Ignacio Camacho.Se ha hecho justicia. La opinión pública española está satisfecha porque la Infanta Cristina va a ser juzgada en el proceso sobre los negocios turbios de su marido. El Estado blasona de la imparcialidad de un aparato judicial capaz de sentar en el banquillo a la hermana del Rey, y hasta puede que al propio Monarca le convenga esta decisión dolorosa para él que sin embargo favorece la reputación escrupulosa de la Corona. Complacencia general: ha triunfado el derecho democrático, la ley es igual para todos, etcétera.
Y se ha hecho justicia, en efecto, porque las magistradas de Palma han decidido en plena libertad y de acuerdo con sus criterios jurídicos, que les llevan a enmendar la plana a la doctrina jurisprudencial del mismísimo Tribunal Supremo. Pero precisamente en virtud de esa ecuanimidad procesal, fundada en exclusiva en la interpretación técnica de la ley de acuerdo con la conciencia y el conocimiento profesional de las juezas, su fallo habría sido igual de impecable y honesto de haberse inclinado por la exoneración de la acusada. Sólo que en ese caso la resolución no hubiese contado con el general benéplacito de una sociedad mayoritariamente partidaria de someter a la Infanta a la anticipada pena de escarnio. Y las tertulias mediáticas, las redes sociales y todas las variantes posmodernas del arbitrismo de barra de bar o de corrala de vecinos repetirían como un mantra el lamento demagógico de la doble vara de medir imputados. Porque el consenso popular sobre la virtud de la justicia se basa en la coincidencia de sus veredictos con la convicción emotiva de una masa social que desconoce los fundamentos y las garantías del Derecho.
Por esa misma razón sería un odioso cenizo, un defensor de los privilegios de la casta, del régimen y del búnker, el ciudadano que se atreviese a especular con la hipótesis de que en el ánimo de la Sala haya podido pesar la evidencia de esa percepción colectiva. De que ante la ausencia de pautas claras sobre la interpretación de un supuesto procesal discutible y complejo, el tribunal haya optado por la solución más proclive a la sensibilidad pública e incluso a la conveniencia política del sistema. De que el legítimo entendimiento de sus señorías haya acabado, en el ejercicio de su soberana independencia, por aplicar una especie de acepción de personas en términos inversos. De que, en definitiva, la imputada hubiese podido correr suerte distinta de no tratarse precisamente de una Infanta.
Tal suspicacia carecería, en todo caso, de sentido. Porque de ser acertada determinaría también la sentencia del caso, abocándola a una condena inevitable según la lógica de la justicia populista. Y porque quienes han predeterminado la culpabilidad penal de Cristina de Borbón, al margen de su manifiesta falta de ejemplaridad moral, no se van a conformar con verla en el banquillo una temporada.
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