Por denunciar que centenares de ayuntamientos españoles mantienen simbología de exaltación de la dictadura franquista se enfrenta a posibles costas judiciales de más de 20.000 euros. El abogado Eduardo Ranz (Madrid, 1984) pelea por hacer cumplir el sentido de ley 52/2007, conocida como de memoria histórica, hasta en Manila (Filipinas); por lograr los trabajos de exhumación de dos republicanos trasladados sin consentimiento familiar al mausoleo del Valle de los Caídos, Antonio y Manuel Lapeña, y por la apertura de los archivos militares.
El joven letrado madrileño ha redactado más de 1.000 escritos en los últimos dos años, y ha obtenido algunas victorias, como la sentencia de un juzgado de San Lorenzo de El Escorial que autoriza las labores de recuperación de los cuerpos de los hermanos Lapeña del recinto de Cuelgamuros, un fallo que, 14 meses después, ninguna administración asume.
Este abandono le ha llevado a denunciar a España ante Naciones Unidades, en un proceso penal que desembocará en un fallo de obligado cumplimiento. Mientras, recaba firmas, ha reunido cerca de 2.000 para presentar en el Congreso una Iniciativa Legislativa Popular que reforme la ley de memoria histórica, norma que cumple una década en diciembre. Con su labor, desinteresada, pretende mantener vivas las sendas abiertas por quienes considera referentes en este ámbito de los derechos humanos: “El forense Francisco Etxeberría, el juez Baltasar Garzón y el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Ellos marcaron el camino que otros estamos siguiendo”. Ranz repasa con Público el estado de algunos de sus últimos casos judiciales.

La semana pasada solicitó la redefinición de ocho calles franquistas en Manila (Filipinas) alegando la ley 52/2007 de memoria histórica. Fuera del territorio español, ¿qué posibilidades se abren?

Se podrá llegar hasta la interposición de una queja ante el Ministerio de Exteriores español por no haber realizado ninguna gestión diplomática, y a una petición a las embajadas para que conozcan el proceso. No tengo jurisdicción y no hay procedimiento claro. Ni siquiera lo hay en España con la retirada de simbología. La fuerza jurídica es escasa.

En otra de sus luchas, la recuperación de los hermanos Manuel y Antonio Lapeña del Valle de los Caídos, donde trasladaron sus restos sin consentimiento familiar en los años 50, ha presentado demandas en distintas instancias judiciales, ¿qué obstáculos ha encontrado?

“El problema en Estrasburgo es que la persona que decide si prospera la demanda contra el estado es alguien puesto por el propio estado”
Pasaron cuatro años de procedimiento desde que empecé a verlo en marzo de 2012. El 20 de noviembre de ese año se inicia la vía penal en el juzgado de instrucción de San Lorenzo de El Escorial, que luego se archiva alegando que no se puede enjuiciar a los culpables, la Ley de Amnistía, la prescripción y todo el elenco que repiten todos. De ahí acudo a la Audiencia Provincial de Madrid, al Tribunal Constitucional y al Tribunal [Europeo de Derechos Humanos] de Estrasburgo. El problema en Estrasburgo es que la persona que decide si prospera la demanda contra el estado es alguien puesto por el propio estado, en este caso la española Anna María Mengual i Mallol. Hay una contradicción ahí si cuando demandas a un estado la admisión o no a trámite la decide una persona puesta por el mismo país. Esa persona inadmite todos los procedimientos. Desestima en menos de un folio en el que anuncia que se va a eliminar toda la documentación.

Agotada la vía penal para lograr exhumar en el Valle de los Caídos, inició con éxito la civil.

El auto de competencia en el proceso contra el juez Baltasar Garzón establece tres vías, la penal, la civil y la contencioso administrativa. La penal quedaba descartada en Estrasburgo. Y el 20 de noviembre de 2014 se inicia la vía civil, que prospera y las familias declaran. Pero entre medias, el ministro de Justicia [Rafael Catalá] nos lo pone emocionante y deroga el articulado alegado, el de la perpetua memoria, una norma del siglo XIX que encontré en unos libros de mi abuelo, que era abogado. Esta norma estuvo en vigor hasta que la derogó el ministro.

¿Coincidencia?

“Nadie ha discutido que los hermanos Lapeña estén [en Cuelgamuros] pese a que nadie ha entrado nunca”
El procedimiento penal estaba abierto, ya habían declarado las familias y el Ministerio Fiscal había redactado un informe favorable para continuar. Nueve meses antes de la sentencia, cuando el procedimiento estaba vivo y el juez había solicitado medios de prueba, [el ministro] derogó el articulado. El juez pidió que acreditásemos que la fosa original estuviera vacía, lo que auguraba que este procedimiento tenía muchas posibilidades. Después sólo queda la vía contencioso administrativa, que es jugar en el estado contra abogados del estado, el cuerpo de abogados más conservador de toda la historia desde que hay funcionarios en España. Y vale mucho dinero.

Luchar por que el estado y las administraciones cumplan las leyes supone un quebranto económico. 

En los procesos de cambio de calles he llevado 400 derechos de petición, 50 demandas civiles y, de ellas, cerca de 14 las tengo recurridas porque me han condenado en costas, y cada caso puede suponer 1.500 euros.

En mayo de 2016, el juzgado de San Lorenzo de El Escorial en el que inició la vía civil reconoció el derecho a la “digna sepultura” de una víctima del franquismo. El no cumplimiento de la sentencia, más de un año después, le ha llevado a denunciar a España ante Naciones Unidas, pero no es la primera vez que inicia este proceso.

Llevé a la ONU en 2015 los casos de tres familias de Calatayud pero no prosperaron porque hace falta argumentar pactos civiles y políticos o sobre genocidios. Y ninguno me valía porque la mayoría se firman en 1966 y entran en vigor en 1976. En los casos del Valle de los Caídos, los fusilamientos son de 1936, y los traslados al recinto de 1959. Los pactos funcionan dede 1976, por lo que no podía vincular la norma con los hechos, al ser anteriores.
“En estos últimos meses no ha habido ni un solo informe científico del Valle de los Caídos”

¿Con qué elementos presentó el pasado 1 de junio la demanda a España ante Naciones Unidas?

Con la sentencia en firme de hace 14 meses en vía civil, que no se ha cumplido hasta la fecha; y con las comunicaciones de Patrimonio a raíz de esta sentencia en firme, en las que iba a encargar informes que están sin hacer ni solicitar más de un año después.

¿La propia sentencia no delimita quién deben realizar las exhumaciones?

Orienta que es Patrimonio, pero no condena a hacerlas. La Audiencia Nacional sí lo confirma. Patrimonio asegura que hay que pedir un primer informe arqueológico y otro forense. Pero el fallo ordena a realizar todo lo posible para exhumar. Y nadie ha hecho nada. Hay una evidente vulneración de la tutela judicial efectiva, y ese es el motivo de la denuncia ante Naciones Unidas, porque no hay forma de obligar a nadie a cumplir ese fallo.

¿Cómo de grave es vulnerar un derecho constitucional como el de la tutela judicial efectiva?

Se están vulnerando los artículos 14 y 24 de la Constitución española, y el problema es que no hay fuerza sancionadora para quien incumple. Nadie dimite y a nadie se sanciona. Aquí no se discuten cuestiones de reparación; lo que hay es un derecho procesal firme. No es como en otros casos que hay que discutir la exhumación o la hipótesis de trabajo. El derecho procesal está reconocido pero se incumple por la parte científica, aunque la jurídica es un éxito.
“Se busca democratizar el Valle, que se redacte una norma democrática que lo redefina como un lugar de memoria”

¿Podría el fallo haber delimitado la responsabilidad de los trabajos de exhumación?

El juez no es científico, no se puede remitir a cómo hacer ese trabajo porque la certeza sólo la tendremos cuando un forense coteje el ADN, y dé positivo. Pero sí tenemos la verdad judicial. Y curiosamente, en ninguna instancia se ha discutido que los hermanos Lapeña estén ahí pese a que nadie ha entrado nunca. Los documentos se han dado por buenos. Siempre pongo como ejemplo el caso de la exhumación de Cervantes. Se introdujo una cámara y se logró llevar a cabo. En este caso no se ha hecho ninguna media encaminada a su cumplimiento. Tuvimos una reunión con Patrimonio y les dijimos que, si no es viable, lleven a la familia y les expliquen hasta dónde se pone en riesgo la vida de quien entre. La familia será la primera que lo va a entender. Pero no facilitaron ese viaje.

¿Tiene constancia de informes científicos que argumenten la imposibilidad de exhumar en Cuelgamuros?

Nos llevamos una sorpresa todos con las fotos que publicó la Cadena Ser el pasado mayo, y ese ha sido el detonante por el que he acudido a Naciones Unidas. Las fotografías de ese informe, fechado en mayo de 2010, demuestran que no es imposible y que sí se pueden individualizar las cajas y extraerlas, ya que tienen aspecto metálico. Y nadie ha demostrado que esas imágenes sean falsas, algo que me cuadra con que en estos últimos meses no haya habido ni un solo informe científico del Valle de los Caídos.

Naciones Unidas marca un plazo de seis meses, que se agota en diciembre, para emitir un fallo de obligado cumplimiento. ¿Qué posibilidades podrían desplegarse a posteriori?

“Acabará en el Tribunal Supremo de España un debate sobre si Juan Yagüe es exaltación de la guerra y la dictadura”
Espero que se genere un precedente, y que toda familia que lo solicite con ciertas pruebas documentales pueda llevar a cabo el trabajo. Pero ahí se junta que cuando extraigan a los hermanos Lapeña saldrán unos ocho cuerpos más que habrá que cotejar con ADN. Previsiblemente serán las otras familias de Calatayud que están con los hermanos. Espero que en ningún caso vuelvan a entrar esos restos al Valle de los Caídos, y que se tenga la humanidad de devolverlos a las familias. Incluso si el ADN es negativo, que se busque otro sitio, otra manera de no volver a victimizarles por segunda o tercera vez. Por otro lado, el recinto se rige por dos normas de los años 1940 y 1957. Están en vigor y sólo el preámbulo conlleva exaltación de la guerra y habla de la gloriosa cruzada. Lo que se busca, además de recuperar los cuerpos, es democratizar el Valle, que se anulen esos dos decretos y se redacte una norma democrática que lo redefina como un lugar de memoria.

Solicitó la retirada de honores al ex ministro franquista José Utrera Molina, fallecido el pasado abril. ¿Qué respuesta ha encontrado?

Ninguna, y los ayuntamientos serán demandados. Además de la ley de memoria histórica, el artículo 32 del Código Civil estable que los honores y distinciones son válidos mientras haya vida, son vitalicios. Después deben ser derogados por quien los otorgó. Y algunos de estos honores y distinciones conllevan beneficios económicos que no vamos a reclamar que devuelvan con intereses, pero deberían.

¿Tiene localizados otros ayuntamientos que mantengan honores a los militares golpistas?

Hay que ser justos porque también hay un problema de acceso a los archivos, y es arriesgado retirar en 2017 un honor que igual se quitó en 1965, según el militar o general traidor y golpista que recibió el honor. No existen los archivos o no hay acceso ni interés en que se acceda. Vamos a dar un cierto margen de presunción de inocencia a determinados ayuntamientos. Pero luego hay otros, como el de un pueblo valenciano, cuyo regidor presume de que su alcalde es Franco. No es lo mismo. Y siempre hay una relación muy próxima entre estos ayuntamientos con un partido político que a su vez tiene una relación muy próxima con la corrupción. Hay una relación directa entre franquismo y corrupción, incluso en 2017.
“No sólo te ejecutaban; se quedaban con tus bienes y le ponían una multa a la viuda para que los hijos no pudieran estudiar”

En su litigio contra San Leonardo de Yagüe se personaron las fundaciones Juan Yagüe y Francisco Franco. ¿En qué estado se halla esta denuncia por el cambio de nombre a este pueblo de Soria?

Demandé al ayuntamiento y, voluntariamente, las fundaciones Yagüe y Francisco Franco argumentaron que tenían legitimidad para formar parte de la defensa del consistorio. El juez consideró que hay que diferenciar la figura del militar de la persona, y que estos honores se otorgan a la persona y no al militar, algo que se decidió en un Pleno municipal en 2016. Ahora está recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, e imagino que el fallo se recurrirá. Tanto por mi parte si pierdo, como por la fundación Francisco Franco si pierde el ayuntamiento. Y acabará en el Tribunal Supremo de España un debate sobre si Juan Yagüe es exaltación de la guerra y la dictadura; una persona responsable de 4.000 víctimas en Badajoz, con pruebas, entrevistas y un certificado que preparó el historiador Ian Gibson. Parece que hay que educar, no solo ganar los procesos judiciales.

Promueve la reforma de la ley de memoria histórica a través de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP). ¿Qué cambios propone?

Está orientada en primer lugar a la exhumación en condiciones. A exhumar también en suelo privado y religioso. Regularizar el personal a pie de fosa, que tengan seguro, gratificación a través de un contrato y coticen a la Seguridad Social. Que las universidades puedan proponer a estudiantes voluntarios. También un procedimiento de plazos. Que las exhumaciones, una vez que se inicia el expediente, hayan concluido en doce meses prorrogables. En retirada de simbología, expedientes de seis meses ampliables a otros seis. Se propone una comisión de expertos en la que no haya un solo abogado ni periodista ni político que determine qué es exaltación y qué no. Una avenida 18 de julio o una calle Generalísimo son muy fáciles de identificar. Pero para aquellas que tengan que ver con gobernadores civiles, personas de la cultura o militares locales que sea una comisión experta la que determine e informe. Todo esto con financiación a través de una subvención finalista con cargo a los presupuestos generales del estado. La cifra que hemos barajado es un millón de euros. Con ese dinero en diez años, diez millones, estarían resueltas las cuestiones de memoria histórica en España, tanto de exhumación como de retirada de simbología.
“En diez años, y diez millones de euros, estarían resueltas las cuestiones de memoria histórica en España”

Una asignatura pendiente es el acceso a los archivos. ¿Han sido oídas sus reclamaciones de apertura interpuestas en 2016?

Presentamos más de 30 peticiones en el Ministerio de Defensa, juntas militares y tribunales militares territoriales. Sólo hubo respuestas formales, ninguna de fondo. Soy pesimista. Hay apellidos que no es bueno que salgan para ningún partido y, por otro lado, puede suponer reclamaciones orientadas a los expolios. No sólo te ejecutaban, además se quedaban con tus bienes y le ponían una multa a la viuda para que tus hijos no pudieran estudiar. Los archivos los tiene Defensa. Con Carme Chacón se iban a publicar y algo pasó, no se sabe qué, pero se paró todo. El procedimiento [para la incautación de bienes] era abrir un expediente de dominio con otro nombre al dueño de la propiedad, que no podía ir al juzgado porque o estaba en una fosa común o en México o en el monte. Así, esas propiedades pasaban a nombre de militares o personas muy afines al régimen. Hoy, los nietos, o terceros de buena fe que hayan comprado o vendido, son ajenos a esta historia. Si se accede a estos datos las reclamaciones colapsarían el sistema.

¿Habría prescrito la reclamación de propiedad sobre esos bienes?

A mi entender no, porque sería la primera vez que se prueba que esos documentos existen. Una vez que se tiene conocimiento de esos títulos, prescribirían a los 20 años. Habría un colapso del sistema administrativo en el que le estado tendría que indemnizar a terceros de buena fe, que son los reclamantes, ya que no se le puede quitar la casa al propietario actual. Por eso, va a ser la parte más compleja de todas, más que la redefinición de simbología y exhumaciones.

Ganó la causa para que Guadiana del Caudillo (Badajoz) aplicara la ley de memoria histórica, ¿fue acatada la sentencia?

Realizaron un catálogo de vestigios con un historiador de la Fundación Francisco Franco. Con dinero público y sin que saliera a concurso. Y el alcalde ha solicitado una indemnización a la localidad por haberlo confeccionado. Además, el pueblo no se ha redefinido; a día de hoy tiene una denominación contraria a la ley de memoria histórica.

Madrid aún tiene pendiente resolver la retirada de placas de calles que mantienen nombres de militares franquistas.

"La ley de Memoria Histórica en Madrid se está cumpliendo al cero por ciento"
Pese a lo que han dicho, estamos igual que con Ana Botella o Alberto Ruiz Gallardón. La ley de Memoria Histórica en Madrid se está cumpliendo al cero por ciento. Alguien ha dicho que los comercios se quejaban, pero no parece que eso sea un problema, ya han dado cambios recientes como las plazas Armada Española o Margaret Thatcher. No creo que haya que renombrar 200 calles, es mejor cambiar 25 o 30 simbólicas, pero hacerlo.

¿Qué solución plantearía para el Arco de la Victoria, a la entrada a Madrid por la carretera de A Coruña?

Se ubica además en la avenida de La Victoria, y es el único elemento del mundo que representa la victoria de los vencedores sobre los vencidos ambos de la misma nacionalidad. No hay en el mundo un monumento igual. No soy partidario de volar ni destruir nada, pero sí de explicar lo que es y retirar en la medida de lo posible los elementos de simbología más visibles y que más hieren. Eso no se ha hecho, y en cambio se retiró la placa de unas monjas que nadie conocía ni reivindicaba y que, además, se ha tenido que explicar en negativo, porque hubo que reponerla. Que se hable de memoria histórica en negativo no hace nada bien, y mientras nosotros discutimos, quien gana es la derecha.