Los fujimoristas pretenden que su líder Alberto Fujimori salga de la cárcel antes de cumplir la pena de 25 años que le impuso la justicia, pero el ex presidente no ha abonado ni un sol de los millones que adeuda como resultado de las reparaciones que debe honrar por mandato judicial.
Aparte de la condena por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, Fujimori ha recibido tres sentencias por corrupción: la primera por usurpación de funciones al ingresar a la casa de Vladimiro Montesinos (seis años de pena privativa de libertad); la segunda por espionaje telefónico, soborno a congresistas tránsfugas y compra de la línea editorial de los medios (seis años de prisión); la tercera por haber sobornado con 15 millones de dólares a su asesor Montesinos (siete años y seis meses).
En julio del 2011, la Corte Suprema confirmó las condenas contra Alberto Fujimori y ratificaron también el pago de los 27 millones 400 soles por reparación civil que fijaron los jueces que lo sentenciaron sucesivamente. Desde entonces, y hasta el día de hoy, el ex presidente que ahora busca el perdón del Estado peruano, no ha abonado ni un solo sol. De acuerdo con fuentes judiciales, debido a la falta de pago, el monto adeudado asciende a 55 millones de soles por los intereses.
Según el procurador anticorrupción, Amado Enco Tirado, en caso de que se le otorgara al ex jefe de Estado un eventual indulto humanitario, esto no implicaría que quedaría libre de pagar lo que le debe al Estado.
En 2012 y 2016, la congresista fujimorista Luz Salgado Rubianeslanzó la propuesta de una “colecta nacional” para que Fujimori cumpliese con pagar la reparación civil al Estado. El pronunciamiento de Salgado demuestra que el fujimorismo sabe que su líder debe honrar la adeudado. Pero el ex presidente, en una muestra de su desinterés por cumplir los mandatos judiciales, ni siquiera ha pagado un simbólico sol.
De espaldas a la justicia
Prima su interés por la excarcelación sin acatar ningún extremo de los fallos judiciales.
“Un indulto no libera a la persona del pago de su reparación civil a la que está obligada por sentencia. Una cosa es perdonarle la pena privativa de la libertad efectiva y otra cosa es la obligación que tiene esta persona en términos civiles de reparar al Estado por los daños causados por los delitos cometidos”, señaló Amado Enco.
No obstante que las sentencias fueron ratificadas plenamente por la Corte Suprema, Fujimori ha optado por hacer caso omiso a los mandatos de las autoridades peruanas. Se trata de una voluntad de desacato o desprecio por las resoluciones judiciales.
“Durante todo este tiempo no se ha visto una acción que demuestre de parte de Fujimori voluntad de pago o resarcimiento al Estado. Tenemos muchos otros casos en los que los condenados muestran esa voluntad de consignar depósitos judiciales aunque sea montos ínfimos, pero hay voluntad de pago, pero no es el caso de Fujimori”.
En 2012, la ex congresista Ivonne Susana “Susy” Díaz, condenada a tres años de prisión suspendida y al abono de una reparación de 200 mil soles, por presuntamente haber recibido dinero de Montesinos, cumplió con la sentencia y pagó.
“Esto da cuenta de la voluntad de pago de la señora, voluntad que contrasta con la de muchos otros deudores que, seguramente, teniendo muchísimo más capacidad adquisitiva que la señora, no cumplen”, señaló el entonces procurador anticorrupción Julio Arbizu.
Según uno de los abogados del proceso Barrios Altos y La Cantuta, Alberto Fujimori se muestra intransigente al cumplimiento de lo establecido por las autoridades judiciales.
“Acá hay una cosa más de fondo de no reconocer el sistema judicial. No solo no quiere pedir perdón a los familiares de las víctimas sino que también no quiere pagar las reparaciones civiles”, explicó.
“El indulto es el perdón de la pena pero las reparaciones civiles van más allá de la privación de la libertad, es cómo tú reparas el daño cometido. Un indulto quiere decir que se perdona el cumplimiento de la pena, no le están diciendo que no es culpable o que no tiene otra obligación como es en este caso una obligación de carácter civil”, señaló.
En ambos casos, tanto la defensa del Estado como el de las víctimas coincidieron que una señal de que Fujimori buscar resarcir sus delitos cometidos sería asumiendo las obligaciones que la ley le impuso por mandato judicial.
Lo llamativo es que Fujimori se niega a pagar las reparaciones en casos de corrupción en los que se acogió a la terminación anticipada, es decir, aceptó los cargos, como en el caso del espionaje telefónico y el soborno de 15 millones a Montesinos.
Ex presidente no honra sus deudas con nadie
El Poder Judicial también dispuso que Alberto Fujimori pagara una reparación a los deudos de las víctimas de la masacre de Barrios Altos, La Cantuta y por el secuestro del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer.
El monto fijado por la justicia fue de 280 mil 800 soles. Fujimori no ha cumplido. No ha aportado nada.
Su ex asesor Vladimiro Montesinos tampoco paga nada de los 546.6 millones de reparación. El general Nicolás Hermoza, que completaba el trío del poder del fujimorato, adeuda 28.5 millones de soles.
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