Javier Martinez.
El Gobierno central ha respondido a Compromís dos preguntas relacionadas con el Valle de los Caídos, formuladas por el senador Carles Mulet, en las que la formación instaba al Ejecutivo a "desfranquizar el Valle de los Caídos" y a "soltar lastre con sus antepasados ideológicos". El Gobierno se escuda en la Ley de Memoria Histórica de 2007 para asegurar que "desde una perspectiva normativa, resulta claro que el Valle de los Caídos no tiene en la actualidad el significado que sugiere Su Señoría". La ley, argumenta, otorga a la fundación gestora del mausoleo la responsabilidad de "honrar y rehabilitar la memoria de todas las personas fallecidas" en la Guerra Civil. "Que con eso se derive según ellos que el Valle de los Caídos no es un mausoleo franquista es una reducción al absurdo; ya que cualquier ciudadano puede comprobar in situ cómo la fundación no cumple con esos acometidos", critica Mulet.
La petición de la formación valenciana citaba al relator especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, que instó a "reconsiderar" el conjunto monumental. Para el Gobierno, según su respuesta parlamentaria, no hay nada que reconsiderar, ya que la Ley de Memoria Histórica dicta que sus gestores deben "profundizar en el conocimiento de este periodo histórico [la Guerra Civil] y de los valores constitucionales".
Mulet opina que esta labor no se está realizando, y aporta como prueba la posición de los caídos dentro del espacio: "mientras las tumbas de Francisco Franco o José Antonio Primo de Rivera presiden el templo, miles de cuerpos de represaliados están amontonados sin la más mínima mención ni reconocimiento".
A este efecto, Compromís formuló una segunda pregunta, destinada a conocer las "medidas que va a adoptar el Gobierno para cumplir la ley", ya que la tumba del dictador "preside" el monumento y la norma prohíbe simbología franquista en espacios públicos. El Valle de los Caídos "continúa siendo un lugar de exaltación del franquismo, una especie de museo de horrores para los demócratas", argumenta Mulet. La respuesta del Ejecutivo es que no puede cambiar de sitio los lugares de enterramiento de Franco y Primo de Rivera porque así lo dijeron los expertos.
El Gobierno se atañe a las recomendaciones contenidas en el Informe de la Comisión de Expertos, de 2011, que destacaba "las dificultades para revertir la situación creada por los enterramientos en la Basílica". El informe, efectivamente, reconocía los obstáculos, pero aun así recomendó que los restos del dictador se trasladaran "al lugar que designe la familia o al que considere más adecuado". El documento advertía de que la basílica, al ser lugar de culto, entraba dentro de la jurisdicción de la iglesia, un argumento que repite el Ejecutivo de Rajoy en su respuesta parlamentaria por escrito. Sin embargo, el informe recuerda que "el resto del Valle sí es competencia del Estado", por lo que recomendaron redefinir el espacio para rendir homenaje a las víctimas de los dos bandos.
"Ante la inacción del Gobierno por desfranquizar el conjunto, deriva las responsabilidades a la iglesia, cuando no se ha tomado ninguna iniciativa al respecto", afirma Compromís. El senador concluye que el Ejecutivo conservador "está cómodo con el mantenimiento de este monumento de exaltación franquista" y critica que no se cumpla la Ley de Memoria Histórica y que la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos no cumple los principios a los que está sujeta por ley. Los ciudadanos "estamos pagando año tras año a una sociedad opaca para que mantenga un gigantesco mausoleo en honor del genocida Francisco Franco y el dirigente fascista José Antonio Primo de Rivera, mientras los cadáveres de sus miles de víctimas están ocultos en los muros de este monumento", afirma.
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