Por Ines Aizpun
El caso Odebrecht no se limita a los 92 millones del soborno confesado porque hay que conocer también la sobrevaloración de los proyectos y la diferencia entre los presupuestos iniciales y los pagos finales. Y añade un lector, profesional de amplia experiencia en el sector: lo más confiable es contratar a una consultora internacional especializada en auditar este tipo de obras.
Ese planteamiento tiene más sentido que organizar una comisión de notables que estudie una obra en concreto. Este no es un caso local ni se arregla con fórmulas locales... Y no nos confundamos, el soborno no lo pagó Odebrecht, lo pagamos todos con nuestros impuestos.
¿No confiamos en el Procurador y su equipo? ¿En otras instituciones? ¿No están capacitadas, no tienen los medios adecuados? ¿Tienen tiempo, ganas y conocimiento los notables nombrados? ¿Qué validez tendrían ante un juez sus hallazgos? ¿Van a trabajar para el Procurador? ¿Por qué deberían hacerlo? ¿Es la versión VIP de una Comisión de Veeduría?
La falta de control, de transparencia y de institucionalidad se corrige con más institucionalidad, no con menos. La sociedad no debe sustituir a las instituciones, aunque quiera y sepa. Eso no funciona. Los empresarios no tienen “el deber ciudadano” de husmear en las cuentas de otros empresarios, ni los religiosos tienen la formación o la autoridad para entrar en los ministerios a revisar papeles.
¿Qué capital extranjero podemos atraer, qué seguridad jurídica podemos exhibir si arreglamos los problemas creando “jurados” paralelos de notables nombrados por el Ejecutivo? La intención puede ser buena, pero es el momento de otro tipo de acciones...
IAizpun@diariolibre.com
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