3 de enero de 2016 - 12:09 am - 0
El mundo está más atento a Venezuela, los vientos del Sur obligan, se empiezan a cuestionar complicidades y el silencio latinoamericano. Mientras se observa un errático gobernante, en plena crisis de bipolaridad política, referirse a los resultados de la oposición como un "fraude electoral"
Las elecciones del pasado 6 de diciembre en Venezuela, fueron ampliamente ganadas por la oposición, con 112 diputados de los 167 escaños que conforman la Asamblea Nacional, dando mayoría calificada que permitiría hacer transformaciones políticas significativas.
La nueva asamblea debe empezar su mandato el próximo 5 de enero. Esto, siempre que el presidente Nicolás Maduro lo permita.
Jugar a hacer elecciones en regímenes autoritarios -tras 17 años de gobiernos elegidos por un sistema electoral “inexpugnable” según Leonel Fernández, Jefe Misión de UNASUR- puede ser ficción política de inesperados resultados, para unas autoridades negadas a abandonar el poder. Y dolorosas para un pueblo exhausto, con 70 % de la población empobrecida e ilusionada con el cambio.
Es difícil pronosticar un traspaso de la asamblea sin trauma. Tras unas elecciones plagadas de ventajismo e irregularidades por el oficialismo, que organizó un circuito electoral (que no funcionó) apoyado en los recursos de Estado para perpetuarse en el poder (epidemia que se manifiesta en varios países de la región).
El hecho de que se convoque a elecciones no garantiza democracia. Venezuela lo sabe muy bien. Dejó de ser una democracia hace unos años, viviendo una relación ” democrática” a dos velocidades, con un discurso legalista hacia afuera, Constitución en mano, y autoritario -delincuencial al interno. Con los poderes secuestrados al servicio de un gobierno, que no dialoga, que insulta, descalifica y encarcela a los que disienten.
La oposición ha tomado estos eventos como un “golpe de Estado judicial,” llenando de incertidumbre, aun más, el futuro de Venezuela donde impera la ley del miedo y los jueces, árbitros de la farsa, se burlan del pueblo
La mesa de la unidad ha creído que puede negociar y dialogar con un Presidente políticamente bipolar, que el 6D aceptó haber perdido, y horas después presentaba reacciones e impresiones inesperadas, viscerales, comparables con las de las dictaduras del siglo pasado.
La manipulación y el ventajismo que el oficialismo utilizó no bastaron a Maduro, quien había ordenado que esas “elecciones había que ganarlas”. Maduro aceptó a duras penas la derrota que pone en peligro su mandato. “Esto no se queda así, nosotros no lo vamos a permitir”, decía el gobernante 10 días después.
Estas amenazas han sido materializadas en una serie de artimañas contra reloj, para evitar que la nueva Asamblea tenga mayoría. Creando un Tribunal Supremo con magistrados afectos al chavismo, un Defensor del Pueblo comprometido y una Asamblea Comunal, que funcionara a partir del 4 de enero. Acciones clasificadas por la oposición de “fraude constitucional y judicial”.
Maduro, sin peso político y en el más puro estilo de gobierno arbitrario, fraudulento, profundiza la incertidumbre del pueblo y termina enterrando los logros de la “revolución del siglo XXI”, considerada tempranamente por ideólogos como inviable.
El mundo está más atento a Venezuela, los vientos del Sur obligan, se empiezan a cuestionar complicidades y el silencio latinoamericano. Mientras se observa un errático gobernante, en plena crisis de bipolaridad política, referirse a los resultados de la oposición como un “fraude electoral”.
Venezuela está al borde de una crisis humanitaria y se debate entre corrupción, escasez e inseguridad como resultado de un populismos que se manifiesta en la región.
Este populismo regional se caracteriza por el deterioro de las economías, control de la prensa, clima de violencia e inseguridad, politización de la criminalidad, falta de independencia de los poderes judiciales, eliminación de los derechos civiles y libertades ciudadanas, narcotráfico, secuestro institucional y -claro está- esa resistencia para dejar el poder que vienen presentando ciertos gobernantes, no queriendo aceptar que los pueblos se cansan.
Faltando horas para entregar la Asamblea el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ha introducido varios recursos de impugnación contra 10 diputados, tras no haber logrado impugnar los 22 que planeó inicialmente. El Tribunal Supremo de Justicia, cerrado por las vacaciones, abrió sus puertas para recibir dicho recursos. Que no dudamos serán aceptados, ya que el objetivo es impedir que la nueva Asamblea Nacional de mayoría calificada asuma .
La oposición ha tomado estos eventos como un “golpe de Estado judicial,” llenando de incertidumbre, aun más, el futuro de Venezuela donde impera la ley del miedo y los jueces, árbitros de la farsa, se burlan del pueblo.
Mientras la oposición se reúne para elegir el nuevo presidente de la Asamblea y llama al pueblo a colocar la bandera nacional en las casas y venir hasta la Asamblea a acompañarles, el mundo observa las artimañas del régimen para retener el poder y tratar de revertir los resultados mayoritarios de la oposición.
Este 5 de enero cuando se cumple el plazo a los chavistas para dejar la Asamblea, veremos cómo 112 nuevos diputados tratarán de asumir el mandato del pueblo, quizás rodeados, insultados, agredidos, por los grupos colectivos armados del chavismo, los cuales ya han sido llamados para que salgan a defender la “revolución”, puesta en peligro por estas elecciones democráticas, que ganó el pueblo.
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