Daniel Parodi
Historiador
Los historiadores tendemos a encontrarle causas a todo acontecimiento. Por eso, sin darnos cuenta, consolidamos la cultura autoritaria del país cuando formamos ciudadanos convencidos de que los golpes de Estado se justifican en eventos previos y, por lo tanto, se justificarán también los que pudiesen venir después. Sucede que olvidamos el factor humano, el trabajo de inteligencia, entendido como conspiración para alcanzar el poder, y el proyecto político autoritario. Estas son causas a las que no les damos importancia y deberíamos referirlas al principio cuando explicamos una transgresión del orden constitucional.
Un ejemplo es el golpe de Augusto B. Leguía el 4 de julio de 1919. ¿El Perú vivía una crisis? sí, igual que el resto de América Latina por la baja en la demanda de materia prima debido al fin de la Primera Guerra Mundial. ¿El Perú había crecido socioeconómicamente durante la República Aristocrática y debía emprender un programa progresivo de reformas estructurales? sin duda. Ya en enero de 1919, el presidente José Pardo, ante la presión de la alianza obrero-estudiantil, había consagrado la jornada laboral de ocho horas, y la lucha organizada de los nuevos actores sociales estaba próxima a obligar al poder oligárquico a abrirle el paso a la participación política de las masas.
Luego, ¿era necesario Leguía para implementar estas reformas? Definitivamente no. De hecho, el Oncenio supuso la elección de un modelo de modernización política y económica que resultó perjudicial para el Perú. El ingreso desenfrenado de la inversión y el crédito norteamericanos revolucionaron la infraestructura del Estado, como la anatomía de la ciudad capital al punto que, caído Leguía en 1930, nos esperaba la bancarrota con una deuda externa diez veces superior a la que nos dejaron los moderados aristócratas en 1919. Esto para no hablar de la corrupción desenfrenada que la abundancia de obras públicas y el boom inmobiliario multiplicaron hasta la saciedad.
Respecto de la reforma política, el autocratismo de Leguía fue nefasto: durante el Oncenio los principales líderes del civilismo fueron deportados o se marcharon, los diarios El Comercio y La Prensa fueron asaltados por turbas gobiernistas, la autonomía universitaria suspendida, los sindicatos desactivados, Haya de la Torre y otros líderes estudiantiles conminados en El Frontón y exiliados. Y así se truncó la transición de la República Aristocrática a otra abierta a la participación de las masas. Los demás siguieron el pérfido ejemplo de Augusto Bernardino: Sánchez Cerro, Benavides, Odría, Velasco y Fujimori.
Para comprender un golpe de Estado debemos identificar primero al conciliábulo que lucubró la conspiración. Seguro la calle está difícil, la situación económica inestable. Por eso se reúnen, para aprovechar las circunstancias. Leguía fue audaz, jugó bien sus cartas, le bastó el apoyo de la gendarmería y la creciente animadversión al civilismo para perpetrar el golpe, luego se ganó a las masas obreras, a los estudiantes y hasta al campesinado, validando la propiedad comunal en 1920. El autoritarismo llegó poco después, tan pronto se aseguró de que los civilistas ya no estuviesen en posición de obstaculizar sus planes.
Pasa lo mismo con Alberto Fujimori. Nadie negará la dramática situación del país en 1992, pero tampoco que dos estrategias trazadas en 1989 –creación del GEIN y fortalecimiento de rondas campesinas– definieron la guerra interna. Cuando Fujimori asumió el poder, la caída de Abimael era cuestión de tiempo. En paralelo, Mario Vargas Llosa le ofreció al Perú un plan económico similar pero mejor diseñado que el de Fujimori, sin necesidad de destruir la democracia. Entonces el 5 de abril solo fue necesario en la cabeza de quienes lo tramaron.
Cuidado con encontrarle tanta explicación a los golpes de Estado, no vaya a ser que estemos formando a los dictadores del futuro.
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