6 de octubre de 2016 - 12:08 am
En nuestro país la figura del presidente y de la autoridad en general tiene una importancia tal, al extremo de que no importa si realizan actos reñidos con la Constitución y las leyes, o abusan del poder, o simplemente yerran el tiro promoviendo acciones o tomando decisiones que afectarían a la colectividad, muy pocos se atreven a denunciarlo y mucho menos a oponerse.
Al parecer los muchos años de dictadura vividos a lo largo de nuestra historia acostumbraron a este pueblo a pensar que al presidente no se le dice que no o que con la autoridad no se discute.
Y precisamente constituye un ejemplo en contrario lo que ha acontecido en Colombia, país en que su presidente Juan Manuel Santos llegó a un acuerdo de paz con las FARC con unas concesiones frente a este grupo guerrillero simplemente inaceptables para muchos, lo que mantenía dividida a la sociedad colombiana, la cual aunque con una votación precaria; votó por el no, y no a la paz como algunos han querido maliciosa o ignorantemente alegar, sino a una paz a un precio que no están dispuestos a pagar, aunque el presidente Santos lo hubiese dado como un hecho y se hubiera encargado de generar la percepción de que se trataba de un “fait accompli”.
Pero los colombianos no tuvieron reparos en hacerle ver a su presidente que por más que el quisiera que se ratificara el acuerdo y por más apoyo internacional que se agenciara como evidenció con los mandatarios que acudieron para acompañarlo en la firma del acuerdo, la última palabra era de ellos y estaban dispuestos a decirle no para hacerle entender, lo que finalmente comprendió, que no podía ser la paz a cualquier precio sino al precio que los colombianos estén dispuestos a asumir.
Y aunque en esta ocasión Álvaro Uribe, uno de los promotores del voto negativo ganó, el mismo tuvo su ocasión de que le dijeran que no, cuando en febrero de 2010 la Corte Constitucional falló que una segunda reelección socavaba principios básicos de la Constitución y declaró inconstitucional la convocatoria a referendo que se había efectuado mediante ley.
Aquí no solamente se pasó una reforma constitucional para restablecer la reelección sin que se convocara un referendo, gracias a la confusa redacción del texto constitucional que no pasó de simple controversia en cuanto a su interpretación, sino que hemos consentido, por acción o por omisión, que nuestros presidentes sigan haciendo lo que quieran sin ninguna consecuencia.
Por eso tenemos un proyecto de ley de presupuesto general de la nación que refleja la intención de que el gobierno no hará un pacto fiscal como manda la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, porque no le interesa sentarse a discutir ninguna revisión del gasto público y se agenciará el aumento de los ingresos por la vía de esta misma ley, y que no tiene interés de enderezar las causas que más provocan el alto déficit fiscal, transferencias al sector eléctrico y déficit cuasifiscal del Banco Central, ni tampoco de detener la insostenible carrera de endeudamiento.
Y también por eso se permite que consuetudinariamente recurran en cada ley de presupuesto a utilizar un subterfugio legal para incumplir los mandatos de asignación de porcentajes de presupuestos al poder judicial, los gobiernos locales y otras instituciones; sin que nada pase.
Mientras no aprendamos a decir que no, nuestros presidentes seguirán decidiendo lo que quieran, endeudando esta y muchas más generaciones, castrando el desarrollo, debilitando las instituciones y en fin decidiendo la suerte de nuestro porvenir como les viene en ganas, aunque el precio tengamos que pagarlo todos.
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