En el marco de la Investigación por malversación de fondos públicos en la que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) es querellante, la fundación que utilizó la familia Pinochet como propaganda y caja chica, decidió disolverse e iniciar la devolución de inmuebles como parte de un acuerdo de conciliación.
La institución, presidida hasta agosto de 2016 por Lucia Hiriart, viuda del dictador Augusto Pinochet, será disuelta de forma paulatina y hará el traspaso de inmuebles de origen fiscal al Estado de Chile, mismos que hoy están siendo investigados como parte de la máquina para defraudar en que se trasformó Cema Chile.
De acuerdo a lo que hoy publicó El Mercurio, el representante legal de la organización, los abogados Vivian Bullemore y Yasna Bentjerodt, se reunieron con el representante del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Daniel Martorell, y manifestaron “la clara intención de disolver la fundación Cema Chile a lo largo del país” como posibilidad de una conciliación.
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Así consta en el acta ordinaria N° 215 de la fundación, donde se señala que “su disolución debe operar en forma gradual y paulatina”, ya que sus propiedades se extienden por todo Chile con oficinas que estaban encargadas de la administración de ésta de forma regional, provincial, comunal y distrital.
En el marco de la investigación por malversación de fondos públicos que enfrenta CEMA Chile, comenzará devolviendo las sedes de Punta Arenas e Iquique, ambas ya en etapa de cierre. Asimismo, regresarán los títulos que estipulaban a la fraudulenta asociación como dueños de la Plaza de Paine.
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En cuanto a los inmuebles adquiridos en la dictadura y que hoy estén desocupados, serán sometidos a un estudio de trasferencia para ser devueltos al fisco, al Serviu y a los municipios en el caso que corresponda. Mientras que los que fueron donados por particulares, el consejo de CEMA pretende donarlos a una tercera fundación.
Por su parte, el Ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago a cargo de la investigación en el Caso CEMA, Guillermo de la Barra, a petición del Consejo de Defensa del Estado (CDE), ya ha embargado 1.526 millones de pesos de la sociedad y ha expropiado 41 propiedades. En la investigación, aún se siguen periciando 15 propiedades y las cuentas corrientes que permitirán regresar al estado los fondos que hayan sido conseguidos por ventas de bienes nacionales.
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