NICIATIVA
22/10/2014 12:00 AM - RAFAEL A. DEL TORO G.
La democracia es el gobierno del pueblo, elegido por el pueblo para gobernar a favor del pueblo. Es la forma de gobierno donde mayoría y minoría conviven y se desarrollan dentro de un clima de respeto mutuo; donde gobernantes y gobernados se caracterizan por el fiel cumplimiento de las leyes y las normas preestablecidas y donde los derechos fundamentales del ser humano alcanzan su máxima expresión.
Aunque no es perfecta, la democracia es la mejor forma de gobernar y por eso todos debemos mantenerla, participando activamente en los distintos procesos democráticos, donde sin lugar a dudas, la empresa privada juega un rol preponderante, dado su carácter de ente económico y social.
Conforme lo han definido expertos en la materia, una empresa socialmente responsable es aquella que da cumplimiento a un conjunto de principios y normas basadas en valores éticos y morales, en procura de contribuir al desarrollo sostenible del entorno social, económico y medio ambiental donde realiza sus actividades.
De esta manera, una empresa socialmente responsable modela su actuación construyendo relaciones sociales responsables y sostenibles en el tiempo, basadas en una serie de directrices de acción, que se pueden agrupar en varios ejes temáticos: un primer eje que contempla la dignidad humana y el bien común; un segundo eje que promueve la inclusión social y la solidaridad; el tercer eje se centra en la promoción de la calidad de vida, la educación, el cuidado del medioambiente y el desarrollo humano, y el cuarto eje está dirigido al fortalecimiento de la institucionalidad democrática, la transparencia y la justicia.
Canales de Inversión en la democracia
En el país muchas empresas ejecutan acciones como entes socialmente responsables, mediante la creación, sostenimiento y apoyo de organizaciones no gubernamentales, entre las que se destacan Acción Empresarial por la Educación (EDUCA), en el ámbito educativo y del desarrollo humano; el Centro de Rehabilitación de Inválidos, la Fundación Dominicana de Cardiología y Sanar una Nación, en el eje de la salud y la inclusión social, la Fundación Brugal Cree en su Gente, el Plan Sierra y la Fundación Sur Futuro, en los ámbitos de la protección del medio ambiente y desarrollo humano; el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES) que promueve la elaboración de políticas públicas en el marco de la libre empresa y la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), que contribuye al desarrollo de la institucionalidad pública y privada y el fortalecimiento de la justicia, como ejes fundamentales del desarrollo económico y democrático de la nación.
Finjus y los retos para el desarrollo de la democracia
Desde 1990, la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS) ha sido parte de una nueva conciencia que ha recorrido la República Dominicana, y que ha sido responsable en gran medida del impulso de diferentes procesos sociales, jurídicos, económicos y políticos que han conformado el país en que hoy vivimos.
El reconocimiento de los avances sociales que hemos alcanzado en diferentes órdenes es uno de los puntos de coincidencia de expertos nacionales y extranjeros, aunque coexistan matices sobre cuál ha sido la magnitud del logro, la medición de su impacto y su nivel de sostenibilidad en el tiempo, lo que se refleja en la disparidad de los análisis que provienen desde sectores oficiales, en contraste con las visiones prevalecientes en ámbitos académicos, jurídicos y sociales del sector privado.
Esas disparidades se evidencian cuando en foros internacionales nos evalúan y comparan con otras economías y sociedades alrededor del mundo, resaltando nuestro estancamiento y debilidades institucionales, lo mismo que los déficits en áreas claves para impulsar el desarrollo, como la educación o la seguridad jurídica.
Cualquier observador independiente de la realidad capta las graves deficiencias en áreas sensibles como el sector salud, la carencia de viviendas, las precariedades de servicios básicos para el crecimiento económico, como el histórico déficit energético o el indetenible endeudamiento interno y externo, que lo condiciona todo, sin dejar atrás áreas importantes como la debilidad en la justicia y en el entorno institucional, solo para citar algunas.
En FINJUS tenemos una alta preocupación por las repercusiones que en el plano político-institucional tienen los problemas anteriores. Han transcurrido más de 50 años tratando de superar los rezagos autoritarios que dejó la dictadura de Trujillo, lapso en el cual se han desplegado grande esfuerzos por construir un régimen político democrático y representativo basado en un Estado de derecho y libre empresa, que reconozca el imperio de la ley, los derechos fundamentales y el debido proceso.
Como país siempre hemos mantenido la ilusión de dotarnos de poderes públicos que ejerzan sus atribuciones inspirados en el bienestar colectivo y el logro de un ambiente de amplias oportunidades para todos los sectores. Sin embargo, resultan desconcertante los vaivenes e inconsecuencias, producto de las debilidades institucionales de los poderes públicos, como se reflejan en muchas ocasiones en la trayectoria del Congreso de la República, que puede inspirarse en la elaboración de grandes piezas legislativas, al tiempo que mantiene programas asistencialistas y clientelistas ajenos a sus altas responsabilidades.
Resulta preocupante también la parálisis que corroe los sistemas de justicia y de la seguridad ciudadana, inmovilizados por la falta de recursos y de decisión o voluntad para seguir emprendiendo los cambios y reformas iniciados hace 20 años, que entorpecen el camino de la lucha contra la corrupción, el crimen organizado y la impunidad.
Y todavía más, después de tantos años todavía nos debatimos en una reforma fiscal integral que nunca llega, en una reforma eléctrica que no encuentra luz en el camino y en un tránsito y transporte vehicular donde la ley de la selva predomina.
Todo lo anterior amenaza gravemente la democracia y el futuro del país. Un país sin respeto a la ley y lleno de impunidad no es un país democrático. Esos elementos esbozan un cuadro de prioridades en la agenda nacional para el desarrollo económico, social e institucional, cuyos objetivos y procedimientos se deben basar en los principios que contiene la Constitución de 2010, y sus metas y programas, delineados en la Estrategia Nacional del Desarrollo 2030.
Un llamado a la reflexión al sector empresarial
En el proceso de consolidación del Estado democrático deben contribuir todas las instituciones sociales comprometidas con la democracia, en diálogo con los representantes electos. Especial atención a estos procesos deben prestar el sector empresarial privado, aportando recursos para la creación de iniciativas que ayuden a crear la conciencia ciudadana de que sin un sistema de justicia no podremos vencer la impunidad. Recursos para acompañar las iniciativas que promueven la educación ciudadana, para reclamar un sistema de partidos políticos moderno y comprometido con la transparencia. Recursos para ampliar los niveles de información del Estado, que sustente la exigencia a los poderes públicos de que rindan cuentas de sus acciones y de los fondos colocados en sus manos para impulsar el desarrollo nacional.
En FINJUS destacamos el rol dinamizador que el sector empresarial privado tiene en la tarea de fortalecer las instituciones democráticas, impulsando una cultura de transparencia, propiciando el cumplimiento de la ley y el debido proceso como bases de la seguridad jurídica y aportando al logro de consensos amplios y duraderos entre todos los sectores sociales, para ampliar la legitimidad de los programas y políticas públicas.
Una de esas tareas, de forma decidida, es donde deben dirigirse prioritariamente los programas de Responsabilidad Social Corporativa de nuestras empresas, para apoyar iniciativas que nos vinculen con el florecimiento de valores democráticos y los principios del buen gobierno, que fomenten el crecimiento económico, el desarrollo y la convivencia pacífica entre todos los sectores y de manera especial, que abonen la fe y la esperanza de las nuevas generaciones en el valor de la democracia y la libertad.
Aunque no es perfecta, la democracia es la mejor forma de gobernar y por eso todos debemos mantenerla, participando activamente en los distintos procesos democráticos, donde sin lugar a dudas, la empresa privada juega un rol preponderante, dado su carácter de ente económico y social.
Conforme lo han definido expertos en la materia, una empresa socialmente responsable es aquella que da cumplimiento a un conjunto de principios y normas basadas en valores éticos y morales, en procura de contribuir al desarrollo sostenible del entorno social, económico y medio ambiental donde realiza sus actividades.
De esta manera, una empresa socialmente responsable modela su actuación construyendo relaciones sociales responsables y sostenibles en el tiempo, basadas en una serie de directrices de acción, que se pueden agrupar en varios ejes temáticos: un primer eje que contempla la dignidad humana y el bien común; un segundo eje que promueve la inclusión social y la solidaridad; el tercer eje se centra en la promoción de la calidad de vida, la educación, el cuidado del medioambiente y el desarrollo humano, y el cuarto eje está dirigido al fortalecimiento de la institucionalidad democrática, la transparencia y la justicia.
Canales de Inversión en la democracia
En el país muchas empresas ejecutan acciones como entes socialmente responsables, mediante la creación, sostenimiento y apoyo de organizaciones no gubernamentales, entre las que se destacan Acción Empresarial por la Educación (EDUCA), en el ámbito educativo y del desarrollo humano; el Centro de Rehabilitación de Inválidos, la Fundación Dominicana de Cardiología y Sanar una Nación, en el eje de la salud y la inclusión social, la Fundación Brugal Cree en su Gente, el Plan Sierra y la Fundación Sur Futuro, en los ámbitos de la protección del medio ambiente y desarrollo humano; el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES) que promueve la elaboración de políticas públicas en el marco de la libre empresa y la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), que contribuye al desarrollo de la institucionalidad pública y privada y el fortalecimiento de la justicia, como ejes fundamentales del desarrollo económico y democrático de la nación.
Finjus y los retos para el desarrollo de la democracia
Desde 1990, la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS) ha sido parte de una nueva conciencia que ha recorrido la República Dominicana, y que ha sido responsable en gran medida del impulso de diferentes procesos sociales, jurídicos, económicos y políticos que han conformado el país en que hoy vivimos.
El reconocimiento de los avances sociales que hemos alcanzado en diferentes órdenes es uno de los puntos de coincidencia de expertos nacionales y extranjeros, aunque coexistan matices sobre cuál ha sido la magnitud del logro, la medición de su impacto y su nivel de sostenibilidad en el tiempo, lo que se refleja en la disparidad de los análisis que provienen desde sectores oficiales, en contraste con las visiones prevalecientes en ámbitos académicos, jurídicos y sociales del sector privado.
Esas disparidades se evidencian cuando en foros internacionales nos evalúan y comparan con otras economías y sociedades alrededor del mundo, resaltando nuestro estancamiento y debilidades institucionales, lo mismo que los déficits en áreas claves para impulsar el desarrollo, como la educación o la seguridad jurídica.
Cualquier observador independiente de la realidad capta las graves deficiencias en áreas sensibles como el sector salud, la carencia de viviendas, las precariedades de servicios básicos para el crecimiento económico, como el histórico déficit energético o el indetenible endeudamiento interno y externo, que lo condiciona todo, sin dejar atrás áreas importantes como la debilidad en la justicia y en el entorno institucional, solo para citar algunas.
En FINJUS tenemos una alta preocupación por las repercusiones que en el plano político-institucional tienen los problemas anteriores. Han transcurrido más de 50 años tratando de superar los rezagos autoritarios que dejó la dictadura de Trujillo, lapso en el cual se han desplegado grande esfuerzos por construir un régimen político democrático y representativo basado en un Estado de derecho y libre empresa, que reconozca el imperio de la ley, los derechos fundamentales y el debido proceso.
Como país siempre hemos mantenido la ilusión de dotarnos de poderes públicos que ejerzan sus atribuciones inspirados en el bienestar colectivo y el logro de un ambiente de amplias oportunidades para todos los sectores. Sin embargo, resultan desconcertante los vaivenes e inconsecuencias, producto de las debilidades institucionales de los poderes públicos, como se reflejan en muchas ocasiones en la trayectoria del Congreso de la República, que puede inspirarse en la elaboración de grandes piezas legislativas, al tiempo que mantiene programas asistencialistas y clientelistas ajenos a sus altas responsabilidades.
Resulta preocupante también la parálisis que corroe los sistemas de justicia y de la seguridad ciudadana, inmovilizados por la falta de recursos y de decisión o voluntad para seguir emprendiendo los cambios y reformas iniciados hace 20 años, que entorpecen el camino de la lucha contra la corrupción, el crimen organizado y la impunidad.
Y todavía más, después de tantos años todavía nos debatimos en una reforma fiscal integral que nunca llega, en una reforma eléctrica que no encuentra luz en el camino y en un tránsito y transporte vehicular donde la ley de la selva predomina.
Todo lo anterior amenaza gravemente la democracia y el futuro del país. Un país sin respeto a la ley y lleno de impunidad no es un país democrático. Esos elementos esbozan un cuadro de prioridades en la agenda nacional para el desarrollo económico, social e institucional, cuyos objetivos y procedimientos se deben basar en los principios que contiene la Constitución de 2010, y sus metas y programas, delineados en la Estrategia Nacional del Desarrollo 2030.
Un llamado a la reflexión al sector empresarial
En el proceso de consolidación del Estado democrático deben contribuir todas las instituciones sociales comprometidas con la democracia, en diálogo con los representantes electos. Especial atención a estos procesos deben prestar el sector empresarial privado, aportando recursos para la creación de iniciativas que ayuden a crear la conciencia ciudadana de que sin un sistema de justicia no podremos vencer la impunidad. Recursos para acompañar las iniciativas que promueven la educación ciudadana, para reclamar un sistema de partidos políticos moderno y comprometido con la transparencia. Recursos para ampliar los niveles de información del Estado, que sustente la exigencia a los poderes públicos de que rindan cuentas de sus acciones y de los fondos colocados en sus manos para impulsar el desarrollo nacional.
En FINJUS destacamos el rol dinamizador que el sector empresarial privado tiene en la tarea de fortalecer las instituciones democráticas, impulsando una cultura de transparencia, propiciando el cumplimiento de la ley y el debido proceso como bases de la seguridad jurídica y aportando al logro de consensos amplios y duraderos entre todos los sectores sociales, para ampliar la legitimidad de los programas y políticas públicas.
Una de esas tareas, de forma decidida, es donde deben dirigirse prioritariamente los programas de Responsabilidad Social Corporativa de nuestras empresas, para apoyar iniciativas que nos vinculen con el florecimiento de valores democráticos y los principios del buen gobierno, que fomenten el crecimiento económico, el desarrollo y la convivencia pacífica entre todos los sectores y de manera especial, que abonen la fe y la esperanza de las nuevas generaciones en el valor de la democracia y la libertad.
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