El Partido Comunista busca dar más poder a los jueces frente a los políticos
Policías chinos tapan con carteles el acceso al tribunal donde se juzga a un profesor en Urumqi (Xinjang) en septiembre. / GOH CHAI HIN (AFP)
Un discreto hotel del oeste de Pekín se convertirá esta semana en el corazón político de la segunda potencia mundial. La élite del Partido Comunista de China se reúne a puerta herméticamente cerrada en su plenario anual, que por primera vez dedicará a la reforma del poder judicial y al Estado de derecho. Es un proyecto que el presidente Xi Jinping considera imprescindible para consolidar la legitimidad del Partido al frente del país. Y urgente, a la luz del enorme desprestigio del sector en la sociedad y el desencanto de sus profesionales. La duda es si los cambios que se anuncien permitirán un sistema más justo e independiente o si —a la luz del endurecimiento de la campaña contra las voces disidentes— se quedarán en meras formalidades.
“Veremos una abundancia de lenguaje positivo sobre reforma judicial, profesionalización judicial, opiniones positivas sobre el papel de los tribunales, la importancia del Estado de derecho y de un Gobierno sujeto a las leyes. Pero este tipo de lenguaje ya es bastante común y ya aparecía en el documento final del plenario anterior. La cuestión es a qué llevará en la práctica”, afirma Jacques de Lisle, catedrático de Derecho y director del Centro de Estudios de Asia Oriental de la Universidad de Pennsylvania (EE UU).
Para ello hay que tener en cuenta que en el lenguaje político chino, la expresión traducible como Estado de derecho (“yifazhiguo”) no significa lo mismo que en Occidente: tres poderes independientes donde en caso de conflicto es la ley quien tiene la última palabra. En China, la autoridad suprema es el Partido, que define y aplica la ley.
No cabe, por tanto, conjeturar sobre una reforma que conduzca en el futuro a un sistema judicial similar al occidental o aborde cuestiones como los derechos humanos o los procesos extrajudiciales. Más bien, se anticipan una serie de cambios encaminados precisamente a reforzar el control del Gobierno central y su legitimidad, mediante nuevas medidas que luchen contra la corrupción, por ejemplo. La esperanza es que las innovaciones introduzcan también una mayor seguridad jurídica para los ciudadanos y una mayor transparencia de los tribunales.
“Aún no se cumplen los requisitos para una reforma cuyo objetivo sea la independencia judicial”, opina el catedrático de Derecho He Weifang, de la Universidad de Pekín, que ve las reformas como meros “arreglos técnicos” y se confiesa “pesimista”. “Se quedan sin abordar”, dice, “cuestiones importantes, como la relación entre el Partido y la administración de la justicia. No se ha reflexionado lo más mínimo sobre la enorme influencia negativa que ha tenido en el desarrollo del sistema legal la época de Zhou Yongkang [el antiguo jefe de los servicios de seguridad que dotó a estas fuerzas de un enorme poder, muy superior al de los tribunales]”. Zhou está siendo investigado por corrupción y precisamente durante el plenario se podría anunciar su expulsión del Partido.
Este verano la Comisión de Reforma, que preside el propio Xi Jinping, ya adelantó una serie de líneas generales para los cambios. En julio, el Tribunal Supremo publicó un plan quinquenal de reforma de esta institución —y de los tribunales que depende de ella—, encaminado a aumentar las competencias de los jueces y a reducir el poder de las autoridades políticas locales sobre unas cortes judiciales que ven más de 11 millones de casos al año.
Los afiliados al PCCh acusados de corrupción sufren detención extrajudicial
M. VIDAL LIY
Un proceso que queda fuera del sistema judicial en China es el conocido como shuanggui, una forma de detención para miembros del Partido Comunista (PCCh) sospechosos de haber cometido “violaciones de la disciplina”, generalmente un eufemismo para casos de corrupción.
Es el procedimiento al que se sometió durante más de un año a Bo Xilai, la antigua estrella del PCCh caído en desgracia en 2012 a raíz de que su mujer asesinara a un empresario británico. Actualmente está sometido a él, aparentemente desde agosto del año pasado, su antiguo protector, Zhou Yongkang, que llegó a ser uno de los nueve dirigentes más poderosos de China.
La campaña contra la corrupción que ha emprendido el presidente chino, Xi Jinping, desde su llegada al poder, garantiza que este sistema no vaya a quedar en desuso: solamente en Pekín, el número de casos de posible corrupción entre funcionarios alcanzaba los 772 en los primeros ocho meses de este año, según el diario Nuevo Pekín.
El shuanggui , un proceso rodeado de secreto, se pone en práctica cuando la Comisión de Disciplina, el brazo de control interno del PCCh, detecta irregularidades en el comportamiento de alguno de los 85 millones de miembros del Partido. Detenido por los investigadores de la comisión, el sospechoso queda aislado en un lugar desconocido, sin contacto con abogados, amigos o familia.
Durante su detención, que puede prolongarse meses hasta que es puesto en libertad o entregado a la justicia ordinaria para que se le juzgue, el afiliado es sometido a constantes interrogatorios para que confiese. El uso de tortura no es desconocido, según organizaciones pro derechos humanos. ONG como Dui Hua, con sede en San Francisco (California, EE UU), mencionan prácticas como “privación de sueño, simulación de ahogamiento, quemaduras en la piel con cigarrillos y palizas”.
Un ingeniero sospechoso de corrupción, Yu Qiyi, murió ahogado en abril del año pasado mientras se le sometía a shuanggui. Su cuerpo mostraba lesiones externas e internas. Sus seis interrogadores fueron llevados a juicio y en septiembre de 2013 recibieron penas entre los cuatro y los 14 años de cárcel.
El abogado de la familia de Yu, Pu Zhiqiang, tenía previsto lanzar una campaña contra el shuanggui. Pero Pu, uno de los letrados más célebres en China por su defensa de casos de derechos civiles —ha sido abogado también, entre otros, del artista y disidente Ai Weiwei—, se encuentra detenido desde mayo, acusado de “crear altercados y obtener información sobre personas por medios ilegales”.
Hasta ahora, son las autoridades municipales las encargadas del nombramiento y promoción de los jueces, a los que pueden manipular así con facilidad. A menudo, el resultado de una causa ya se ha decidido en secreto antes de que comience la audiencia. Un juez tiene, en realidad, muy poco poder. La opinión del fiscal, o de la Policía, puede contar más que la suya. Ni siquiera tiene independencia para emitir la sentencia de un juicio en el que ha visto las pruebas y escuchado a los testigos: un consejo judicial tiene que dar su visto bueno al fallo.
Como resultado, la actitud de los ciudadanos hacia los tribunales es, cuando menos, de suspicacia. Los miles de peticionarios que rondan las calles de Pekín venidos de toda China con la esperanza de contar su caso a algún dirigente y que éste intervenga por encima de los jueces dan buena fe de ello.
Las reformas apuntadas por el Supremo ponen los nombramientos de los jueces en manos de las autoridades provinciales, lo que teóricamente evitaría las presiones a nivel local. También les permitirá emitir sentencias —aunque no en todos los casos; los políticamente delicados quedarán excluidos— sin contar con el consejo judicial.
Se abre también la posibilidad de crear cortes especiales para disputas sobre medioambiente —uno de los asuntos que generan más movilizaciones de protestas, de las decenas de miles que se producen en China cada año— o sobre protección de la propiedad intelectual, uno de los temas que más preocupan a los inversores extranjeros.
El presidente del Tribunal Supremo, Zhou Qiang, ha apuntado también que aumentará la transparencia “para mejorar la credibilidad pública de los tribunales” y se permitirá que los extranjeros acudan con “regularidad” a juicios que afecten a empresas foráneas. Ahora no pueden asistir sin permiso del juez
Son cambios que llegan demasiado tarde para el abogado Li, de 32 años y que sólo accede a ser identificado por el apellido. Fue juez durante dos años. Entonces apenas ingresaba 3.000 yuanes (unos 400 euros) mensuales y sufría “una sobrecarga de trabajo, un exceso de casos, mucha presión, poco reconocimiento y ningún sentido del honor”. Ahora se dedica a defender casos mercantiles y civiles en los tribunales pequineses. Aunque no quiere divulgar su salario actual, sí precisa con rotundidad que es “mucho mejor que el de los jueces”.
Li no volvería a ser juez. Pero tiene claro qué recomendaría al plenario del Partido: “Un sistema judicial más completo, que conceda más derechos y competencias a los magistrados con el fin de promover la ecuanimidad y la transparencia de la justicia al servicio del pueblo”.
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