Por: Franklin Báez Brugal
El escándalo provocado por la confesión de la empresa Odebrecht, admitiendo el pago de sobornos en doce países para facilitar la obtención de importantes contratos, ha salpicado una buena cantidad de políticos y empresarios, y en nuestro país embarra a más de un gobierno. Ya en otros lugares algunos implicados se encuentran en prisión, aquí pese a indicios y pruebas encontradas, parece que existe temor de actuar como se debe.
Esta situación trae a mi memoria el discurso que pronuncié a finales del año 2015, en ocasión del aniversario de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, en el que fui muy crítico con el Poder Judicial por su pobre actuación contra los casos de corrupción y su complacencia con el Poder Político. Señalé, que “un país sin una justicia que funcione de manera independiente, sin ataduras políticas e integrada por personas capaces, honestas y responsables, es como un barco a la deriva”, por la indefensión en que se encuentran sus ciudadanos.
Aquí por lo que vemos, parece que la justicia no es ciega, como se supone que sea, si no tuerta, ya que no vaciló en condenar a penas de prisión a varios banqueros y empresarios, pero no se atreve a condenar a ningún político de importancia.
Este caso que tiene entre manos, pondrá de nuevo a prueba las responsabilidades del Poder Judicial, pues aquí no se trata de que Odebrecht pague una indemnización y archivar el asunto. Es necesario que todo aquel que disfrutó de los US$92 millones, y se lucró con las sobrevaluaciones, sea condenado y cumplan las penas que les corresponden.
Los ejemplos que hemos visto en el pasado reciente, no son muy esperanzadores, sin embargo en esta situación la reacción de la ciudadanía ha sido contundente, las muestras de rechazo ante los actos de corrupción y la impunidad, se han manifestado de diversas maneras, culminando con una gran marcha de protesta por el actual estado de cosas.
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La indignación ciudadana tiene razón de ser, pues pese a declaraciones oficiales de que no se tolerará la corrupción, viejas prácticas y algunas nuevas modalidades ocurren sin que las sanciones anunciadas se hagan presentes.
Este caso, que era un secreto a voces, por lo generalizado del soborno, se puede equiparar a lo que ocurre en una “cleptocracia”, en donde casi todo el mundo roba, y no existen consecuencias.
Aquí vemos como el caso de Odebrecht se mezclan el tráfico de influencias, soborno, iniciativas empresariales, en un entramado de intereses que parecía prácticamente perfecto, hasta que el protagonista habló.
Sólo una ciudadanía organizada, exigente y denunciante, puede lograr que la práctica del manejo patrimonialista y clientelista del Estado, la ausencia de transparencia y de rendición de cuentas, así como las actuaciones poco éticas del empresariado cesen de una vez por todas.
Manos a la obra.
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