Condenado a 80 años en 2013, el Constitucional de anuló el fallo y ordenó un nuevo proceso contra el exdictador guatemalteco
JOSÉ ELÍAS Guatemala 27 NOV 2014 - 05:21 CET
El exdictador guatemalteco José Efraín Ríos Montt en 2013. / SAÚL MARTÍNEZ (EFE)
La Sala Alto Impacto de Guatemala declaró este miércoles que el Tribunal B de Mayor Riesgo es competente para juzgar al exdictador Efraín Ríos Montt por los delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad, y programó el inicio del nuevo proceso para el 5 de enero de 2015.
Ríos Montt, de 88 años, gobernó este país con mano de hierro entre el 23 de marzo de 1982 y el 8 de agosto de 1983. De acuerdo al informe ‘Guatemala, Memoria del Silencio’ de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de la ONU, durante su mandato de 16 meses se perpetraron más de 400 masacres en contra de poblaciones civiles desarmadas. Por 15 de ellas, ocurridas en el área Ixil (Quiché, norte del país) y que costaron la vida a 267 personas, el viejo general fue condenado a 80 años de prisión en mayo de 2013.
La sentencia, dictada entonces por la juez Yassmín Barrios,puntualiza que Ríos recibía una condena de 50 años por genocidio, a los que se sumaron 30 por crímenes de lesa humanidad. Quien fuera su jefe de inteligencia, el también general Mauricio Rodríguez, fue absuelto, pues los jueces consideraron que no había pruebas de su implicación directa en los hechos.
Días después, el 21 de mayo, el Constitucional anuló la condena y ordenó un nuevo proceso. El alto tribunal fue duramente criticado por razones de dudosa competencia.
Tanto la condena como la anulación del juicio crisparon el ambiente y evidenciaron que la sociedad guatemalteca sigue profundamente dividida. Los sectores afectados consideran que la justicia en Guatemala está al servicio de los poderosos, mientras que la derecha tradicional argumenta que Ríos Montt defendió la institucionalidad frente a una guerrilla que pretendía establecer un régimen de tinte marxista.
En estos preocupa particularmente la tipificación del delito, en la medida que el término genocidio deja abiertas las puertas a juzgar igualmente a sectores económicamente poderosos, que pusieron a disposición de los militares tanto sus aeronaves y financiaron sus operaciones contrainsurgentes.
La abogada Norma Cruz, de la organización humanitaria Sobrevivientes, se muestra optimista con respecto a que en esta ocasión el juicio a Ríos Montt tenga un final apegado a derecho. “Existen condiciones para ello. El Tribunal B de Alto Riesgo está integrado por jueces muy maduras, apegadas a derecho y muy valientes”, dijo a EL PAIS vía telefónica.
La letrada, no obstante, considera que la población podría no tener la madurez suficiente para enfrentar este proceso. “Todavía es un tema que nos polariza mucho”, dijo para añadir que espera que en esta ocasión la situación sea distinta. “El actual juicio por la masacre de la Embajada de España se ha llevado con mucha madurez, sin confrontaciones. Poco a poco se han ido creando las condiciones para que estos crímenes no queden en la impunidad”, añadió.
Esta visión no es compartida por el periodista Haroldo Shetemul, para quien no existen las condiciones apropiadas para un juicio apegado a derecho. “Los tribunales están muy politizados. El Partido Patriota (en el Gobierno) tiene una cuota importante. Si en el primer proceso, cuando había mayor independencia, no se logró justicia para las víctimas, mucho menos ahora”, dijo.
Shetemul agrega que el juicio transcurrirá en medio de la indiferencia ciudadana: “A la población no le interesa un proceso de esta naturaleza. Ya han pasado muchos años desde que ocurrieron los hechos, los únicos que reclaman ya son los familiares de las víctimas. Si a esto sumas la violencia cotidiana, entiendes por qué la población está anestesiada”, concluyó.
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