26 de noviembre de 2014 - 4:00 am -
Freedom House denuncia que el Poder Judicial dominicano está politizado y plagado de corrupción, y el sistema legal ofrece pocos recursos para los que no tienen dinero o influencia.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.-La valoración de las libertades civiles de la República Dominicana se redujo de 2 a 3 debido a la corrupción, a la exclusión de los pobres del sistema de justicia, a la violencia policial y a una decisión del Tribunal Constitucional que despoja retroactivamente de la ciudadanía a decenas de miles de dominicanos de ascendencia haitiana, según la clasificación que lleva a cabo Freedom House.
La entidad, que tiene sus principales oficinas en Washington DC, Estados Unidos, observa que la Sentencia 168 del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, de 2013, amenazó con despojar retroactivamente a miles de dominicanos de ascendencia haitiana de su ciudadanía.
“La medida generó una cantidad importante de críticas y acusaciones de xenofobia al nivel internacional. Los haitianos enfrentan la persistente discriminación sistemática en la vida política y social, y no tienen derechos políticos plenos”, agrega.
Freedom House explica en su informe que la corrupción oficial sigue siendo un problema grave en República Dominicana
Freedom House afirma que, de este modo, a los dominicanos de ascendencia haitiana se les ha negado la participación plena en la vida nacional, como ir a la universidad, obtener un empleo legal o una licencia de matrimonio.
El grave problema de la corrupción
Freedom House denuncia que el Poder Judicial dominicano está politizado y plagado de corrupción, y el sistema legal ofrece pocos recursos para los que no tienen dinero o influencia.
Señala que, sin embargo, las reformas implementadas en los últimos años han incluido medidas destinadas a promover una mayor eficiencia y el debido proceso.
Agrega que la Constitución de 2010 buscaba modernizar aún más el poder judicial, mediante la creación de un Tribunal Constitucional y el Consejo del Poder Judicial, así como ordenar el retiro de los magistrados de la Corte Suprema sobre la edad de 75 años.
Advierte que las ejecuciones extrajudiciales por la policía siguen siendo un problema, y los bajos salarios alientan la corrupción endémica en las instituciones policiales.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos del país, al menos 290 personas fueron asesinadas por la policía en 2012.
En noviembre de 2012, Amnistía Internacional pidió una reforma de los servicios de policía de la nación después del asesinato por la policía de un estudiante universitario en Santo Domingo durante una manifestación contra la subida de los impuestos. Las cárceles sufren el hacinamiento, falta de higiene, y la violencia rutinaria.
Freedom House explica en su informe que la corrupción oficial sigue siendo un problema grave en República Dominicana. Señala que en diciembre de 2012, los manifestantes en Santo Domingo exigieron el fin de la corrupción gubernamental e insistieron en llevar a prisión a la mayoría de los funcionarios de la administración del ex presidente Leonel Fernández.
Detalla que en 2013 los fiscales dominicanos congelaron los activos del exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, como parte de una investigación sobre las acusaciones de fraude, lavado de dinero y malversación de fondos. Resalta que Díaz Rúa había sido generalmente considerado como uno de los “intocables” de la República Dominicana.
Recuerda que la República Dominicana clasificó en el lugar 123 entre 177 países y territorios sometidos a escrutinio en 2013 por el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional.
Libertad de expresión
Freedom House afirm que la ley establece la libertad de expresión y de la prensa, y el Gobierno dominicano, por lo general, respeta estos derechos.
Detalla que hay cinco diarios nacionales y un gran número de publicaciones locales. La estatal Radio Televisión Dominicana opera servicios de radio y televisión. Los propietarios privados operan más de 300 estaciones de radio y más de 40 estaciones de televisión, la mayoría de las cuales son pequeñas emisoras regionales.
“Periodistas que informan sobre la posible colusión entre narcotraficantes y funcionarios del estado han sufrido intimidación, y algunos han sido asesinados”, subraya.
Agrega que el acceso a Internet no está restringido, pero no está ampliamente disponible fuera de las grandes zonas urbanas.
Las garantías constitucionales en materia de libertad religiosa y académica se observan en general.
Derechos de asociación y organización
La libertad de reunión, en general, se respeta. La libertad sindical está garantizada por la Constitución, pero está limitada para los funcionarios públicos. El Gobierno defiende el derecho a formar grupos cívicos, y las organizaciones de la sociedad civil en la República Dominicana son algunas de los mejor organizadas y más eficaces en América Latina.
Los sindicatos están igualmente bien organizados. Aunque legalmente se permite la huelga, éstas a menudo son objeto de la represión gubernamental.
En noviembre de 2012, la policía utilizó gases lacrimógenos y armas de fuego contra manifestantes dirigidos por sindicatos que protestaban por las reformas fiscales que se consideran desfavorables para la clase obrera; varios manifestantes resultaron heridos.
La República Dominicana es un importante centro del tráfico de drogas de América del Sur, principalmente cocaína, en ruta hacia Estados Unidos.
Los traficantes de drogas locales, puertorriqueños y colombianos utilizan el país como un centro de mando y control y como punto de transbordo.
La participación de elementos de la policía y el ejército de la República Dominicana en el contrabando de drogas sigue siendo una preocupación importante. En 2013, las operaciones policiales dominicanas en las afueras de Santo Domingo descubrieron por primera vez en el Caribe un laboratorio para procesar cocaína.
Derechos civiles
El maltrato a los inmigrantes haitianos sigue estropeando la reputación internacional de la República Dominicana, pero no se ha adoptado ninguna estrategia para manejar este problema creciente. La Constitución de 2010 eliminó la posibilidad de que tengan la nacionalidad dominicana los hijos nacidos de inmigrantes haitianos ilegales.
A pesar de los importantes avances en las relaciones con Haití, especialmente después del terremoto de enero de 2010, las autoridades dominicanas continuaron privando ilegalmente a los dominicanos de ascendencia haitiana de su nacionalidad, lo que les deja sin acceso a la salud, la educación, el empleo, o el derecho al voto. Esta apatridia virtual aumenta la posibilidad de ser sometido a detención arbitraria y a la expulsión masiva, sin un procesamiento judicial, y en violación de los acuerdos bilaterales con Haití.
En octubre de 2013, el Tribunal Constitucional dictaminó que la Constitución de 2010, que limita la nacionalidad dominicana a los niños nacidos de inmigrantes legales, podía ser aplicada retroactivamente; la decisión podría despojar de su ciudadanía a cuatro generaciones de dominicanos de ascendencia haitiana, unos 250,000 dominicanos.
Otras preocupaciones
Las propuestas recientes para reducir el tiempo de prisión recomendado para algunos actos de violencia doméstica y abuso sexual, como el abuso sexual de un menor de edad, han dado lugar a una ola de protestas por parte de los grupos de derechos humanos y de mujeres. La trata de mujeres y niñas, la prostitución infantil y el abuso infantil son las principales preocupaciones.
La Constitución de 2010 incluye una de las leyes de aborto más restrictivas del mundo, por lo que convierte esta práctica en ilegal, incluso en casos de violación, incesto, o para proteger la vida de la madre. La nueva Constitución también define como matrimonio únicamente el que se efectúa entre un hombre y una mujer, lo que hace al país en uno de los pocos en el mundo que prohíbe al nivel constitucional el matrimonio entre personas del mismo sexo.
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