La corrupcion amenaza a la democracia

Ney Lopes Diputado Federal de Brasil y Presidente del Parlamento Latinoamericano

 La corrupción es uno de los mayores problemas que aqueja a las nuevas democracias tanto en América Latina como en gran parte del resto del mundo. Desde la perspectiva de los derechos humanos, la corrupción puede ser vista como uno de los mayores obstáculos en el cumplimiento de la obligación estatal de promover y proteger a los derechos humanos. Sistemas políticos corruptos niegan el derecho fundamental a la participación democrática. La corrupción en el sistema judicial no solo niega el derecho a la igualdad frente a la ley, sino a las mismas garantías judiciales declaradas por los instrumentos internacionales de derechos humanos. La corrupción en las funciones públicas pone a riesgo el derecho a la vida, por ejemplo cuando se le niega asistencia médica a los enfermos o se permite la construcción de edificios o productos defectuosos y peligrosos. Claramente, la corrupción generalizada a niveles mayores roba a un país sus riquezas y lleva a graves violaciones de los derechos económicos, destruye economías y condena a la población al desempleo, al hambre y al desamparo. Los políticos y empleados públicos corruptos no son sólo culpables de crímenes comunes sino de graves violaciones a los derechos humanos. La corrupción constituye uno de los grandes obstáculos al desarrollo de países como Brasil, al restarles condiciones potenciales para un mayor crecimiento económico. Los recientes hechos acontecidos en Brasil justifican un tratamiento especial acerca del tema en cuestión. Si la corrupción se redujera al nivel promedio mundial, según las mediciones de Transparencia Internacional (TI), Brasil incrementaría en 59 por ciento su ingreso por habitante en 26 años, según un estudio de los economistas Fernando García y Marcos da Silva, de la Fundación Getulio Vargas de Sao Paulo. Esta hipotética situación aseguraría un crecimiento anual adicional de 1,8 por ciento. Efectos similares se obtendrían también en Argentina y México, pero en menor medida, porque el resultado es proporcionalmente menor en países de ingresos más elevados, explicó García. Se estima que si se acercara al nivel de Canadá, uno de los países menos corruptos del mundo, Brasil duplicaría su ingreso por habitante dentro de 15 a 20 años. En sociedades corruptas resulta más caro construir una carretera, equipar hospitales y prestar servicios de salud o educación, las comisiones ilegales aumentan los costos y reducen la eficiencia económica y la productividad, indicó. En Brasil, la corrupción se concentraba en las grandes obras de infraestructura, cuando el Estado disponía de recursos para fuertes inversiones. Pero la crisis fiscal y la escasez de proyectos estatales “modificó su perfil”, se dispersó por las compras gubernamentales de todo tipo. Las inversiones se hacen menos productivas y evitan países donde la corrupción genera incertidumbre, lo que provoca aumento de las tasas de interés encareciendo el capital y la generación de empleos. Todo eso contribuye a trabar el crecimiento económico. La corrupción, por la necesidad de invertir o lavar dinero ilegal, agrava también la economía informal, muy alta en Brasil y en otros países latinoamericanos, provocando otros desequilibrios. Brasil se ubicó en el año 2004 en la mitad de la tabla, según la evaluación de TI. Quedó en el lugar 59, entre 90 países evaluados, con una calificación de 3,9 en una escala de cero a 10. El índice de percepción de la corrupción 2005, que se refiere a los tres últimos años, la nota de Brasil cayó de 3,9 a 3,7 (en una escala de 0 a 10, siendo 10 la mejor nota). La nota cinco es considerada por Transparencia Internacional como una especie de divisor de aguas: nota inferior es indicio de serios niveles de corrupción. La caída fue pequeña, pero muestra un retrato decepcionante de los primeros tres años de la presidencia de Luís Ignacio Lula da Silva, que había elegido el combate a la corrupción como una de sus prioridades. Finlandia quedó en el primer lugar, con nota máxima, y Canadá en el quinto, con 9,2, mientras Nigeria ocupó el último puesto, con 1,2. En general, los países ricos y europeos obtienen las mejores calificaciones. Pero hay excepciones como Chile, el menos corrupto de América Latina, con 7,4, y Singapur, que con 9,1 iguala a los nórdicos, mientras Italia, con 4,6, se ubica en el grupo de países de alta corrupción. Una sucesión de escándalos en los últimos años deterioró la imagen de Brasil, que obtuvo mejor calificación en años anteriores. En realidad, la corrupción cobró dimensiones políticas espectaculares en el país durante los años 90, provocando la caída de un presidente, Fernando Collor de Mello, en 1992, varios desafueros en el parlamento y determinando resultados electorales. Pero el último gran escándalo es el que más preocupa a García, ya que involucra al Poder Judicial. Investigaciones parlamentarias y policiales identificaron la desviación de 92 millones de dólares destinados a la construcción de la sede de un tribunal en Sao Paulo, entre 1992 y 1998. Las relaciones viciadas entre el poder público y el sector empresarial privado son las que más afectan a la economía. Un Poder Judicial eficaz es la base de todo, su contagio elimina la disposición de fiscalizar las cuentas públicas y de contener la corrupción. Instituciones de buena calidad, especialmente el Ministerio Público, los tribunales de cuentas públicas, son indispensables para el desarrollo, al determinar la eficiencia de los servicios y políticas públicas, tanto en el área económica como social, y también una actitud positiva de la población, según García. Se estima que en Brasil los contratos del sector público y construcción constituyen el área más vulnerable a la acción de corruptos y corruptores. Corrupción: crisis de gobernabilidad La corrupción impone “amenazas a la democracia, al crecimiento económico y al estado de derecho”. La afirmación está en la declaración final divulgada en la conclusión del IV Foro Global de Lucha contra la Corrupción. La práctica malévola de la compra de votos, el reparto de dádivas a sectores de la población altamente marginados y las falsas promesas llevan a una grave deslegitimación de los poderes públicos y del Estado de derecho, que luego se traduce en una muy alta crisis de gobernabilidad, pues además son estos delincuentes los que desacreditan a la actividad política, a los partidos y al Estado mismo. Y como si esto no fuese ya grave y alarmante, precisamente esos delincuentes son los que bloquean la gobernabilidad, al exigir dádivas pecuniarias, contractuales y burocráticas para dar su voto en las decisiones claves de los órganos colegiados (Juntas, Comités, etc.) o legislativos (Congresos o Parlamentos, federales o estaduales) o administrativos (consejos municipales, por ejemplo). Y también aparece aquí el problema de la financiación de las campañas, al implementarse la nefasta actividad de “invertir” en una campaña para luego exigir al elegido el pago o “retorno de la inversión” mediante la adjudicación de jugosos y leoninos contratos. Todo ello lleva a que nos encontremos ante un tipo de Estado que podríamos llamar el Estado botín, entendiendo por tal aquel que es tomado por verdaderos grupos y mafias delincuenciales para saquear las arcas públicas en su provecho. Y claro, ello lleva necesariamente a continuas crisis de gobernabilidad, muchas veces reflejo más que de enfrentamientos ideológicos o políticos, de competitivas luchas de grupos corruptos que compiten por hacerse del control del presupuesto público. Todo lo cual genera escepticismo y repudio entre el pueblo, lo que explica los resultados de encuestas y estudios que reflejan una altísima deslegitimación de la democracia en América Latina. De acuerdo con una investigación realizada en 2002 por la organización Transparencia Brasil sobre la perspectiva del sector privado con relación a la corrupción, respondida por 92 empresas, la mayoría de la Región Sudeste (origen de los ocupantes de los principales cargos administrativos del gobierno de Lula), la contribución para campañas electorales aparece en segundo lugar (con un 52,7% de menciones, que podían ser múltiples) en la lista de métodos usados para obtener favores de la administración pública, después del pago de prebendas (“coimas”), situación acostumbrada en la corrupción existente principalmente en el área de licitaciones para obras públicas. Cabe recordar que la principal financiadora de la campaña del Partido de los Trabajadores a la presidencia fue la contratista Odebrecht. Preguntadas si ya se habían sentido compelidos a contribuir a las campañas, el 69,7% de los que respondieron contestaron afirmativamente. De éstos, el 58,5% declararon que hubo mención explícita de favores que serían prestados a la empresa a cambio de la contribución. Mientras que el soborno para vencer en competencias públicas es claramente un acto de corrupción, se trata de una acción reglamentada el contribuir a las campañas electorales de candidatos y partidos, siempre y cuando no se mantenga una caja paralela de campaña, hecho que derribó, en 1973, al presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, en el caso conocido como “Watergate”. La investigación revela otros datos, algunos curiosos como la corrupción a la carta ofrecida al sector privado. En lo que se refiere al pago de tasas al gobierno, los administradores privados citaron los principales favores que fiscales de impuestos proporcionan a cambio de “coimas”. El ranking, basado en múltiples menciones en una única respuesta: no fiscalizar e inspeccionar (71,8%), dejar de amenazar a la empresa (48,7%), dejar de notificar fraudes tributarios identificados (46,2%); dejar pasar valores no declarados (43,6%); consejos sobre posibilidades legales de reducir obligaciones (30,8%); cancelar multas ya emitidas (23,1%); concesión de exenciones a las que la empresa no tiene derecho (5,1%). Pero, para no contrariar el ethos de transparencia asumido internacionalmente por Brasil, el gobierno decidió no considerar la gravedad de las denuncias, sólo por reducirle la importancia y las conexiones que sugiere, sólo por volverlo indistinto dentro del número de cuestiones que el Congreso trata en tres Comisiones Parlamentarias de Investigación de Irregularidades (CPI)”, actualmente en funcionamiento. Corrupción, Información, Participación ciudadana Los periodistas de Latinoamérica, parecen estar condenados a pensar, escribir y hablar sobre la corrupción. Es un fenómeno que, si en todo el mundo ocurre, aquí nos afecta mucho más, ya sea por la impunidad de los culpables, ya sea por la tolerancia con que el enriquecimiento ilícito es aceptado socialmente, o ya sea porque los dineros robados hacen tanta falta a la propia vida de los niños, de los retirados, de los trabajadores. Ahora bien, no hay duda de que aparejada con la necesaria participación de los medios de comunicación social en la lucha contra la corrupción, previniéndola mediante campañas institucionales y combatiéndola mediante las necesarias investigaciones y denuncias ante casos concretos de corrupción, está la necesaria autorregulación de la prensa y la prudencia en las informaciones primero para no difamar a inocentes y segundo para asegurar a los presuntos implicados un real derecho de defensa, no sólo ante los entes investigativos sino ante la opinión pública nacional e internacional. Así mismo, el fortalecimiento de la participación ciudadana es pieza clave de la lucha contra la corrupción: una ciudadanía participante, informada, que actúa en procesos de planeación y ejecución presupuestal, que es informada sobre las listas electorales y participa para bloquear aquellos candidatos indeseables por sus actuaciones no trasparentes; una ciudadanía que está atenta a los procesos licitatorios y de contratación pública en general; asociaciones profesionales y empresariales que impulsan códigos de ética y de conducta para luchar contra los actos de corrupción empresarial o profesional en la ilegal búsqueda de la adjudicación de contratos estatales. Todo ello debe impulsarse tenazmente pues es toda una sociedad la que se sume en la corrupción y no solamente su sector público.