| Publicado: 15/7/2017 07:34 -
Actualizado: 12:51
Por Luis Diez
¿Concedería el presidente de la
República Francesa, Emmanuel Macron, la Legión de Honor a
un tipo acusado de colaborar en la matanza de miles de personas por motivos
políticos e ideológicos? Pues el Gobierno español de Mariano Rajoy Brey,
sí. De hecho, tendrá que explicar el en Parlamento por qué otorgó la Gran Cruz
de Isabel la Católica a un colaborador de la terrible dictadura del
general Alfredo Stroessner como es el actual ministro de
Relaciones Exteriores de Paraguay, Eladio Loizaga,
despreciando las informaciones y peticiones
de las víctimas y sus representantes.
La concesión al canciller paraguayo
Loizaga de la mayor distinción que otorga el Reino de España a los dignatarios
extranjeros fue acordada por el Consejo de Ministros presidido por Rajoy y se
la impuso el titular de Exteriores, Alfonso Dastis Quecedo, en
nombre del rey Felipe VI, en una ceremonia oficial celebrada el 4 de julio
pasado en el madrileño palacio de Santa Cruz. El Gobierno y los grandes medios
de comunicación ignoraron la protesta de las víctimas de la dictadura paraguaya
y de sus familiares residentes en España.
El propio ministro Dastis fue informado
mediante carta personal del abogado Aitor Martínez Jiménez sobre
el pasado del canciller paraguayo como alto cargo de la dictadura criminal. En
nombre del Movimiento Nacional de Víctimas de la Dictadura Stronista y de
Paraguay Resiste, el letrado le hizo saber que Loizaga, de 67 años, “fue un
activo funcionario del régimen del general Stroessner, ingresó en 1967 en el
Ministerio de Exteriores de la dictadura. En 1974 fue nombrado primer
secretario de la embajada de Paraguay ante la Organizacion de Estados
Americanos (OEA), durante la época en que la Comisión de Derechos Humanos
reprobó a la dictadura paraguaya. Ni siquiera respondió a las solicitudes de
información por los graves crímenes cometidos contra la población indígena
Aché”.
Añade el representante y defensor de las
víctimas de la dictadura que fue a partir de 1981 cuando Loizaga accedió a las
más altas responsabilidades ministeriales como “director de Organismos,
Tratados y Actos Internacionales, durante el tiempo en que se desarrollaba
el Plan Cóndor, acuerdo suscrito entre los regímenes dictatoriales
de la región para cooperar en la detención y represión sistemática de los
opositores políticos. Posteriormente, en 1983, fue designado director general
de Asuntos Exteriores”. La Operación Cóndor dejó un saldo de
50.000 muertos, 30.000 desaparecidos y unos 400.000 detenidos y torturados en
la región, recuerda el abogado Martínez Jiménez.
Nombres de militares golpistas y ligados
a la represión sin cuartel de las fuerzas izquierdistas de sus respectivos
países como Leopoldo
Fortunato Galtieri (Argentina), Omar Torrijos (Panamá), Manuel Antonio
Noriega (Panamá), Manuel Contreras
(Chile) y Vladimiro
Montesinos (Perú) son algunos de los 60.000 policías y
militares de 23 países que, entre 1946 y 1984, pasaron por el Instituto del Hemisferio
Occidental para la Cooperación en Seguridad, con base en Panamá,
más conocido como Escuela de las Américas. Esta institución nutrió de
torturadores y ejecutores a las diferentes dictaduras que, con la ayuda de la
Agencia Central de Inteligencia (CIA), en la segunda mitad del siglo XX
saturaron el panorama político latinoamericano. Venezuela, Colombia, Brasil,
Ecuador, Bolivia, Perú, Uruguay, Paraguay, Chile y Argentina adoptaron los
métodos que ya habían sido probados con éxito por la CIA en República
Dominicana, Haití, Honduras, El Salvador, Panamá, la Nicaragua de los Somoza y
la Cuba de Fulgencio Batista.
El letrado informó asimismo de que el
personaje al que iban a condecorar (y condecoraron) fue denunciado en 2005 ante
la Fiscalía paraguaya, si bien la persecución de los crímenes de la dictadura
ha brillado por su ausencia. Pero como consecuencia de la impunidad
generalizada, las víctimas acudieron a la justicia argentina en agosto de 2013
a través del principio de jurisdicción universal, y la presión de los
tribunales argentinos ha obligado a los jueces naturales a imputar a los
primeros diez torturadores paraguayos. Entre los años 2003 y 2008 se abrió en
Paraguay la Comisión Verdad y Justicia, cuyo informe final, conocido como el
Archivo del Terror, documenta 107.987 víctimas.
Según la información aportada por la
eurodiputada Marina Albiol, responsable de relaciones
internacionales de Izquierda Unida (IU), “está probado que el condecorado por
el Gobierno del PP, Loizaga, participó de forma destacada en reuniones para
planificar la organización criminal clandestina Liga Mundial Anticomunista, de
la que fue un miembro relevante. Desde ella impulsaron con especial saña la
persecución de dirigentes democráticos de izquierda, a los que se aplicó la
llamada ‘doctrina de la seguridad nacional’ y se les consideró enemigos a batir
(torturar y asesinar) por criticar y oponerse a la dictadura”. La dirigente de
IU se extraña de que el Gobierno español desconozca las informaciones que sobre
la persecución que sufrieron numerosos religiosos comprometidos con los pobres
y a los que Loizaga acusaba de ser peligrosos marxistas.
Ni la información ni los argumentos aportados
por las víctimas sobre la catadura moral y política del famoso personaje,
disuadieron al Gobierno de que ahorrar la condecoración por decencia
democrática, de modo que la responsable de relaciones exteriores de IU, Albiol,
ha anunciado una acción parlamentaria de su grupo para obligar al titular de
Exteriores a aclarar los motivos del premio y distinción oficial. El reglamento
de la Orden de Isabel la Católica obliga a detallar los méritos de las personas
condecoradas y a concretar quién realiza la solicitud y cuáles han sido “los
comportamientos extraordinarios de carácter civil que redundan en beneficio de
la nación o contribuyen, de modo relevante, a favorecer las relaciones de
amistad y cooperación de la nación española con el resto de la comunidad
internacional”.
Con independencia de que el modelo de
impunidad española a la salida de la dictadura haya podido iluminar a los
responsables de las dictaduras del Cono Sur Sudamericano, vale suponer que la
distinción del canciller paraguayo es positivo para el comercio o añade
prestigio, según el Ejecutivo del PP, a la “marca España”, un reino en el que,
por lo demás, la abundancia de leyes inútiles impide las necesarias acciones
legales y es frecuente la concesión de honores y medallas a los más variados
sinvergüenzas y perillanes, debido, precisamente a la falta de una ley única
que garantice los principios democráticos y la preservación de los derechos
humanos consagrados en la Constitución al otorgar esos galardones.
Como se sabe, aunque el honor sea patrimonio
del alma, como escribió Calderón de la Barca, España sigue siendo
un país de “torremedallas”, que diría Valle-Inclán. Y vale recordar
que en los albores del siglo XXI el entonces jefe del Gobierno José
María Aznar López comprometió el pago de cinco millones de dólares de
dinero de todos los españoles a un bufete de abogados de Washington para que
comprase la voluntad de los más de 130 congresistas necesarios para obtener la
Medalla del Congreso de Estados Unidos. Se quedó en 103 votos y no la
consiguió. Su sucesor, José Luis Rodríguez Zapatero suspendió
aquellos pagos.
Sin remontarse tanto en el tiempo, el
ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se comprometió la semana
pasada en el Senado a revisar, y en su caso anular, el título de Comisario
Honorario al director del periódico gubernamental La Razón, Francisco
Maruenda, quien fue condenado por un delito de falsedad y maledicencia
contra un mando policial. La distinción le fue otorgada por el exministro y
actual diputado del PP, Jorge Fernández Díaz, tras su participación
en 2016 en un curso de verano de la Universidad Católica de Ávila y coincidió
también con la anulación del convenio docente de la Academia de Policía de
Ávila con la Universidad de Salamanca, que es pública y llevaba más de una
década formando a los futuros agentes, para otorgárselo a la de Ávila, que es
privada, católica y apostólica. Pero esa es otra historia.
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