El cambio de la dictadura a la democracia en España se ha considerado modelo en el mundo
15.09.2015 | 09:03
José Luis Martín Rodríguez
JOSÉ LUIS MARTÍN RODRÍGUEZ Cuando aquel filósofo griego se ocupó de los sistemas de gobierno de la ciudad nos expuso, con su claridad característica, los distintos tipos que se pueden dar y hasta nos los enjuició de un modo general. El mejor sistema, para él, sería la monarquía (gobierno de uno solo); seguía la aristocracia (gobierno de los mejores); siguiendo en deterioro, venía la democracia (gobierno del pueblo); y, cuando este pueblo enviciaba el sistema de gobierno con la implantación de un monumental desgobierno, el sistema imperante era la demagogia. El ciclo continuaba y, en ese barullo, una persona -generalmente el más "caradura" diríamos hoy- se levantaba con el poder; y se llegaba por tal camino a una monarquía que, por la naturaleza del monarca, se podría sospechar tiranía: el nuevo monarca, surgido de la demagogia, sería un perfecto tirano, aunque en nuestros tiempos se le llamaría dictador.
En nuestro país pasamos felizmente de una dictadura a una democracia, conservando incluso una monarquía constitucional. El sistema adoptado el año 1975 significó un cambio tan ejemplar que se lo consideró "modelo" en el mundo. La democracia instituyó sus tres poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) que han venido funcionando con sus buenos aciertos y sus disculpables errores; pero era una verdadera democracia. El legislativo ha ido implantando leyes -unas perfectas y otras algo menos-; el ejecutivo ha venido gobernando España -con sus aciertos y con sus errores-; y el judicial -aunque lento y no completamente perfecto- ha venido dictando sentencias, que han sido respetadas o no han conseguido su propósito.
Pero por ese camino hemos llegado a un punto que resulta inadmisible a muchas personas amantes de lo mejor para el país. En los tres poderes han entrado una serie de ciudadanos de ideologías no siempre claras y con frecuencia indefinidas. En muchos lugares, como consecuencia del proceso electoral dirigido a los municipios y comunidades autónomas, se ha llegado a situar en lo más alto del poder correspondiente a algunas personas que se han convertido en verdaderos dictadores, aunque se les llame alcaldes o presidentes de la comunidad autónoma. Observamos que esas personas -o, a lo sumo, pequeños grupos- se saltan "a la torera" verdaderas leyes de ámbito nacional. Y el pueblo, que es quien debe gobernar en teoría, calla y obedece o consiente las genialidades que se le han ocurrido a su alcalde o alcaldesa, o lleva a la práctica el decreto que ha imaginado el presidente (o presidenta) de su comunidad autónoma. Hablando en plata: el "dictadorzuelo" de turno ha vulnerado la legislación vigente y ha emitido por su cuenta una disposición ilegal, sin que le haya sucedido nada.
Si esas conductas proliferan, de los ocho o diez casos existentes podríamos llegar a más del 50% de las instituciones desobedientes. Y, si a eso llegáramos, o democráticamente habría que cambiar las leyes -de acuerdo con la nueva "mayoría"-, o se daría por buena la demagogia, con el peligro de que alguien -más osado que los demás- instaure una tiranía, acongojante -como todas- para el simple ciudadano español.
Nos queda una solución fácil, si la democracia domina en el pueblo. A la vuelta de la esquina están unas elecciones generales, que deben llevarnos a eliminar toda esa serie de grupúsculos -aunque tengan ahora cientos de miles de votantes-. Sería de desear que el partido en el poder promueva la esperada disposición de que sea el partido más votado el que asuma el poder automáticamente. Es la única manera de obedecer la voluntad del pueblo. Otra cosa nos llevará a lo que tenemos ahora mismo en las dos mayores ciudades de las patria. Y seguiremos, con totalidad impunidad para los desobedientes, acatando la eliminación de nuestra bandera, la exhibición de banderas ilegalmente erigidas, ejecutando decretos perjudiciales para las ciudades? sumidos en una verdadera demagogia inicial.
Que el sentido común y la clara obediencia a la legalidad se impongan y que los ciudadanos emitan su voto responsablemente para conseguir, democráticamente, un verdadero "estado de derecho". Ahora llevamos camino de llegar a un verdadero "deshecho del Estado" y asesinato de la democracia.
En nuestro país pasamos felizmente de una dictadura a una democracia, conservando incluso una monarquía constitucional. El sistema adoptado el año 1975 significó un cambio tan ejemplar que se lo consideró "modelo" en el mundo. La democracia instituyó sus tres poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) que han venido funcionando con sus buenos aciertos y sus disculpables errores; pero era una verdadera democracia. El legislativo ha ido implantando leyes -unas perfectas y otras algo menos-; el ejecutivo ha venido gobernando España -con sus aciertos y con sus errores-; y el judicial -aunque lento y no completamente perfecto- ha venido dictando sentencias, que han sido respetadas o no han conseguido su propósito.
Pero por ese camino hemos llegado a un punto que resulta inadmisible a muchas personas amantes de lo mejor para el país. En los tres poderes han entrado una serie de ciudadanos de ideologías no siempre claras y con frecuencia indefinidas. En muchos lugares, como consecuencia del proceso electoral dirigido a los municipios y comunidades autónomas, se ha llegado a situar en lo más alto del poder correspondiente a algunas personas que se han convertido en verdaderos dictadores, aunque se les llame alcaldes o presidentes de la comunidad autónoma. Observamos que esas personas -o, a lo sumo, pequeños grupos- se saltan "a la torera" verdaderas leyes de ámbito nacional. Y el pueblo, que es quien debe gobernar en teoría, calla y obedece o consiente las genialidades que se le han ocurrido a su alcalde o alcaldesa, o lleva a la práctica el decreto que ha imaginado el presidente (o presidenta) de su comunidad autónoma. Hablando en plata: el "dictadorzuelo" de turno ha vulnerado la legislación vigente y ha emitido por su cuenta una disposición ilegal, sin que le haya sucedido nada.
Si esas conductas proliferan, de los ocho o diez casos existentes podríamos llegar a más del 50% de las instituciones desobedientes. Y, si a eso llegáramos, o democráticamente habría que cambiar las leyes -de acuerdo con la nueva "mayoría"-, o se daría por buena la demagogia, con el peligro de que alguien -más osado que los demás- instaure una tiranía, acongojante -como todas- para el simple ciudadano español.
Nos queda una solución fácil, si la democracia domina en el pueblo. A la vuelta de la esquina están unas elecciones generales, que deben llevarnos a eliminar toda esa serie de grupúsculos -aunque tengan ahora cientos de miles de votantes-. Sería de desear que el partido en el poder promueva la esperada disposición de que sea el partido más votado el que asuma el poder automáticamente. Es la única manera de obedecer la voluntad del pueblo. Otra cosa nos llevará a lo que tenemos ahora mismo en las dos mayores ciudades de las patria. Y seguiremos, con totalidad impunidad para los desobedientes, acatando la eliminación de nuestra bandera, la exhibición de banderas ilegalmente erigidas, ejecutando decretos perjudiciales para las ciudades? sumidos en una verdadera demagogia inicial.
Que el sentido común y la clara obediencia a la legalidad se impongan y que los ciudadanos emitan su voto responsablemente para conseguir, democráticamente, un verdadero "estado de derecho". Ahora llevamos camino de llegar a un verdadero "deshecho del Estado" y asesinato de la democracia.
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