Trampas en el caso Odebrecht

Letras Libres

José Luis Taveras

La investigación del caso Odebrecht luce minada. Sobre ella se asientan sombras siniestras que amenazan con diluir su sana gestión judicial. En el desarrollo del proceso se han ido revelando los bordes de una trama que proyecta sabotear sus deseados resultados. Basta acomodar algunos trazos para descubrir la línea que orienta su rumbo. A pesar de eso, la investigación tiene una ventaja: su simpleza; esa condición hace fácilmente notorias las trampas que la pueden trastornar.

Desde que Odebrecht decidió declarar su responsabilidad ante las autoridades judiciales de Brasil y Estados Unidos, admitió que operaba bajo un patrón estandarizado para ganar licitaciones: el soborno. No solo reconoció los montos involucrados ni los periodos de los desembolsos en cada uno de los países donde tenía contratos, sino, además, que la gestión y trámites de esos pagos estaban centralizados en una unidad corporativa. En ningún país Odebrecht obró de forma distinta.

La primera trampa de la oscura inteligencia que subyace en este proceso es crear una distinción artificiosa que nunca existió. Así, el principal ejecutivo de Odebrecht en la República Dominicana declaró ante el procurador haberle entregado el monto total de los sobornos al cabildero Ángel Rondón. De esta forma Odebrecht sale virtualmente del juego acusatorio y se libera de dar los nombres de los sobornados, quedando a la voluntad del señor Rondón decidir, a la carte, a quiénes acusa y a quiénes no.

En vez de negociar un acuerdo con el Ministerio Público, Rondón apela a un argumento inverosímil de defensa: sugiere que esos valores le fueron entregados a título de retribución por servicios profesionales como presunto consultor o “representante comercial” de la empresa. Descarta así que en la República Dominicana, como la Suecia de América, Odebrecht haya pagado coimas, a diferencia de los demás países donde tenía negocios.

El señor Rondón rechaza la confesión de la propia firma constructora de que pagó sobornos y no prestaciones por servicios. La sustentación probatoria de esta posición es bastante escabrosa, ya que obliga al investigado a aportar los contratos de servicios, los registros, los asientos y los documentos que establecen los conceptos y montos de tales pagos, así como las retenciones y declaraciones fiscales; igualmente deberá demostrar que esos desembolsos estaban sustentados en facturas regularmente aceptadas, acusadas y procesadas y que los periodos en los cuales se hicieron no fueron cercanos ni concurrentes con las fechas de las licitaciones “ganadas”. Eso solo sería posible si, como parte de la componenda, hubiera un entramado contable, financiero y operativo concertado entre Odebrecht y el señor Rondón desde el 2001 hasta el 2014 para simular o disfrazar las transacciones, las partidas y los giros implicados y, aun en ese caso, sería remoto para Odebrecht revertir los efectos de su propia confesión. De manera que sacar a Odebrecht del cuadro y dejar las inculpaciones a la discreción de un amigo personal del presidente, además de retorcido, puede resultar frustratorio.

El Ministerio Público tiene medios, poderes y oportunidades para hacer vencer la inercia de Odebrecht a revelar el destino final de los 92 millones de dólares. Es ingenuo pensar que esos pagos no estaban asociados a gestiones particulares sobre las cuales la propia firma estuviera ajena. Odebrecht admitió que fue para soborno y en tal condición no podía ignorar a favor de quiénes y para cuáles obras se desembolsaron. El Ministerio Público debe conminar a Odebrecht con medidas cautelares, suspensión de pagos y contratos, incautaciones, decomisos y demandas indemnizatorias. Si no hace esas diligencias con rigor, sabremos la confiabilidad de su determinación.

La otra trampa de este caso es el manejo sesgado que le ha dado el Gobierno. Al tiempo de iniciar la investigación judicial, el presidente paralelamente designó una comisión para auditar la “licitación y adjudicación” de la central termoeléctrica de Punta Catalina. Esta comisión la nombra el Ejecutivo a su libre discreción. Obvio, el problema crítico aquí no son las formalidades legales y técnicas del proceso per se de “licitación y adjudicación” sino las tratativas, los manejos y las condiciones fácticas que se dieron en las sombras para la selección de Odebrecht y sobre todo en la ejecución contractual y presupuestaria de la obra, circunstancias que nunca podrá revelar el proceso de licitación y adjudicación ni de cuyo examen tiene mandato la aludida comisión.

Inteligentemente, los poderes de la comisión de “notables” fueron limitados por el decreto de su nombramiento únicamente al proceso de licitación y adjudicación. Lo que se busca es obvio: contar con el aval del aparente prestigio moral de ciudadanos “independientes” para el Gobierno quedar redimido de sospecha. Sin embargo, tal pretensión no será tan pasadera por varias razones: a) como lo adelantó uno de los comisionados, Servio Tulio Castaños, el Poder Ejecutivo no tiene calidad ética para nombrar una comisión que califique la regularidad de sus propios actos; esta atribución corresponde más propiamente al control del Congreso como lo ha hecho el parlamento del Perú (ya veremos al cuerpo de constitucionalistas del Gobierno cobrando jugosas consultas para convertir este asunto en un issue técnico); b) la legitimidad de la comisión resulta cuestionable porque su designación fue inconsulta. Era obvio que si el Ejecutivo preguntaba o confirmaba antes pocos aceptarían; quedaron así comprometidos públicamente (por otro lado, la mayoría de los comisionados tiene intereses de distintas facturas en el sector, circunstancia que los invalida para opinar con independencia); c) esta comisión, lejos de ser facilitadora de la investigación del Ministerio Público, puede convertirse en una traba, ya que a pesar de que su dictamen no es vinculante (por ser oficiosa) condiciona sensiblemente la libertad valorativa y la independencia instructiva del Ministerio Público, sobre todo cuando tenga que controvertir la iluminada opinión de este foro de nobles.

Cualquier miembro con sentido de prudencia y decencia hubiera declinado o renunciado, dadas las tormentosas condiciones e intereses que cargan el caso. Ya, de hecho, su presidente, el señor Agripino Núnez Collado, quedó al descubierto cuando pretendiendo rescatar su ilusa imparcialidad renunció como miembro del consejo de directores de una empresa asociada a Odebrecht en la construcción de la misma obra sujeta a auditoria y optó por mantener la presidencia de la comisión. Ese acto, lejos de abonar confianza, evidenció un ejercicio pasmoso de imprudencia ética. ¿Cómo pretende el clérigo sugerir que el conflicto de intereses solo se mantiene mientras él permanezca como miembro del consejo de directores del Grupo Estrella? Esos intereses son preexistentes y seguirán siéndolo aún después de su cantinflesca renuncia. De hecho es una realidad notoria y pública los negocios que vinculan al señor Núñez con el señor Estrella. Lo aconsejable y ético hubiera sido reconocer la situación de conflicto, sin esperar el reclamo público, y luego renunciar a la comisión o a las dos posiciones. Los principios del buen gobierno corporativo recomiendan que cuando existe una concurrencia conflictiva de intereses la inhabilitación se mantiene aún después de cierto tiempo de haber cesado en el cargo o la actividad generadora del conflicto. Pero, conociendo al personaje, era predecible que el empresario religioso, aferrado a un decadente, carcomido y rancio protagonismo mediador, mantuviera su lealtad al Gobierno.

Lo cierto es que a la postre el informe de esa comisión resultará absolutamente irrelevante e indiferente, ya que no añadirá valor probatorio al proceso, pero sobre todo porque concierne a un aspecto periférico del caso pues su objeto y mandato están referidos a un examen formal y extrínseco de un proceso legal y técnico como la licitación y adjudicación. El interés quimérico del Gobierno es tratar de que el lodo de Odebrecht no salpique su obra icónica, olvidando que esa pretensión es un ejercicio masturbatorio si contamos los batracios, reptiles y arácnidos que desde el principio se anidan en Punta Catalina.