En estos días de enero de 2017 se espera con inquietud en Salamanca la decisión de la Junta de Patrimonio que ha de establecer si la retirada del medallón de Franco de la Plaza Mayor atenta o no contra el patrimonio de un bien considerado Bien de Interés Cultural. El Relator Especial de la ONU, Pablo de Greiff, en el informe-recomendación entregado al Gobierno de España en 2014, señalaba la democratización de las Fuerzas Armadas como uno de los grandes éxitos que facilitó el tránsito a la democracia en nuestro país, máxime cuando estas habían desempeñado un papel trascendental en el golpe de Estado, la Guerra Civil y la posterior dictadura. Señala así mismo que el proceso por el que se llevó a cabo bien pudiera servir de ejemplo a otras sociedades salientes de dictaduras y totalitarismos, resaltando cómo tuvo particular importancia el consenso habido entre todos los partidos políticos en España y señalándolo como la causa de este éxito que permitió al mismo tiempo una implicación de esas mismas fuerzas políticas en el desarrollo de una política de Estado en torno a este tema, así las Fuerzas Armadas recibieron “un mensaje coherente” por parte de los políticos.
Consenso y coherencia requiere el proceso que ha de llevar a cabo la retirada de uno de los mayores símbolos de exaltación del franquismo en Salamanca, el medallón de Franco que se encuentra en el Pabellón Real de la Plaza Mayor. Pabellón violentado tanto en el aspecto artístico como en el histórico en 1936, cuando se colocó la efigie del golpista en la enjuta que conforma el primer y segundo arco de un ala del inmueble dedicado a figuras de la monarquía española. Los informes y peritajes realizados por expertos y que han sido presentados por los partidos políticos y organizaciones que demandan la retirada del medallón no dejan lugar a duda en relación a que este no se ve afectado por las excepciones de carácter histórico, artístico o religioso contemplados en la Ley para su indulto: históricamente es un elemento que no estaba previsto en el proyecto de la construcción del inmueble; carece de valor artístico reseñable según el peritaje del catedrático de Arte de la Universidad de Granada, el Dr. Alfonso Masó, y además no forma parte de ningún elemento esencial en la estructura del inmueble por lo que su retirada no entraña peligro para la estabilidad del mismo. Por el contrario la exaltación de los principios, doctrinas y valores que el general Franco representa quedan expuestos día a día ante todos los ciudadanos y visitantes en un espacio público, existiendo una grave contradicción entre los principios constitucionales y democráticos del reino de España y lo que el medallón representa y pone en valor.
La Ley 52/2007, conocida como de memoria histórica, se refiere esencialmente al espíritu que guió la Transición, que “nos permitió dotarnos de una Constitución, la de 1978, que tradujo jurídicamente esa voluntad de reencuentro de los españoles, articulando un Estado social y democrático de derecho con clara vocación integradora”. Un reencuentro de los españoles en el que la Ley realiza una mirada especial a favor de todas aquellas personas que en el tiempo anterior a la Constitución fueron víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. Con anterioridad a esta Ley, el 20 de noviembre del año 2002 y por unanimidad en el congreso de los Diputados, se aprobó una proposición de Ley que decía que “nadie puede sentirse legitimado, como ocurrió en el pasado, para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y dignidad de todos los ciudadanos, lo que merece la condena y repulsa de nuestra sociedad democrática”.
Son los valores democráticos los que empujan al consenso y al respeto a las víctimas; es el patrimonio humano el que hay que salvaguardar, es el Estado de Derecho el que hay que fomentar, respetando la norma y el espíritu de la norma. No se puede mantener y fomentar los valores democráticos por un lado y mantener efigies de golpistas y dictadores por otro. Ni las víctimas lo merecen, ni las generaciones futuras lo perdonarían.
María José Turrión pertenece al Cuerpo Facultativo de Archiveros del Estado.
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