Los partidos políticos, que quieren hacer lo que les da la gana, incluyendo anular la Constitución, pretenden alegar su propia falta, y han convencido a un tribunal para que acoja su deseo de no aplicar la Constitución a las elecciones.
El acápite 1 del artículo 81 de la Constitución establece que los diputados serán elegidos “en proporción a la densidad poblacional, sin que en ningún caso sean menos de dos... por cada provincia”.
Lo que está claro no hay que interpretarlo, y para las elecciones del 2016 los partidos han tenido seis años para prepararse. No pueden alegar su propia torpeza o ignorancia de una ley que elaboraron sus representantes, y que se discutió en todos los ámbitos nacionales.
¿Que ahora no les convenga? Se les pasó cuando cambiaron la Constitución, y ahora pretenden lograr que los poderes públicos se acomoden a su intención de violar todo el ordenamiento legal porque les conviene.
El Tribunal Constitucional debe frenar este impúdico intento de torcer la ley y hacer inconstitucionales las elecciones.
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