La magistrada pide a España su extradición a Buenos Aires para interrogarles
La juez argentina María Servini de Cubría. / REUTERS
La juez argentina María Servini de Cubría, que investiga desde 2010 la única causa abierta en el mundo por los crímenes del franquismo, ha dictado orden de detención contra José Utrera Molina, suegro del exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, y otros 18 cargos franquistas.La magistrada solicita a España su extradición para interrogarles en Buenos Aires, como ya hiciera en septiembre de 2013 con el exinspector José Antonio González Pacheco, alías Billy El Niño, y el ex guardia civil Jesús Muñecas, a los que imputaba sendos delitos de torturas. Ninguno de los dos fue finalmente extraditado a Argentina, aunque Muñecas y Billy el Niño sí tuvieron que ir a declarar a la Audiencia Nacional, donde el juez Pablo Ruz les retiró el pasaporte.
La magistrada imputa a Utrera Molina "el haber convalidado con su firma la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich", ejecutado a garrote vil el 2 de marzo de 1974, a los 23 años, y recuerda que los hechos "son sancionables con las penas de reclusión o prisión perpetua".
Además de la de Utrera Molina, la juez argentina ha ordenado la detención del también exministro Rodolfo Martín Villa, al que considera responsable de "la represión de la concentración de trabajadores en Vitoria el 3 de marzo de 1976 en la que fueron asesinados Pedro Martínez Ocio, Francisco Aznar Clemente, Romualdo Barroso Chaparro, José Castillo García y Bienvenido Pereda Moral, y en la que hubo más de cien heridos, muchos de ellos por armas de fuego".
La lista de cargos franquistas que la juez pide que sean detenidos y extraditados a Argentina para que pueda interrogarlos en la causa abierta por crímenes de lesa humanidad es la siguiente:
Antonio Carro Martínez. Ministro de la presidencia entre 1974 y 1975. La juez le imputa por "haber convalidado con su firma la sentencia de muerte por garrote vil de Salvador Puig Antich y la de losúltimos fusilamientos del régimen franquista el 27 de septiembre de 1.975". Las ejecuciones se llevaron a cabo en Madrid, Barcelona y Burgos. Los ejecutados fueron José Humberto Baena Alonso, José Luís Sánchez Bravo Sollas, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot, y Ángel Otaegui Echeverría.
Licino de la Fuente y Antonio Barrera de Irimo. También les imputa por haber convalidado con su firma la sentencia de muerte por garrote vil de Salvador Puig Antich. El primero fue ministro de Trabajo entre 1969 y 1975. El segundo fue ministro de Hacienda entre 1973 y 1974.
José María Sánchez Ventura Pascual. La juez le imputa por "haber firmado las sentencias de muerte de los últimos fusilamientos del régimen franquista el 27 de septiembre de 1.975". Era ministro de Justicia.
Alfonso Osorio y Jesús Quintana. La juez pide su detención por su "responsabilidad" en la conocida como matanza de Vitoria, el 3 de marzo de 1976, en la que murieron los trabajadores Pedro María Martínez Ocio, de 27 años; Francisco Aznar Clemente, de 17; Romualdo Barroso Chaparro, de 19; José Castillo García, de 32 y Bienvenido Pereda Moral, de 30.
"¡Hoy es un gran día!"
NATALIA JUNQUERA
Los querellantes, que acudieron a la justicia argentina tras el procesamiento de Baltasar Garzón por abrir una investigación sobre los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura, celebran el auto de Servini de Cubría. "¡Hoy es un gran día!", resume María Arcenegui, portavoz. "¡Qué gran noticia! ¡Aún no lo puedo creer!", señala Chon Vargas, hija de Ascensión Mendieta, una anciana que cumplió 88 años en un avión a Buenos Aires en noviembre del año pasado solo para pedirle a la magistrada ayuda para encontrar los restos de su padre.
Servini ordenó el pasado febrero que se abriera la fosa común de Guadalajara en la que yace Timoteo Mendieta, pero el juzgado territorial remite al Ministerio de Justicia y el Ministerio da largas a la familia. "Acabamos de pedir una reunión con el nuevo ministro para que resuelva el asunto. Mi madre va a cumplir 89 años, acaba de tener una angina de pecho y no puede esperar más", afirma Chon Vargas.
Víctimas y familiares presentaron la querella por los crímenes del franquismo en Buenos Aires el 14 de abril de 2010. El primer denunciante, Darío Rivas, emigró a Argentina desde Galicia siendo niño tras el fusilamiento de su padre. Él ya recuperó los restos, pero a sus 94 años sigue volcado en la causa y viaja con frecuencia a España para dar conferencias y pedir que nadie se olvide de los más de 100.000 fusilados como su padre que aún permanecen en fosas y cunetas.
Dos de los abogados que están ayudando a las víctimas del franquismo en esta querella son precisamente argentinos: Ana Mesutti y Carlos Slepoy, que ya fue letrado en la primera causa que se abrió contra el dictador Rafael Videla, desde España, en 1996. Fue el juez Baltasar Garzón quien abrió aquella causa aplicando el mismo principio que ahora reivindica la juez argentina para pedir la detención de 20 cargos franquistas: la jurisdicción universal.
Fernando Suárez y Jesús Cejas Mohedano. Les imputa "por haber convalidado con su firma las sentencias de muerte de José Humberto Baena, José Luís Sánchez Bravo, Ramón García Sanz; Juan Paredes y Ángel Otaegui Etxebarria, fusilados el 27 de septiembre de 1975".
Antonio Troncoso de Castro. La juez le imputa por "tentativa de homicidio". Fue vocal suplente del Consejo de Guerra Sumarísimo 31/69 (Proceso de Burgos, diciembre de 1970) y "de muchos de los consejos de guerra y causas militares organizados contra luchadores antifranquistas desde 1963 hasta el final de la dictadura", dice el auto.
Carlos Rey. En 1974 era capitán auditor del Cuerpo Jurídico del Ejército y participó en el Consejo de Guerra de la causa militar que juzgó a Salvador Puig Antich. "Desarrolló las funciones de vocal ponente, y como tal informó y fue redactor de la sentencia que lo condenaría a muerte", escribe la juez.
Abelardo García Balaguer,. Médico. La juez le imputa el robo del hijo de Adela Carrasco Martínez, que ingresó en el Hospital Municipal de la Línea de la Concepción (Cádiz) el 5 de Noviembre de 1967 para dar a luz.
Jesús González Reglero. La juez acusa al expolicía de haber "participado en las torturas infligidas" el 20 de febrero de 1975 a Alfredo Rodríguez Bonilla y Francisca Villar en la Dirección General de Seguridad de Puerta del Sol (Madrid).
Ricardo Algar Barrón. La juez le imputa el haber "participado en las torturas infligidas a José María Galante Serrano", detenido durante 10 días en la antigua Dirección General de Seguridad. La magistrada afirma en el auto que los hechos que le imputa son sancionables con penas de 8 a 25 años de cárcel.
Félix Criado Sanz. La juez le imputa haber participado "en las torturas denunciadas por Jon Etxabe Garitacelaya", detenido el 11 de abril de 1.969. Según su relato, fue "salvajemente torturado" durante siete días en una comisaría de Zamora.
Pascual Honrado. Servini de Cubría le acusa de torturar a Gerardo Iglesias, exsecretario del PCE y ex Presidente de Izquierda Unida, que fue detenido por la Brigada Político Social de Oviedo, acusado de incitar a la huelga.
Jesús Martínez. La juez pide su detención para interrogarlo por una denuncia de torturas a José Aznar Cortijo.
Benjamín Solsona. La juez le acusa de haber "participado en las torturas infligidas a Juan José López Hernando y a Francisco Camarasa Yañez el 23 de abril de 1971 en Valencia".
Atilano del Valle. Ex miembro de la Brigada Político Social. La juez le imputa el haber "disparado y arrojado por la ventana a Miguel Jiménez Hinojosa tras su detención en un piso de la ciudad de Barcelona, el 24 de abril de 1971".
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