Editorial Diario Libre.
Estamos asistiendo en el país a la acomodación de las leyes, o a su simple descarte, en beneficio de partidos políticos, instituciones del Estado y particulares con poder. Se dirá que siempre ha sido así, pero no tanto como ahora.
Estamos asistiendo en el país a la acomodación de las leyes, o a su simple descarte, en beneficio de partidos políticos, instituciones del Estado y particulares con poder. Se dirá que siempre ha sido así, pero no tanto como ahora.
La AMET y la Fiscalía, alargando hasta el infinito la Ley 241 de Tránsito, pretenden despojar de su propiedad a propietarios de vehículos que por diversas razones han sido incautados. Nada los autoriza a hacer esto, sin orden de un juez que no pueda ser recurrida.
La Constitución es clara sobre que los diputados y regidores deben ser repartidos de acuerdo con la población, pero el Tribunal Superior Administrativo, que hace tiempo no pega una, le da la razón a los partidos, encabezados por el partido de gobierno, interpretando lo que está claro, lo que constituye una herejía en derecho.
A lo que estamos asistiendo es a una degradación del valor de la ley, que podría explicar el caos actual. El desorden en que se vive, desde el tránsito hasta el Gobierno, tiene su explicación en la devaluación de la ley. Así, no vamos a parte.
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