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jueves, 17 de septiembre de 2015

Presos políticos en el siglo XXI


Por Marisol Vicens Bello. 17 de septiembre de 2015 - 12:09 am -  
Y esta no es solo la situación de Leopoldo López, sino la de muchos otros venezolanos, incluyendo jóvenes estudiantes que por alzar su voz de protesta el régimen decidió liquidarlos quitándoles la vida o despojándolos de sus derechos, apresándolos o sentenciándolos arbitrariamente
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Marisol Vicens Bello

Socia de Headrick Rizik Alvarez & Fernández desde el año 2000. Miembro del Comité Ejecutivo del CONEP, Asesora legal de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD). Fue presidente de COPARDOM y de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE).
Es inaceptable que en un supuesto régimen democrático, que se autoproclama como propulsor de la Revolución Bolivariana del Siglo XXI, se pretenda condenar a casi 14 años de prisión a  opositores, por el simple hecho de disentir del régimen y protestar contra el mismo.
Huelga decir que se trata de un proceso que no merece ninguna credibilidad en el que se han violado los más elementales principios del debido proceso, desde el momento mismo de la entrega voluntaria realizada por Leopoldo López, quien ha estado sometido a toda clase de atropellos  y conculcación de sus derechos desde que fue apresado hace más de un año y medio.
Estas son las funestas consecuencias de un sistema en el que las instituciones no funcionan a servicio de la ciudadanía sino de las autoridades, en el que la separación de los poderes es totalmente inexistente y tanto la ley como la justicia se convierten en meros instrumentos de represión al servicio de los dirigentes.
Lo más penoso de este caso es que a un régimen que ha mostrado toda clase de evidencias de ser una dictadura, bajo el falso ropaje de democracia y de elección popular, se le tolere actuar abusiva y soberanamente a su antojo violando los derechos humanos y las libertadas individuales
Y esta no es solo la situación de Leopoldo López, sino la de muchos otros venezolanos, incluyendo jóvenes estudiantes que por alzar su voz de protesta el régimen decidió liquidarlos quitándoles la vida o despojándolos de sus derechos, apresándolos o sentenciándolos arbitrariamente; o condenándolos a sufrir las penurias de la carestía total de libertades, productos y servicios esenciales, o a abandonar su país.
Lo más penoso de este caso es que a un régimen que ha mostrado toda clase de evidencias de ser una dictadura, bajo el falso ropaje de democracia y de elección popular, se le tolere actuar abusiva y soberanamente a su antojo violando los derechos humanos y las libertadas individuales, lo que sienta un funesto precedente del cual mañana nos arrepentiremos.
Lamentablemente aunque los países son supuestamente iguales, “unos son más iguales que otros”, utilizando la célebre expresión de George Orwell, por eso el  orden internacional actúa de forma diferente según el peso económico y político de cada uno de ellos; lo que ha beneficiado a dicho régimen.
Más aún, el régimen chavista no solo ha comprado adhesiones dilapidando el apetecido oro negro venezolano sino que ha auspiciado la creación de sus  propias organizaciones internacionales, para no solo contrarrestar otras  como la OEA, sino para lograr que a lo interno de éstas ellos actúen como un bloque, como sucedió recientemente con la votación de la reunión de Cancilleres propuesta por Colombia por la crisis fronteriza con Venezuela, en la que de 16 países que rechazaron la moción o se abstuvieron, prácticamente todos son aliados de Venezuela en Petrocaribe, ALBA o UNASUR.
Ante la mirada cómplice y silente de los gobiernos de América, algunos pasados presidentes han tenido que llenar el vacío y convertirse en las voces que claman por el respeto a los derechos y las libertades en Venezuela.  El reciente fallo aunque no ha provocado una convocatoria de la OEA, al menos ha originado manifestaciones de preocupación de parte de los Estados Unidos, la Unión Europea,  la Cancillería Chilena y organismos de las Naciones Unidas.
Como dijera el propio Leopoldo López, se  entregó a una “justicia injusta”, que ha llegado al extremo de dictar un fallo tan arbitrario, que deslegitima no solo los severos cargos impuestos a ciudadanos que son presos políticos, sino la autoridad de un régimen a todas luces languideciente, que intenta ocultar su estrepitoso fracaso silenciando a la gente.

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