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La percepción de la población dominicana del desempeño de jueces y fiscales no puede ser más preocupante. Esto es aún mayor cuando lo unimos a la lucha contra la corrupción administrativa.
La ciudadanía se siente más frustrada aún porque no se ha sancionado ejemplarmente a los funcionarios y empleados públicos corruptos ni a sus conmilitones.
Lo peor es que estos funcionarios prevaricadores, de todos los ámbitos de la administración pública, nos estrujan –sin rubor- sus riquezas mal habidas.
Los principales problemas son la indeterminación política para actuar sin contemplaciones y la dependencia y parcialidad de los órganos de investigación, persecución y sanción.
Además de jueces corruptos y sin independencia de los poderes políticos y económicos, hay fiscales en la misma situación.
La complacencia política y el soborno no escapan al Ministerio Público, con toda la secuela de desconfianza ciudadana y de debilitamiento institucional.
Sin decisión política, con un Ministerio Público diseñado para obedecer órdenes superiores, con limitaciones presupuestarias, de capacitación y empoderamiento para la acción, no será posible emprender una lucha sincera y seria contra la corrupción administrativa.
Si, como está ocurriendo en Brasil, para solo poner un caso, queremos funcionarios perseguidos y condenados por corrupción, debemos resolver el problema de la dependencia del Poder Ejecutivo del Ministerio Público.
Está más que probado que ningún Procurador de la República encaminaría todas las acciones, hasta su culminación, contra quienes hayan comprometido con sus actuaciones dolosas los recursos del erario.
Las mejoras de instrumentalización de los casos, sistemas preventivos y controles de gestión y eficiencia, aunque visibles en los últimos años, se ven empañadas por su débil gestión frente a los pedidos de toda la sociedad, de que se investigue de manera transparente y firme los casos de corrupción.
Los servidores públicos que deban ser procesados ante la Justicia, deben saber que tendrán en su contra un Ministerio Público que actuará con apego a la ley, con total imparcialidad y con toda la fuerza de una institución que busca verdaderamente acabar con la cultura de impunidad que existe en nuestro país.
Hemos visto avances en el Ministerio Público, pero ahora necesitamos voluntad política, responsabilidad y un profundo cambio institucional.
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