Rosario Espinal.
La marcha del pasado domingo 22 de enero contra la corrupción y la impunidad fue un acto de movilización social importante. Las razones son diversas, y este es solo un listado general para poner en contexto el evento y su temática.
Primero, la corrupción y la impunidad son problemas ancestrales en la República Dominicana que privan la sociedad de justicia e igualdad. Segundo, la sociedad dominicana es conservadora y quietista, lo que otorga a la clase política un inmenso poder para mantener el sistema de corrupción, clientelismo e impunidad. Tercero, la corrupción no había sido tema importante de movilización social en el país. Cuarto, la marcha contó con buena participación de la clase media, con capacidad de ampliación mediática a través de la prensa tradicional y las redes sociales.
En el momento actual hay tres factores que facilitan la movilización social en torno a la corrupción. Uno, varios casos de corrupción importantes han sido muy publicitados pero no investigados adecuadamente (Odebrecht, Super Tucanos, OISOE, etc.). Dos, la dimensión internacional del escándalo Odebrecht, con evidencias y acciones en otros países, hace que el tema se mantenga sobre el tapete por razones externas. Tres, en sentido más general, las protestas sociales aumentan en el país cuando no hay elecciones cercanas, porque la movilización social reemplaza la partidaria.
Para los organizadores de la marcha, los desafíos principales son mantener las demandas enfocadas en los principales casos de corrupción y evitar la partidización del movimiento. Hacer muchas demandas simultáneas diluye las luchas sociales porque el Gobierno se esquiva en la dificultad para no dar respuesta, y la población pierde el sentido del propósito. Sobre los partidos políticos, es de esperar que los de oposición quieran levantar cabeza con las protestas, y el partido en el poder busque deslegitimarlas. Ojo: en la República Dominicana, los partidos políticos han sido históricamente destructores de los movimientos sociales.
Explico: en las democracias que funcionan mejor, los movimientos sociales se vinculan a los partidos a través de sus posiciones ideológicas, y los partidos se convierten en representantes de las demandas de esos movimientos desde el poder. En la República Dominicana, por el contrario, hay una historia de divisionismo en el movimiento social que refleja el divisionismo manipulador de los partidos políticos; y esos partidos, cuando llegan al poder, no avanzan las causas de los movimientos sociales. Por ejemplo, el movimiento sindical dominicano se dividió en varias centrales obreras que expresaban, cada una, particiones políticas; lo mismo puede decirse del divisionismo en el movimiento estudiantil. Y las organizaciones profesionales han sido históricamente controladas por algún partido a través de sus directivos.
Para el Gobierno, el desafío de enfrentar la corrupción y la impunidad es inmenso. En el país nunca se han procesado casos importantes de corrupción política, aunque muchos políticos se hayan enriquecido ante los ojos de todos. Ponerle el cascabel al gato sería una gran novedad. La presión para la acción es mayor ahora porque el caso Odebrecht es internacional y no va a desaparecer rápidamente por las informaciones que salen en otros países.
El dilema del Gobierno Dominicano radica en que si apuesta a que el tiempo diluya el escándalo Odebrecht, se arriesga a una pérdida de apoyo político significativo; pero si actúa judicialmente, tendrá que procesar peledeístas, porque ellos han gobernado la mayor parte del período en cuestión.
Leonel Fernández perdió mucho apoyo en el 2010-2012 por oponerse a la lucha por el 4% del PIB para la educación. ¿Se arriesgará Danilo Medina a transitar ese camino de deterioro ante la emergente lucha contra la corrupción y la impunidad?
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