Por Alvaro Alvarado.
El país vive hoy los momentos más difíciles de los últimos 27 años después de la invasión militar de Estados Unidos. Nuestra imagen se ha visto duramente afectada por grandes escándalos a nivel nacional e internacional, siendo la corrupción el común denominador.
Hoy más que nunca me pregunto si realmente valió la pena toda la lucha emprendida por miles de panameños en la década del 80, cuando vestidos de blanco agitando banderas y pañuelos, salíamos a las calles gritando ‘Democracia, Justicia y Libertad'.
El 13 de septiembre de 1985 fue asesinado brutalmente el doctor Hugo Spadafora, por miembros de las Fuerzas de Defensa en la zona fronteriza con Costa Rica, hecho que marcó el principio del fin de la dictadura militar encabezada por el Manuel Antonio Noriega, quien había asumido el control del país con mano dura y para ese entonces ya se le acusaba de haber propiciado un fraude en las elecciones de 1984 en contra del doctor Arnulfo Arias Madrid.
El 6 de junio de 1987, el entonces coronel Roberto Díaz Herrera rompe el silencio y hace fuertes declaraciones contra el general Noriega que se convierten en el detonante que impulsa a la sociedad civil a conformar un frente de lucha denominado ‘Cruzada Civilista Nacional' y que tenía como objetivo luchar contra los abusos del comandante de las Fuerzas de Defensa.
De ahí en adelante el país jamás recuperó la calma. Vivíamos en un clima de represión permanente, la economía se fue debilitando hasta llegar al cierre de los bancos. Se realizaron elecciones en 1989, las cuales fueron desconocidas por el general Noriega, siendo esta la gota que derramó el vaso y meses más tardes sufrimos la invasión de Estados Unidos con el saldo de cientos de muertos y heridos, y el país prácticamente destruido y sin un rumbo claro.
Asumen el poder Guillermo Endara, Ricardo Arias Calderón y Guillermo Ford, quienes hicieron un gran esfuerzo por restablecer la vida institucional del país con los pocos recursos con que contaban, sin embargo desaprovecharon la gran oportunidad histórica de construir un nuevo Panamá, con una nueva constitución que nos permitiera a los panameños contar con instituciones sólidas y con una verdadera democracia.
Hoy, 27 años después, el país se encuentra sumido en la corrupción, la inseguridad, con serios problemas de educación, salud, falta de agua potable, alto costo de la vida y con una enorme inequidad social, me pregunto ¿si realmente aprendimos la lección, si aquellos que han gobernado este país en estos 27 años y que los vimos en las calles coreando consignas contra Noriega, lo hicieron para cambiar el país o para llegar al poder a hacer negocios y llenarse los bolsillos y como dice la canción, ‘quítate tú para ponerme yo'?
Millones de dólares en manos de algunos bellacos que llegaron al Gobierno con el animo de enriquecerse, mientras el pueblo se las ve a gatas para poder resolver sus necesidades básicas.
Ahora nos escandalizamos por las informaciones surgidas en Estados Unidos donde se habla del pago de coimas por 59 millones de la empresa Odebrecht a exfuncionarios y empresarios panameños en el periodo del expresidente Ricardo Martinelli. Todos sabemos que la coima siempre ha existido en este país, pero nunca nadie se ha atrevido a investigar, ya que hemos vivido en el país del ‘no te investigo, no me investigas' y al final aquí no pasa nada.
No hay que ser muy inteligente para saber que Odebrecht, no es la única empresa que ha tenido que pagar coimas para hacerse de licitaciones en este país. Es un secreto a voces que la cultura de la coima está instituida en Panamá desde hace muchos años, pero ¿qué hemos hecho para frenarla? Debo confesar que absolutamente nada.
La corrupción es un impuesto que va dirigido a los pobres, ya que son ellos los que se ven más afectados, debido a que gran parte de ese dinero pudo haber sido utilizado en solucionar muchas de sus necesidades.
Es hora de hacer un alto como país y exigir que cada una de las instituciones juegue su rol. La justicia, a esclarecer todo lo sucedido, a castigar a los corruptos sin contemplaciones y a recuperar lo que nos robaron. El Ejecutivo, a cooperar con la justicia en todo lo que sea necesario para aclarar este escándalo y a reformar junto con la Asamblea Nacional todas las leyes que sea necesario reformar para cerrar cualquier portillo a la corrupción.
PERIODISTA
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