En los últimos 25 años, 15 de los 39 presidentes de países centroamericanos han estado bajo sospecha de corrupción
JOSÉ MELÉNDEZ San José (Costa Rica) 3 SEP 2015 - 00:56 CEST
El guatemalteco Otto Pérez Molina y el panameño Ricardo Martinelli Berrocal se han unido este año a otros 13 presidentes centroamericanos que entre 1990 y 2015 han sido denunciados por actos de corrupción política cometidos antes, durante o después de sus gestiones. Otto Pérez niega las acusaciones mientras el Congreso ha dado luz verde a que se someta al dictamen de la justicia.
Martinelli, que finalizó el 1 de julio de 2014 su quinquenio, se refugia en Miami desde el pasado enero, cuando la Corte Suprema de Justicia de Panamá aprobó la supresión de su inmunidad para que fuera juzgado por presunta corrupción. Martinelli también rechaza los cargos que se le imputan.
Estos mandatarios son dos de los 15 —del total de 39 que han gobernado alguno de los seis países centroamericanos en los últimos 25 años— que están o han estado bajo sospecha de cometer irregularidades. El resto lo conforman los costarricenses Rafael Ángel Calderón (1990-1994), José María Figueres (1994-1998) y Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002); los panameños Ernesto Pérez Balladares (1994-1999) y Mireya Moscoso (1999-2004); el salvadoreño Francisco Flores (1999-2004); los hondureños Rafael Callejas (1990-1994) y Manuel Zelaya (2006-2009); los nicaragüenses Arnoldo Alemán (1997-2002), Enrique Bolaños (2002-2007) y Daniel Ortega (1985-1990); y los guatemaltecos Jorge Serrano (1991-1993) y Alfonso Portillo (2000-2004).
Recursos públicos
De los 15, solo Calderón (Costa Rica), Rodríguez (Costa Rica), Alemán (Nicaragua) y Portillo (Guatemala) estuvieron encarcelados, mientras que Flores (El Salvador) sigue en arresto domiciliario. Portillo fue extraditado en mayo de 2013 a Estados Unidos por lavado de dinero. El dirigente consiguió reducir la pena al admitir los cargos y, el pasado febrero, volvió a Guatemala.
Por su parte, Juan Orlando Hernández, mandatario de Honduras desde enero de 2014, admitió que financió parte de la campaña presidencial para las elecciones que ganó en 2013 con dinero obtenido de un millonario desfalco a la seguridad social. El dirigente no está, sin embargo, acusado de irregularidades con recursos públicos, pero miles de ciudadanos indignados exigen su renuncia inmediata. Las protestas sociales se han sucedido en muchos países contra unos dirigentes acorralados por las denuncias de corrupción.
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