Protesta en Madrid contra la corrupción política en España. JAVIER BARBANCHO
Filesa, Naseiro, Roldán, Gürtel, Bárcenas, Nóos, Pujol, Púnica...Podría contarse la Historia de las últimas décadas en España saltando de un caso de corrupción a otro. La reciente oleada de detenciones la ha colocado en el primer plano de la actualidad y ha difuminado la perspectiva temporal. La memoria puede ser frágil, pero las hemerotecas no. Los síntomas llevan a un diagnóstico claro: España está enferma de corrupción, pero ¿tiene cura, doctor?
Jueces, sociólogos, asociaciones contra la corrupción y los propios políticos consideran que sí, que hay remedio contra un mal que en España no parece algo tan coyuntural como estructural. Las cifras lo dicen todo: El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) fijó en1.661 las causas abiertas en los diferentes órganos judiciales españoles por delitos relacionados con la corrupción en 2013. En torno a 500 personas están detenidas, imputadas o investigadas por esta causa y tiene un impacto económico de 40.000 millonesde euros anuales, según un estudio realizado el pasado año por un grupo de expertos de la Universidad de Las Palmas.
Con estos datos, se entiende que la corrupción sea la segunda preocupación de los españoles, de acuerdo con los resultados de la última encuesta del CIS, en la que el 42,3% de los interrogados asegura que es el mayor problema del país, sólo superado por el desempleo.
¿Por qué está tan arraigada?
Descubrir dónde se activó el virus de la corrupción resulta complicado, pero según los expertos consultados por EL MUNDO, la combinación entre un marco legal insuficiente, la escasez de recursos y la falta de control social han constituido el mejor caldo de cultivo para los comportamientos corruptos de políticos, funcionarios públicos y empresarios.
La Comisión Europea presentó en febrero de 2014 un Informe de lucha contra la corrupción referido a España en el que radiografía los elementos que se desvelan como la columna vertebral del sistema de relaciones corruptas que ahora, poco a poco, ve la luz.
Un marco legal insuficiente, la escasez de recursos y la falta de control social han constituido el mejor caldo de cultivo para los corruptos
"La crisis financiera [que en España se manifestó en 2008] vino precedida por el colapso del mercado inmobiliario, que había registrado previamente un periodo de auge. Las Comunidades Autónomas habían invertido grandes cantidades en infraestructuras y obras públicas. En este contexto, en los últimos años han sido frecuentemente investigadas en España denuncias de corrupción en el sector del urbanismo que, en algunos casos, implicaban la financiación ilegal de partidos políticos y la malversación de grandes cantidades de dinero público", asegura el informe de la CE.
Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional España y catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, coincide en que la corrupción se ha sustentado en los lazos del sector público con el privado y entiende "que se vea como un problema estructural". Lizcano, además, le atribuye "cierto origen social. Lapartitocracia que caracteriza al sistema político español ha favorecido un bajo control social y esto hace que muchos políticos y empresarios se aprovechen de la permisividad y la falta de control que existe. En países del norte de Europa, donde las sociedades son más estrictas, por ejemplo, es diferente", concede Lizcano.
"Por otro lado, en España siempre ha habido laxitud con las corruptelas, a veces incluso se valoraban positivamente comportamientos de 'fanfarronería'. Ahora esto está cambiando y empiezan a verse de manera muy negativa. La gente cada vez se indigna más, especialmente los más jóvenes", asegura.
En esta línea se extiende Elena Vicente, presidenta de ACCORS(Asociación Contra la Corrupción y por la Regeneración Social), que cree que la corrupción en España "es sistémica y afecta a todos los ámbitos". También ella apunta a la implicación social al asegurar que "el grado de corrupción está directamente relacionado con un problema de educación, de cultura y de crisis de valores, unido a la politización de todas las instituciones".
Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, mira hacia el ámbito legal y judicial para tratar de explicar por qué los comportamientos corruptos están tan arraigados en España. Señala que ni los medios ni la regulación legal vigente son suficientes para prevenirlos y para agilizar la resolución de los procesos criminales. Apunta, como ejemplo, un dato: España tiene una media de 10 jueces por cada 100.000 habitantes, la proporción más baja de la UE.
En el foco
A pesar de estas carencias, en los últimos meses las investigaciones y detenciones de presuntos corruptos se suceden de manera vertiginosa: los Pujol, las tarjetas 'b' de Caja Madrid o la'operación Púnica' convirtieron el pasado mes en un 'octubre negro' para la corrupción. Da la sensación de que hay factores que han acelerado las actuaciones, de que ahora se combate más intensamente que antes. ¿Es cierto?
Francisco Granados tras ser detenido en el marco de la 'operación Púnica'. EFE
Joaquim Bosch cree que no y que es una coincidencia que casi 1.700 causas estén abiertas en estos momentos en los juzgados. "Es algo aleatorio. Si hubiera pocas causas, no coincidirían tanto. Los jueces son independientes y no hay ninguna relación o interferencia externa", asegura.
Un análisis más amplio permite introducir dos conceptos que están agitando los resortes anticorrupción: Podemos y 'regeneración democrática'. Por un lado, el partido liderado por Pablo Iglesias ha canalizado el descontento ciudadano hacia la clase política hasta tal punto que si las elecciones se celebraran hoy, sería el partido más votado, según la intención de voto directa del último barómetro del CIS.
Los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, atribuyen el auge de la nueva formación a los escándalos de corrupción que les salpican a diario, por eso en los últimos meses han centrado sus esfuerzos en desmarcarse de los compañeros implicados y en presentar propuestas para neutralizar a los corruptos. No hay día en que estas dos formaciones y otras como IU o UPyD no sorprendan con algún tipo de medida o reforma para atajar comportamientos impropios, unas medidas que están ligadas al segundo concepto, el de 'regeneración democrática', que se ha convertido en prioritaria a siete meses de las elecciones del próximo mes de mayo.
El auge de Podemos y la necesidad de 'regeneración democrática' han impulsado los esfuerzos anticorrupción
La clave ahora es la presión socialque amenaza además con trasladarse a las urnas, apunta Jesús Lizcano. "Hasta ahora parecía que los partidos y políticos no querían hacer nada contra la corrupción; sin embargo, se están dando cuenta de que los electores les han castigado ya o prevén hacerlo con sus votos y no pueden hacerse los ciegos y los sordos", explica.
De nuevo en este sentido coincide con la presidenta de ACCORS, que piensa que "los últimos casos de corrupción van a tener, sin duda, su voto de castigo en las urnas y eso va a suponer un tsunami en el mapa político español". Elena Vicente se atreve a pronosticar que "el voto de los ciudadanos va a ser contra el paro y la corrupción, por eso el reto del próximo gobierno es saber si podrá llevar a cabo una verdadera regeneración de la vida pública".
Tratamiento
¿Es posible esa regeneración? Retomando la cuestión inicial, ¿se puede curar la corrupción en España?
Pablo Iglesias, líder de 'Podemos'
Desde Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch lo duda. Alega que deben conjugarse la presión social y el compromiso de los partidos políticos que son, en último término, quienes deben responder a ese clamor ciudadano. Ellos tienen la llave y Bosch duda de que estén dispuestos a utilizarla para cerrar antiguas puertas y abrir ventanas por las que entre un aire renovado. En lo que respecta al ámbito judicial, cree que sería necesaria una mayor sensibilización de los jueces con este problema y reforzar las actuaciones previas de control y disuasión. "Los corruptos deben saber que serán legalmente perseguidos y condenados", asegura.
Además, se hace eco de las medidas propuestas por su plataforma, entre las que destacan aumentar los recursos en los cuerpos y órganos que investigan causas de este tipo, reformar el código penal para establecer o aumentar las sanciones de delitos como la financiación ilegal de partidos, revisar las leyes de contratación pública o evitar injerencias del poder político en el judicial.
'Los corruptos deben saber que serán legalmente perseguidos y condenados'
Elena Vicente coincide en estas recetas anticorrupción pero, a diferencia de Bosch, sí confía en que el cambio pueda producirse. "Acabar con la corrupción es un asunto de voluntad, de querer. Hay que aprovechar esta coyuntura de presión social para limpiar las instituciones y fomentar la regeneración social desde todos los ámbitos. España necesita unas medidas legislativas anticorrupción que terminen con la sensación de impunidad de los corruptos, dice.
En su propuesta de tratamiento para el paciente, la presidenta de ACCORS añade unas píldoras sociales y de nuevo destaca la responsabilidad que los ciudadanos tienen a la hora de acabar no sólo con corruptelas de gran envergadura, sino también con el pequeño fraude y las prácticas inapropiadas a menor escala.
"Cada ciudadano debería hacer una reflexión sobre nuestro propio nivel de corrupción y no mirar solamente a los defectos y abusos de los demás. Contra la corrupción debemos adoptar la actitud de tolerancia cero ", recomienda para recuperar la confianza en la esfera pública. Según se extrae de su discurso, sólo así pueden sentarse las bases de un futuro diferente: "hay que conseguir que las nuevas generaciones vuelvan a creer en este país y en sus instituciones y eso pasa por crear oportunidades de un futuro digno para todos los jóvenes españoles".
'Hay que mejorar los niveles éticos y lograr que en todos los niveles educativos se introduzca la enseñanza de Valores contra la corrupción'
La Educación, de nuevo, en la base del cambio. Asunto complicado éste si se tiene en cuenta que el marco educativo español cambia casi con cada nuevo Gobierno. Aun así, expertos como Jesús Lizcano no pierden la esperanza. "Es una cuestión de educación. Hay quemejorar los niveles éticos y lograr que en todos los niveles educativos se introduzca la enseñanza de valores contra la corrupción; hacer que éstos calen en los ciudadanos desde niños, porque ellos son los ciudadanos del futuro y los que ocuparán los cargos públicos", profetiza.
Como máximo representante de Transparencia Internacional en España, Lizcano resalta la necesidad de una mayor transparencia pública: cuentas, presupuestos, gastos...en definitiva, datos visibles y accesibles para cualquiera que quiera conocer, por ejemplo, qué viajes han hecho los senadores y diputados en el último mes. También apunta algunas reformas legales que pasen por tipificar como delito la financiación ilegal de partidos, impulsar una ley de protección al denunciante o que no se concedan indultos.
Pese a todo, su visión del cambio es optimista: "La corrupción se puede y se debe curar. No es imposible", responde enérgico. El catedrático apela a una mayor transparencia pública y a un frente social que reúna a ciudadanos, medios de comunicación, comunidad educativa, jueces y fuerzas de seguridad para hacer presión. Eso sí, deja de nuevo la pelota en el tejado de los partidos, que tienen la última palabra a la hora de decidir si quieren o no jugarla. De ellos depende que el paciente se recupere o que el virus de la corrupción acabe con él
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