La Comisión de la Verdad de Brasil fue creada 30 años después del fin de la dictadura y logró aclarar diversos casos de desaparecidos
El general Ernesto Geisel, expresidente de Brasil y el responsable por iniciar la apertura política del país.
El pasado 1 de abril se cumplió medio siglo del golpe de Estado que precedió dos décadas de dictadura militar en Brasil (1964-1985). Así como ocurrió en varios otros países del continente, el gigante suramericano fue el escenario de un régimen autoritario que sembró el miedo y la muerte como forma de combate a la resistencia. Las violaciones de derechos humanos estuvieron respaldadas por falsas versiones oficiales durante varios años. Una ley firmada en noviembre de 2011 creó la Comisión Nacional de la Verdad (CNV), que cuenta con el apoyo de órganos públicos y comisiones establecidas a nivel estatal, para investigar los abusos cometidos por la maquinaria represiva del Estado.
La CNV es una de las herramientas pretendidas por la “justicia transicional”, un conjunto de medidas judiciales y políticas aplicadas por varias sociedades que se han visto afectadas por dictaduras o conflictos armados. Este proceso busca “responsabilizar a los perpetradores de las violaciones de los derechos humanos, revelar la verdad y la información, reparar a las víctimas, todo en el sentido de construir lo que llamamos de ‘principio de la no repetición’, para evitar que en el futuro la sociedad y el Estado incurran los mismos errores del pasado”, explica Marlon Weichert, procurador de la Republica en el Ministerio Público Federal de Brasil (fiscalía) y uno de los impulsores de la creación de la CNV.
Lo que llama la atención en la Comisión de la Verdad brasileña, según Weichert, es que esta llegó “mucho más tarde que el normal”. En Argentina y en Chile tan pronto terminó la dictadura se construyeron las comisiones, así que estas estaban próximas a los hechos y enfocaron en “cuantificar e identificar víctimas y formas de violación de los derechos humanos”. En Brasil, la comisión fue establecida 30 años después del fin de la dictadura, así que “la propia sociedad ya había tenido el tiempo de hacer los recuentos y de identificar los perpetradores, de modo que el trabajo de la CNV no era tan desafiador en ese aspecto”.
Para el procurador, esa distancia no se debe solo a las características de la transición, que comenzó con una apertura política “lenta, gradual, e segura” (en las palabras del entonces presidente, el general Ernesto Geisel), y de la Ley de Amnistía (que garantizó la impunidad a los agentes de la dictadura así como absolvió a quienes lucharon contra ella), sino también a una fuerte implicación de la sociedad civil en el régimen. “La participación de las fuerzas empresariales, políticas, sociales en el golpe contribuyen para la dificultad de superar el legado autoritario”, explica.
La CNV, cuyo plazo expira a diciembre de este año, ha conseguido varios logros entre los que están la rectificación de los certificados de óbito del periodista Vladimir Herzog y del estudiante Alexandre Vannucchi, que fueron torturados y asesinados por agentes del régimen militar, y cuya versión oficial afirmaba que se habían suicidado; la confesión de torturas por parte de militares entre los que se destaca la deposición del coronel Paulo Malhães, que confesó que mató y ocultó cadáveres de presos políticos; y la revelación de que el diputado federal Rubens Paiva fue asesinado en un cuartel del Ejército y de que militares prendieron fuego y dispararon a su coche para simular que militantes le habían atacado y que estaba desaparecido.
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