José del Castillo
De este modo, el mazo geopolítico gravitó en nuestra incipiente democracia, constriñéndola. Ya que a juicio de Washington éramos vulnerables “a un golpe castrista o comunista” alentado por Cuba –base de las expediciones libertarias de junio del 59. En momentos en que las FALN formadas por el MIR y el PCV trataban de derrocar a Betancourt en Venezuela. “El castrismo no es la causa de la rebelión de los humildes. El castrismo aprovecha las causas”, declaraba Bosch a la referida revista. Un enfoque contrastante con el norteamericano, en extremo temeroso al riesgo de una “segunda Cuba”, bajo la premisa de que ya con una era más que suficiente. La visión de los Muñoz Marín –cuyo equipo condujo la Alianza con Moscoso en la Era de Kennedy- fue superada por personajes como Thomas Mann, el típico “Americano Feo” de Lederer y Burdick, tejano como Johnson, que marcó con su enfoque militarista la política latinoamericana de LBJ.
La geopolítica se sintió bajo Eisenhower con las sanciones impuestas al régimen de Trujillo por la OEA en agosto de 1960, que lo aisló en el hemisferio tras el atentado a Betancourt. Al producirse el ajusticiamiento del 30 de mayo del 61, nos afectó el fracaso semanas antes de la invasión de Bahía de Cochinos del 17 de abril organizada por la CIA. En sus planes de contingencia, esta operación era parte de un esquema más amplio para derrocar el régimen cubano, el dominicano y colateralmente el haitiano, pautado por el equipo de política de exterior de JFK. Una suerte de 3 en 1, como el aceite. El revés cubano modificó los planes, aunque ya el involucramiento norteamericano y la dinámica interna del complot para liquidar a Trujillo estaban sobre ruedas. Henry Dearborn –a cargo de la embajada Americana y jefe de estación de la CIA- confesó en un panel de TV que no podía disuadir a los complotados para detener la operación, como fuera instruido por sus superiores en Washington, ejecutándose, con saldo trágico para ellos. “No pude abrirles las puertas de la embajada esa noche”, afirmó Dearborn acongojado.
La prevención de una “nueva Cuba” guiaría los pasos de la política norteamericana en la conducción de los asuntos dominicanos. De ahí el interés de garantizar estabilidad en la transición con la fórmula Ramfis-Balaguer, que en lo inmediato aseguraba unidad en las FFAA bajo el mando del hijo del tirano y continuidad constitucional con Balaguer en la presidencia. En tanto se armaba el escenario institucional para organizar elecciones libres con la formación de partidos democráticos y asociaciones (sindicales, empresariales, profesionales, estudiantiles), el regreso controlado de los exiliados –bloqueando a los fichados como “castro comunistas”-, el funcionamiento de medios de prensa independientes y el desmantelamiento de los instrumentos más odiosos de la dictadura, como el SIM y el Partido Dominicano.
Compromiso alcanzado por la administración JFK con el binomio para facilitar una transición pacífica. Incumplido por Ramfis al ejecutar el crimen de Hacienda María el 18 de noviembre del 61 y dejar montado un golpe regresivo a la cabeza Petán y Negro con el respaldo del general Tunti Sánchez. Desmontado por la acción conjunta de la amenaza de intervención norteamericana con la flota frente al Malecón, el levantamiento de Echavarría en Santiago y la entereza de Balaguer y Calvin Hill en Palacio. Origen de un nuevo binomio que daría paso en enero del 62 al Consejo de Estado presidido por Balaguer, con el consabido golpe de Echavarría dos semanas después y el contragolpe de Fernández Domínguez que repuso al Consejo, ahora encabezado por Bonnelly. Cuyo mandato básico era administrar la transición y organizar elecciones.
Las elecciones del 20 de diciembre del 62 estuvieron precedidas en octubre por la Crisis de los Misiles, el evento más traumático, desde el punto de vista de seguridad nacional, de la Guerra Fría desde 1947 a 1990. ¡Nunca antes se estuvo tan cerca de una conflagración nuclear y el territorio norteamericano amenazado, a sólo 90 millas del emplazamiento de los misiles soviéticos en Cuba. El shock provocado en el establishment norteamericano y en la opinión pública fue decisivamente negativo para el curso del proceso político dominicano. Condicionando fatalmente la suerte del experimento democrático del 63.
En lo formal, el programa de Bosch calzaba plenamente con el de la Alianza para el Progreso: cambios democráticos, reforma agraria, política de vivienda, desarrollo económico, diversificación productiva. Modernización con justicia social. Sin embargo, el curso geopolítico y la dinámica pugnaz de los actores internos frustraron esta experiencia.
Bosch ganó con un 60% de los votos frente a un 30% del conservador Unión Cívica Nacional que capitaneó la transición dominando el Consejo de Estado. Un 10% se distribuyó entre: Partido Revolucionario Social Cristiano (PRSC), 5%, con incidencia entre estudiantes y sindicatos; Partido Nacionalista Revolucionario Democrático (PNRD), 3%, del general Ramírez Alcántara que obtuvo la senaduría por San Juan; Alianza Social Demócrata (ASD), 1.7%, del Dr. Jimenes Grullón; y PRDA (0.5%), escisión del PRD. Este dominaba el Congreso y los ayuntamientos, más el Ejecutivo. Vanguardia Revolucionaria Dominicana (VRD), de Horacio Julio Ornes, apoyó al PRD, al igual que el Partido Nacional (PN), de Virgilio Vilomar, aportando cada uno 1.8% y 0.4%. Operaban también el Partido Demócrata Cristiano (PDC), encabezado por Mario Read Vittini, y el Progresista Demócrata Cristiano (PPDC), de Ramón Castillo.
La izquierda no concurrió alegando que los dos principales candidatos representaban, uno al “imperialismo”, y el otro a la “oligarquía”. Formada por la Agrupación Política 14 de Junio liderada por Tavárez Justo, con fuerza en la juventud. El Partido Socialista Popular (PSP) fundado en 1946 a imagen del PSP cubano. El Movimiento Popular Dominicano (MPD) dirigido por Máximo López Molina. Y el intelectualizado Partido Nacionalista Revolucionario (PNR) de Pérez Cabral y Dato Pagán. A lo largo de los 7 meses del gobierno, basculó entre apoyar las reformas y organizar su propia revolución.
Antes de Bosch asumir la presidencia el 27 de febrero de 1963 y en paralelo a sus primeros meses de gestión, se desarrollaron los trabajos de la Asamblea Revisora iniciados el 1ro de febrero y finalizados el 20 de abril. Cuyas líneas maestras plasmadas en la nueva Constitución promulgada el 29 de abril marcarían importantes focos de conflicto con diversos sectores, claves para garantizar la gobernabilidad. En enero, con Bosch en EEUU, El Caribe divulgó un borrador del proyecto, provocando reacciones adversas sobre el tratamiento al latifundio y al minifundio, el tema de la propiedad y las expropiaciones. Pronunciándose las asociaciones empresariales: Hacendados y Agricultores, Industrias, Cámara de Comercio, Consejo Nacional de Hombres de Empresa. Contrarias a un proyecto que Bosch consideró tímido comparado con la Constitución de Cuba de 1940, en cuyo proceso participó.
El 2 de febrero del 63, la CIA reportó que “el borrador de una nueva constitución para la República Dominicana ha causado agitación entre las clases propietarias y ha alarmado a importantes miembros del gobierno interino. La asamblea constituyente, que acordó el 25 de enero reescribir la constitución que sirvió al régimen de Trujillo, es dominada por el Partido Revolucionario Dominicano del Presidente Bosch. El borrador contiene artículos desalentadores para los inversionistas extranjeros. También consagra el derecho de los trabajadores a participar en los beneficios de las empresas, permite al Estado ‘colectivizar’ y expropiar la propiedad privada sin indemnización previa, y prohíbe a las corporaciones ser dueñas de terrenos.” De acuerdo con la CIA, el presidente Bonnelly, al igual que el general Imbert, ambos del Consejo de Estado, consideraban el borrador como una “constitución comunista”. Agregando que Imbert, “podría intentar exacerbar la situación en orden a evitar la inauguración”.
La Iglesia se manifestó sobre el tratamiento dado al Concordato que desde Trujillo regulaba sus relaciones con el Estado, al no mencionársele. Acerca del matrimonio canónico y la unión libre, así como la enseñanza en materia religiosa. Sacerdotes y obispos afirmaron que esa Constitución violentaba “las leyes de Dios y de la Iglesia”. Abriéndose un serio foco de conflicto, con pronunciamientos y movilización de colegiales católicos hacia el recinto del Congreso. En una profundización del choque entre el clero y Bosch, secuela de la acusación de filo comunista que antes se le hiciese, que condujo al dramático debate televisivo con el jesuita Láutico García a pocas horas de los comicios. Era evidente que la Iglesia Católica no se sentía representada por la nueva Constitución, a cuya promulgación no acudió.
Así, la hoy celebrada Constitución del 63, antes de que Bosch asumiera el 27 de febrero, ya le traía dolores de cabeza a su presidencia
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