Raro que saliera este informe de Funglode en estos momentos.
PANKY CORCINOJUSTICIA
SANTO DOMINGO (Rep. Dominicana).– En los últimos 14 años se conocieron 25 casos en los que legisladores se vieron envueltos en escándalos públicos y en 17 de esos procesos se retiró la inmunidad parlamentaria a los congresistas, explica la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) en un informe difundido este jueves.
El análisis del Observatorio Político Dominicano (OPD), un órgano de la fundación privada del expresidente Leonel Fernández y actual presidente del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), señala que la inmunidad parlamentaria “pudiera parecer como una garantía personal que le proporciona al legislador la oportunidad de evitar ser sometido a la justicia”.
La Funglode difunde el informe en momentos en que contra el senador del oficialista PLD Félix Bautista, secretario de Organización del PLD y considerado uno de los hombres más cercanos del entorno político del expresidente Fernández, pesa una acusación por “hechos graves de corrupción” y lavado de activos que obliga a la Procuraduría General a llevar el caso ante la Suprema Corte de Justicia por la inmunidad parlamentaria de que goza el legislador.
El estudio “La inmunidad parlamentaria en Latinoamérica y República Dominicana”, de la autoría de Flor Batista Polo, investigadora de la Unidad de Poder Legislativo del OPD, precisa que “la inmunidad parlamentaria solo puede ser justificada cuando se usa como una herramienta del Congreso para mantener el derecho constitucional y la democracia”.
Batista Polo sostuvo que la inmunidad parlamentaria en sistemas democráticos solo debe detener el proceso judicial contra el imputado hasta que el Congreso determine si detrás de la acusación existe alguna intención política de perjudicar o retrasar el cumplimiento de las funciones legislativas.
“Resulta evidente que la necesidad de que el régimen de inmunidades permanezca para lograr el normal funcionamiento del órgano legislativo surge en países donde a diario se viven intensos conflictos entre los partidos políticos”, dice Batista Polo. “En ese sentido, es donde se justifica la utilidad y permanencia de esta figura constitucional en el continente”, advierte.
El análisis concluye ponderando que en República Dominicana es importante “especificar los límites de la inmunidad”. Propone, además, que se cree una comisión especial competente para hacer frente a los casos cuando sea necesario, “para evitar el aumento de la crisis de la representatividad por la que atraviesan algunos países latinoamericanos”.
Resalta que “el motivo principal por el que surge el régimen de inmunidades es la lucha de poder entre los órganos del Estado”, explicó la Funglode en un comunicado. No obstante, señala que “la utilidad de la inmunidad parlamentaria solo puede ser justificada como una herramienta al servicio de la independencia funcional de los órganos legislativos”.
Alega que el análisis tiene como objetivo describir cuál régimen constitucional regula la inmunidad parlamentaria en República Dominicana, a través de una mirada general a países de Latinoamérica, así como su utilidad en un Estado social y democrático de derecho.
Batista Polo apunta en su estudio que en 2005 se celebró en Lima, Perú, una conferencia sobre regímenes de inmunidades, en la cual se consideró “necesaria y urgente la creación de una propuesta de Ley de Marco Regional en materia de inmunidades”.
Explica que en esta propuesta sugirieron un conjunto de acciones y movilizaciones para regular o quitar esta figura en el ámbito parlamentario que “se veía como injustificada en muchos países de América Latina”.
Agrega que después de las observaciones realizadas se redactaron proyectos de leyes que eliminaron esta figura y también pasó de ser “funcional” a ser “constitucional” en 17 países del continente americano.
En cuanto al tema en República Dominicana, el análisis apunta que a pesar de los debates sobre el tema, la figura se ha mantenido como en otros países.
Los congresistas envueltos en escándalos
La lista presentada por la Funglode recoge los nombres de legisladores procesados por instancias judiciales o denunciados en medios informativos. Incluye a Félix Bautista denunciado por corrupción, aunque en el año 2012. También, al legislador Juan Heriberto Medrano Bassora, denunciado en 2000 por violación a la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento, la Constitución y el Código Penal.
Además, a Rafael Antonio Luna (2002) por violación al Código del Menor;Rafael Reynoso Castro (2002) imputado de “delitos de golpes, heridas y vías de hecho voluntarios, discriminación en razón de sus opiniones y sexto e injuria”.
El legislador José Augusto Izquierdo (2002) se vio envuelto en un escándalo de violación a la Ley 3143, sobre Trabajo Realizado y no Pagado, y Radhamés Castro García (2003) en el tráfico de unos ciudadanos chinos por la frontera con Haití.
En 2003 José Leonel Cabrera Abud se vio envuelto en un escándalo por violación a varios artículos del Código Penal que castigan la complicidad y la estafa. En 2007 Tulio Jiménez estuvo involucrado en un escándalo por violación a la propiedad privada.
Unos de los casos más escandalosos se originó en 2007 con el senador del PLD Heinz Siegfried Vieluf Cabrera por violación al Código del Menor. En 2009 Ruddy González también se vio envuelto en un escándalo relacionado con los delitos contenidos en esa legislación.
En 2009 Julio Romero estuvo involucrado en un escándalo por violencia contra la mujer. En 2001 Orlando Espinosa y Levin Guerrero fueron cuestionados por violación a la ley de pensión alimentaria.
En 2012 a Ramón Fernández Martínez se le vinculó al delito de violación al artículo 355 del Código Penal. Ese mismo año a Aquiles Ledesma, José Isidro Rosario y Víctor Gómez Casanova se les involucró en violación al artículo 337 del Código Penal (atentado a la vida privada de la persona).
A Juan Hubieres se le atribuyó la invasión de terrenos en 2012; a Cristian Encarnación (2013), tentativa de homicidio, ocupación ilegal de tierra y desorden en instancias del Partido Revolucionario Dominicano (PRD); a María Amparo de Dios Morales (2013), por violación a la Ley 2859 (sobre cheques), y a Eugenio Cedeño Areche (2013) por desorden en el PRD.
Este año el informe de la Funglode recoge los nombres de Teodoro Ursino Reyes, envuelto en un escándalo de estafa, abuso de confianza y robo; Héctor Darío Félix Félix, en violación al artículo 408 del Código Penal y Demóstenes Martínez por falsificación de escritura pública.
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