Diego Jiménez
En estos más de cuarenta años transcurridos desde la muerte del dictador Franco, parece innegable que, a la luz de ciertos comportamientos y actitudes, hay un franquismo sociológico incrustado en una parte significativa del pueblo español que no ha logrado soltar del todo las amarras que le ataban a ese aciago periodo de nuestra Historia más reciente. Franquismo sociológico al que hay que añadir el que, sin duda alguna, perdura en algunos partidos e instituciones del Estado. Por ejemplo en el PP. El hecho de la inexistencia en España de una formación política que sea la nítida expresión de la extrema derecha hace posible que personas identificadas con esa ideología hallen cobijo en las filas del partido del Gobierno. Unos cuantos hechos.
El pasado mes de diciembre, por la prensa conocimos el homenaje tributado por la Fundación Francisco Franco a tres cargos del PP por honrar la memoria del caudillo, con la concesión de los diplomas de Caballero y Dama de Honor. Los ´méritos´ de Antonio Pozo, alcalde popular de Guadiana del Caudillo, y de Ana Rivelles, alcaldesa de la localidad toledana de Alberche del Caudillo, fueron, como cabe suponer por la denominación de sus respectivas localidades, el negarse a suprimir, en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, el nombre del dictador.
Otro homenajeado, Juan Antonio Morales, diputado de la Asamblea de Extremadura, se unió a las personas anteriores. Una y otros coincidieron en defender su supuesta ´verdad histórica´ relativa al dictador, y afirmaron que la Historia del franquismo ha sido tergiversada en los manuales escolares. El asunto tiene su enjundia. Una broma sobre Carrero Blanco de la tuitera murciana Cassandra lo entiende la Fiscalía como enaltecimiento del terrorismo. Entonces, ¿me quieren explicar qué denominación le damos al hecho de ensalzar la figura de un dictador sanguinario, donde los haya? Si hay franquistas camuflados en el seno del PP (que, dicho sea de paso, se ha venido negando a condenar el franquismo y que ahora niega que el Valle de los Caídos sea un memorial para la exaltación de la memoria del dictador), a lo mejor es que estamos siendo gobernados por un partido que sólo formalmente abraza ciertas posiciones democráticas. Y digo formalmente con toda rotundidad. ¿Recuerdan a Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, defender hace un año la figura de Millán Astray, al que consideró benefactor? Sí, el mismo que interrumpiera el discurso de Unamuno en la Universidad de Salamanca al grito de ¡Muera la Inteligencia, viva la Muerte! y que capitaneaba una Legión que masacró a sangre y fuego la revolución de Asturias de octubre de 1934 y posteriormente se alineó gustosamente con los generales golpistas del 36.
En otro orden de cosas, cuando arriba citaba que el franquismo aún seguía también incrustado en el seno de las instituciones, me refería, por ejemplo a la Audiencia Nacional. A estas alturas, con una democracia que está haciendo aguas (La Ley Mordaza y el reciente caso Cassandra son algunos de los ejemplos más nítidos), coincidirán conmigo en que las actuaciones y resoluciones de este alto Tribunal nos retrotraen a etapas anteriores que creíamos superadas. Unos ejemplos.
La Audiencia Nacional se negó a extraditar a Argentina, en la causa contra el franquismo que instruye la jueza María Servini, al exinspector de policía Juan Antonio González Pacheco, ´Billy el Niño´, al considerar que los trece delitos de torturas que se le atribuyen no pueden considerarse de lesa humanidad. De haber sido reconocidos como delitos de genocidio, no hubieran prescrito, pero, al ser ´sólo´ torturas, el plazo ya se ha cumplido, pues se cometieron entre 1971 y 1975. También se rechazó la extradición del exguardia civil Jesús Muñecas Aguilar, por el mismo motivo. Y recientemente, hemos conocido que un militar argentino, responsable de torturas en la dictadura militar de aquel país, campa a sus anchas por España. El excoronel Rodolfo Wagner, reclamado por 48 delitos por el Juzgado Federal de Mendoza, fue detenido por la Policía española e ingresó el 9 de marzo del pasado año en los calabozos de la Comisaría General de Información, en Canillas, pero fue puesto inmediatamente en libertad por orden de la Audiencia Nacional, al considerar que dichos delitos habían prescrito.
La Audiencia Nacional es una ´tachuela´ incrustada en el seno de un Estado formalmente democrático. Recordemos que se creó por Decreto Ley el 4 de enero de 1977, el mismo día en que fue disuelto el Tribunal de Orden Público (TOP) franquista, con unas funciones similares. Recordemos que, a su vez, el TOP vino a sustituir la labor desempeñada por los tribunales militares y asumió la totalidad de las actuaciones propias del Tribunal Especial de la Masonería y el Comunismo. Y recordemos también que, según el articulista Enrique Roldán, hasta 16 jueces del TOP (esto es, el 62,5% del total) fueron magistrados en la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo durante la democracia y mantuvieron la Cruz de Raimundo de Peñafort, una medalla al mérito jurídico instituida en 1944.
En resumen: franquismo sociológico, franquismo institucional y tics al menos autoritarios (por calificarlos eufemísticamente) en dirigentes del PP. El franquismo sobrevive.
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