Por paradojas de la vida parlamentaria, el Congreso de los Diputados aprobó ayer, veinticuatro horas antes de la solemne sesión que protagoniza Felipe VI de Borbón para conmemorar el 40º aniversario del 15-J, las primeras elecciones democráticas, la devolución del dinero y las cuentas incautadas por el franquismo en la zona republicana. Se estima que el régimen surgido de la sublevación militar golpista del 18 de julio de 1936 se apropió de más de 3.000 millones de euros, en valor actual, dejando a miles de familias en la ruina. El PP votó en contra de la restitución del dinero y los títulos usurpados y perdió.
El debate de la proposición no de ley que ordena al Banco de España la restitución del dinero incautado a los republicanos mediante sendos decretos dictados por Francisco Franco en Burgos en agosto y septiembre de 1938, tuvo lugar en la Comisión de Economía, mientras la mayoría de los diputados tributaban el homenaje anual a las víctimas del terrorismo. La ponente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) Ester Capella y el socialista José Zaragoza estuvieron de acuerdo en la enmienda transaccional que formuló el PSOE y que coincide con el texto aprobado por unanimidad en el Parlament de Catalunya. El mandato establece el procedimiento para el cálculo y la devolución del dinero y las cuentas expropiadas.
Ello exige al Gobierno y a las autoridades monetarias ordenar los archivos y verificar los recibos de las miles de familias expoliadas. Según dijo la diputada Capella, hay más de tres mil familias que conservan los recibos de las cantidades usurpadas. La portavoz de UP en el debate, Aina Vidal, dijo que unas dos mil forman parte de la asociación creada hace varias décadas para luchar por la devolución del dinero que los sublevados les robaron. El socialista Zaragoza defendió su enmienda transaccional recordando que el texto fue votado por todos los grupos, incluido el PP, en la Cámara catalana y señaló que no es una cuestión de grupos políticos, sino de justicia. “Se trata de solventar, cuarenta años después de las primeras elecciones democráticas, un problema que tenemos del pasado”.
En efecto, como también recordaron Capella y Vidal, la restitución del patrimonio y los bienes incautados por el franquismo, fue acometida por los gobiernos socialistas pero sólo a personas jurídicas (partidos políticos y sindicatos, principalemente), pero no a las personas físicas. La Ley de la Memoria Histórica de finales de 2007 mencionó esa deuda pero no aportó solución alguna. “Ahora se trata de establecer el procedimiento de cálculo y devolución de ese dinero”, subrayó Capella. Y que se haga de “una forma razonable, también para el Estado”, agregó Zaragoza.
Con todo, el portavoz del PP, Eloy Suárez Lamata, se desmarcó de la posición de su partido en Cataluña y rechazó la devolución con el argumento de que los contendientes republicanos también requisaron bienes y dinero durante la Guerra Civil y de que “los españoles dejaron de ser enemigos, decidieron enterrar al enemigo, hace cuarenta años”. Se llegó a la votación sin que el portavoz de C`s, Antonio Roldán, desvelara el voto de su grupo. Finalmente se abstuvo, y el PSOE, UP y ERC derrotaron al PP por 20 votos a favor frente a 14 en contra.
Según consta en un informe del Banco de España de fecha 11 de marzo de 1938, el monto total del dinero republicano incautado durante la Guerra civil por el ejército franquista ascendió a 35.047.500 pesetas. Esa cantidad fue expoliada a las familias “en las plazas liberadas del dominio marxista”, tal como disponían los decretos. Los poseedores de dinero emitido antes del 18 de julio debían entregar su dinero en los Ayuntamientos de las zonas “liberadas” por el “Ejército Nacional” y acreditar con testigos fiables (generalmente los curas) que era dinero ganado honradamente. Solo así recibían el “recibo del canje” en “billetes nacionales” que les serían entregados después por las sucursales provinciales del Banco de España.
En miles de casos no hubo tal canje. En virtud de otras disposiciones posteriores fue incautado dinero válido y legal emitido por la República o por instituciones republicanas, que nunca fue devuelto a sus legítimos propietarios. Cálculos posteriores efectuados por historiadores a partir de la documentación recuperada indican que la cantidad anulada por las autoridades franquistas en 1939 ascendió a unos 13.251 millones de pesetas en billetes declarados ilegales y 10.536 en cuentas bancarias bloqueadas.
Una asociación que agrupa a más de setecientas personas expoliadas presentó en 2015 de forma colectiva una demanda de responsabilidad patrimonial contra el Estado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. La asociación se ha ido ampliando con los hijos y nietos de los damnificados que poseen pruebas del expolio. Y según las estimaciones que han trasladado a los autores de la iniciativa (Joan Tardà, de ERC, la planteó en 2004), el capital que les robaron frisa los 3.000 millones de euros en dinero actual.
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados condena la incautación de dinero legal republicano por los sublevados fascistas e insta al Gobierno español a:
1. Investigar el total de dinero incautado por los insurrectos después de 1936 y que conformaron el “Fondo de papel moneda puesto en circulación por el enemigo” así como aquél situado en una cuenta corriente del Banco de España con el título de “Billetes de canje desestimado” y determinar las personas perjudicadas por ello.
2. Reconocer el derecho a obtener reparación a las personas que fueron objeto de las mencionadas confiscaciones de papel moneda y otros títulos fiduciarios emitidos por las autoridades de la República, o a sus causahabientes. El Gobierno deberá establecer el procedimiento y modo de acreditación de la titularidad del derecho, los plazos para ejercerlo, la forma de reparación y el cálculo de su cuantía.»
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