Sólo las víctimas de la represión ilegal en la dictadura y los familiares de los desaparecidos podrán conocer en los archivos eclesiásticos los nombres de curas y obispos que hayan intervenido de algún modo en la selección de víctimas, los operativos o el cautiverio de esas personas. Algunos de esos nombres ya están en investigaciones, denuncias y causas judiciales, pero es posible que otros emerjan del anonimato cuando se cumpla la promesa formalizada ayer por la Conferencia Episcopal.
Entre los prelados más denunciados por su colaboración con los dictadores se destaca monseñor Victorio Bonamín, el provicario castrense que hasta reflejó varias de sus acciones y pensamientos en diarios íntimos escritos al menos en 1975, 1976 y 1978. En esas páginas, recopiladas por los investigadores Lucas Bilbao y Ariel Lede, se lee el apoyo de Bonamín a la “guerra antiguerrillera”, e incluso el desafío de aquietar las conciencais de los militares ante el acto de matar.
Otro nombre repetido entre los cómplices de la dictadura es el del superior de Bonamín, el vicario castrense y dos veces titular de la Conferencia Episcopal argentina –también era arzobispo de Paraná– monseñor Adolfo Tórtolo. Como jefe de unos 400 capellanes distribuidos en unidades militares de todo el país, se le atribuyó la paternidad argumental con la que varios o muchos de esos curas –la desclasificación anunciada permitiría saberlo– justificaron las violaciones a los derechos humanos ante las preguntas de muchísimos civiles y los propios militares. Algunos también habrían intervenido personalmente en sesiones de tortura, para “ablandar” a las víctimas de quienes se esperaban “confesiones”.
Otro obispo multidenunciado fue monseñor Antonio Plaza, arzobispo de La Plata y capellán de la policía bonaerense que comandaba el sanguinario general Ramón Camps. Fue uno de los quince sacerdotes mencionados como represores por la Conadep, y además de negarse sistemáticamente a recibir a los familiares de los desaparecidos, se especula que habría encubierto el asesinato de su propio sobrino.
Con menos escalafón pero iguales o peores antecedentes, el cura Christian Von Wernick –también capellán de la Bonaerense– es quizás el sacerdote más famoso por su participación directa en la represión. Aunque admitió haber estado en centros de detención, decía que no había presenciado torturas. Pero 2007 un tribunal lo halló culpable de 34 casos de privación ilegal de la libertad, 31 casos de tortura y 7 homicidios calificados.
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