Mario Rivadulla.
Cuando se menciona la Seguridad
Ciudadana, tema cuya preocupación domina el encabezado de prácticamente todas
las encuestas que auscultan los principales motivos de queja de la población,
pensamos de inmediato, única y exclusivamente, en la frecuencia de los hechos
de violencia criminal y censuramos a las autoridades por su ineficiencia en
controlar la misma.
No es esta, sin embargo, la única forma
en que la integridad física y el patrimonio de la gente quedan expuestos. Hay
otras diversas maneras en que ocurre, aunque llamen menos la atención. Una de ellas acaba de manifestarse ahora mismo
con la explosión de la envasadora de gas, instalada en Los Ríos, ubicada en
medio de un sector poblado, donde operaba anillada por un gran cantidad de
viviendas por lo general de muy endeble construcción.
El resultado de la explosión ocurrida en
la madrugada del martes fue de varios heridos, algunos de ellos con quemadas de
consideración que obligan a mantenerlos en cuidados intensivos, una cantidad de
casas y vehículos destruidos y varios cientos de damnificados, a los cuales se
dispuso de inmediato asistir y alimentar a través de los Comedores Populares.
El accidente que pudo haber adquirido
proporciones catastróficas ha sacado a discusión si cuando la envasadora se
instaló en el lugar del siniestro, fue antes o después que la misma quedará
arropada por el conjunto de viviendas que la rodeaba. En este sentido hay versiones contrapuestas. Algunas sostienen que si y otras, en cambio,
lo niegan. Es algo que por la falta de
registros confiables posiblemente llegue a ser una discusión tan interminable e
indefinida como la de quien fue primero: si el huevo o la gallina.
Salta a la vista que cualquiera que sea
la respuesta, el siniestro ocurrido involucra directamente la responsabilidad
de las autoridades.
Estas sostienen que la envasadora era
inspeccionada anualmente y que cumplía con todos los requisitos exigidos por la
ley.
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Info construcciondominicana.net@gmail.com
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Sin poner en duda ese aserto, hay una
realidad irrefutable: si ya el sitio estaba poblado antes de instalar la
envasadora, entonces nunca debió habérsele concedido la licencia ni permitido
se estableciera por lo menos hasta reubicar a distancia prudente las viviendas
existentes y si por el contrario ocurrió al revés, tampoco debió permitirse que
se levantasen edificaciones en los alrededores del negocio y a menos de la
distancia que establecen las normas legales.
Lo cierto es que por más estrictas que
sean las medidas de seguridad que se adopten, siempre existe el peligro de
accidente en instalaciones donde se llevan a cabo operaciones de alto riesgo,
aún en países de gran desarrollo en que existen mecanismos muy avanzados y
precisos de prevención. Baste recordar como referencias: la explosión en la
planta nuclear soviética de Chernobyl, varios años atrás y la más reciente de
Fukuhisma, en Japón. Pero en ambos casos
estaban situadas a buena distancia de sitios poblados.
Lamentablemente aquí, en que la ciudad
capital ha crecido en forma totalmente desordenada y medalaganaria, sin
sujeción a un plan de desarrollo urbano y cualquier “padre de familia” se
apodera de un terreno público para levantar una vivienda sin importar el entorno
en que lo haga y sin que ninguna autoridad se lo impida alguna y elementos inescrupulosos, ganados por la
codicia sin freno, instalan también sus negocios, sea envasadora de gas,
estación de expendio de gasolina, taller de fabricar fuegos artificiales o
cualquier otro de gran riesgo actúan igual, pueden ocurrir y de hecho, así
sucede accidentes que pudieran evitarse si las autoridades no fueran propicias
al soborno y compadreo y estuviesen vigilantes y atentas a cumplir con su deber
para evitar este tipo de accidentes.
Esto, puesto apostarse de seguro, pese a
las advertencias de que en lo adelante se aplicará la ley de manera estricta,
seguirá sucediendo, una vez que se disipe el interés público por lo ocurrido,
sustituido por otras nuevas noticias y ocurrencias del día a día.
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