipólito Mejía que repartió las tres posiciones entre la propia SCJ, Joaquín Balaguer y el PRD, dejando fuera al PLD. Este último partido comenzó esfuerzos para agenciarse voluntades dentro de la SCJ prometiendo ascensos y otros beneficios intangibles, que luego dio lugar a la división en el caso de la Sun Land en el año 2008. La SCJ nunca fue la misma a partir de este momento.
El esfuerzo del PLD, sobre todo de su presidente Leonel Fernández, alcanza su punto culminante con la modificación de la Constitución que elimina la inamovilidad absoluta y la posterior selección de una SCJ bajo su control. Este control ha sido utilizado en varias oportunidades, siendo la más reciente el caso de Félix Bautista. Pero este uso del control de la justicia no se ha limitado a la SCJ, sino que se ha extendido a los tribunales inferiores y ahí están otros casos, como el de Víctor Díaz Rúa, que lo demuestran.
Una parte de aquellos jueces que eran utilizados para torcer el derecho y la justicia en beneficio de los intereses político-partidarios, ya manchados por la corrupción política, era lógico que sucumbieran también a la corrupción ordinaria y comenzaran a vender sentencias, incluso utilizando los mismos canales a través de los cuales les llegaban las instrucciones políticas o utilizando sus propios intermediarios.
No se trata de una confrontación entre el actual presidente de la SCJ y el pasado Jorge Subero Isa como infantilmente pretendiera señalar el ex consejero y juez Francisco Arias Valera, seriamente señalado como la pieza superior a lo interno del Poder Judicial en este engranaje corrupto. Tampoco se trata de una confrontación entre el presidente de la SCJ Mariano Germán y el Procurador Francisco Domínguez Brito. Se trata de una realidad que no querrán ver aquellos que se benefician o a los que les falta el coraje para enfrentar a los que pretenden enterrar para siempre las posibilidades de una justicia no solo técnicamente capacitada sino además íntegra.
El descredito se ha abatido sobre todo el Poder Judicial, afectando injustamente a una mayoría de jueces serios, que están consagrados a su labor con vocación y espíritu de servicio, viendo como se devalúa su título de juez.
Lo mismo ocurre con los abogados que se han prestado para usar esas estructuras mafiosas para comprar sentencias, a pesar de que a algunos de ellos les sobra capacidad para ganar los casos sobre la base de su talento. Los que así actúan enlodan la profesión del derecho y por lo tanto a todos los que somos abogados.
Y claro que la más perjudicada es la sociedad completa, cada persona que habita en el territorio de nuestro país o hace negocios en él, pues se pierde la confianza en el único poder capaz de sancionar la corrupción y hacer justicia, el judicial.
Después de tantos esfuerzos dedicados a la reforma judicial por tanta gente, de tantas pestañas quemadas, de tantas horas consagradas, de tantos pulsos echados, de tantos recursos de todo tipo invertidos, de tantos riesgos corridos, que se nos arrebate la esperanza de contar con un poder judicial por lo menos en proceso de reforma, que se le pretenda arrojar nuevamente a las manos de los intereses políticos y de la corrupción, definitivamente duele, sobre todo para aquellos que como yo, a mis 58 años de edad, tal vez no pueda ser testigo de su renacer a partir de las cenizas que quedaran luego del fuego voraz que lo consume en estos momentos.
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