Apostemos por un nuevo paradigma policial

La opinión de Eduardo Jorge Pratts De nuevo se oyen las voces que reclaman la aplicación de “mano dura” contra los delincuentes, la política de “darle pa’abajo’” a los sospechosos habituales. El coro no es casual y no desentona en una sociedad signada por el populismo penal estructural, donde imperan todavía los valores autoritarios de la dictadura y en donde el discurso de la mano dura genera votos para los políticos y popularidad para los operadores del sistema penal. Algún día se escribirá la historia de esta política verdaderamente criminal. Cuando eso ocurra, se sabrá cómo los “incontrolables” de Balaguer (1966-1978) se alimentaron de las fuerzas que condujeron durante 30 años la represión trujillista y cómo los escuadrones que han ejecutado miles de supuestos delincuentes desde 1978 hasta la fecha son las mismas bandas recicladas o sus herederas. Esa guerra sucia, que se cuenta en número de cadáveres, de viudas, de hijos y padres victimizados, revela no solo el clima de violación de los derechos fundamentales que ha prevalecido en nuestra vida democrática sino, además, el nivel de incompetencia de las autoridades encargadas de la persecución y castigo. Aunque hoy no se asesinen políticos, las muertes de estos “pobres, negros y feos” siguen siendo crímenes de Estado por los que un día alguien tendrá que rendir cuentas. Ese es el pecado original y estructural de esta insoportablemente interminable transición democrática nuestra. Sobra decir que la mano dura es el retorno a la barbarie y a la venganza privada. Que no se justifica tomarnos la justicia en las manos, saltarnos los procedimientos legales establecidos para la protección de los presuntos inocentes y las víctimas y ejecutar a cuanta persona se considere un “antisocial”. Lógicamente, como el sistema penal reproduce las desigualdades del sistema social y las repotencia, las consecuencias prácticas de la política de mano dura solo la sienten los marginados y los excluidos sociales, aquellos que, por su condición socioeconómica, son estereotipados como delincuentes peligrosos. La legitimidad de este aparato de reproducción de la desigualdad social vía el sistema penal se funda en la asunción del pobre y del marginado como una clase social peligrosa. El etiquetamiento de este tipo de delincuente permite excluirlo del sistema de garantías penales (inviolabilidad de la vida, prohibición de torturas, debido proceso) y tratar al mismo como un infrahumano conforme a la misma lógica del campo de concentración, como bien ha explicado Agamben, sobre las huellas de Foucault. Lo peor de todo es que la mano dura es incapaz de controlar la criminalidad. Ello así, en primer lugar, porque el actual sistema reproduce ad infinitum el número de delincuentes y de estereotipos delincuenciales fundados en la pobreza y en la marginalidad. En segundo lugar, porque la mano dura no enfrenta la delincuencia organizada, transnacional y de cuello blanco que, por su poderío, escapa a una política diseñada para combatir sectores vulnerables. Y, en tercer lugar, porque esta política perpetua el atraso policial e impide la reforma, tecnificación y fortalecimiento del cuerpo policial. El único efecto positivo de la mano dura es tranquilizar a una sociedad que tiene miedo y que se siente segura en la lógica cortoplacista de un Derecho Penal simbólico, de la emergencia permanente, del delincuente conceptuado como enemigo, al cual no hay que juzgar y condenar sino eliminar por cualquier medio. La mejor prueba de su fracaso es que, tras cientos de muertos en “intercambios de disparos”, el nivel de violencia y criminalidad, lejos de haber disminuido, se incrementa como revelan los reportes de la prensa y las precarias estadísticas disponibles. Es por todo lo anterior que hay que apostar por una Ley de Seguridad Ciudadana que sirva de marco legal a la reforma, fortalecimiento, democratización y tecnificación de la policía, así como a la creación de un sistema de seguridad ciudadana que permita integrar efectivamente la ciudadanía a la labor de prevención del delito y trazar una eficaz criminal. Necesitamos más y mejores entrenados policías en las calles, que puedan proteger eficazmente a las personas, investigar más adecuadamente los crímenes y velar por la integridad de las escenas del crimen. Queremos una policía con recursos humanos y materiales adecuados que pueda prevenir y combatir la violación a la ley a través de la capacidad disuasiva, basada en el entrenamiento, la logística, el poder de fuego y la superioridad técnica y numérica, y que, además, se encuentre debidamente articulada con el Ministerio Público y el resto del sistema penal. Demandamos que las organizaciones comunitarias, cercanas a las demandas sociales de los ciudadanos, puedan participar en el diseño, ejecución y fiscalización de la política de seguridad ciudadana que, al lado de las políticas económicas y sociales, necesita todo país civilizado. Se requieren más recursos humanos y materiales pero, sobre todo, se necesita la voluntad política y social necesaria para combatir la delincuencia sin socavar las libertades que tanta sangre y esfuerzo han costado a los dominicanos. Se requiere un nuevo paradigma penal, policial, de política criminal y de seguridad ciudadana que parta de que no puede haber orden sin libertad pero que tampoco puede existir libertad sin orden.